El Congreso de Ecuador destituyó este martes a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al considerar que incumplió sus funciones durante las violentas protestas de 2019, consideras por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado.
Con 104 votos de 134 diputados presentes en un juicio desarrollado de manera virtual, la asamblea nacional resolvió "censurar y destituir a la Ministra de Gobierno y notificar a todas las funciones del Estado para que inicien las investigaciones en el ámbito de sus competencias", señaló el Legislativo en su cuenta de Twitter.
Romo fue señalada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas para dispersar manifestantes y atacar centros de acogida humanitaria donde se resguardaban indígenas que se oponían al alza del precio de los combustibles decretado por el gobierno de Lenín Moreno y que luego fue derogado.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las protestas de octubre de 2019 dejaron 14 fallecidos y más de 1.300 heridos.
"No comparto pero acataré la decisión de la asamblea", expresó Moreno en una cadena nacional.
El mandatario agregó que "con la salida de la ministra, el gobierno pierde a una valiosa funcionaria" y "el país pierde el servicio de una ciudadana valiente y comprometida".
Moreno, quien tildó de "intento de golpe de Estado" las protestas, también expresó su apoyo a la policía y consideró que su accionar fue "prudente" durante las protestas que se desarrollaron entre el 3 y 13 de octubre.
"La policía nacional tiene todo nuestro respaldo por su actuación en los hechos de octubre por hacer el uso legítimo de la fuerza", dijo.
"Responsabilidad política"
El gobernante nombró como nuevo ministro de Gobierno al viceministro del Interior, el general de policía Patricio Pazmiño.
Tras su destitución, Romo agradeció el apoyo del presidente.
"Gracias al Gobierno del presidente @Lenin por su confianza y a quienes han acompañado estos 26 meses de gestión. Gracias a la @PoliciaEcuador por su labor y compromiso. Deseo éxitos al nuevo ministro", escribió Romo en Twitter.
En su defensa, Romo respaldó la actuación de la policía durante las protestas, aunque destacó que ella no estuvo al frente de las decisiones operativas.
"No hay relación entre la responsabilidad política y la responsabilidad operativa. La mía es la responsabilidad política", expresó.
Sin embargo, agregó: "Respaldo y defiendo todas las decisiones operativas que se tomaron" para contener las manifestaciones.
En referencia al uso de bombas lacrimógenas caducadas, Romo señaló que al estar fuera de su vida útil "pierden efectividad, pierden toxicidad".
Sobre la acusación de que se lanzaron bombas lacrimógenas contra dos universidades que funcionaban como centros de acogida, la ministra comentó que fue de "manera accidental".
"Ni se bombardearon centros de paz, ni se atacaron centros de paz y la policía nunca entró a ninguna universidad", explicó.
Unos 25 asambleístas de diferentes partidos participaron en el juicio contra Romo para cuestionar su gestión.
