El Congreso de Bolivia aprobó este viernes una amnistía para un millar de civiles procesados por hechos de violencia en el marco de la convulsión ligada a la renuncia del entonces mandatario izquierdista Evo Morales en 2019.
La norma, aprobada con los votos del Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido de Morales y del actual presidente, Luis Arce, que controla el Congreso-, libera de responsabilidad penal a quienes habían sido llevados ante la justicia por el anterior gobierno derechista de Jeanine Áñez.
Los beneficiaros son las "personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno de facto [como tilda el MAS a la administración de Áñez], en franca vulneración de los derechos constitucionales", afirma la ley, que nació de una iniciativa de Arce.
La amnistía cubre a todos los civiles procesados "dentro de la crisis política institucional del Estado, acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020".
Los militares y policías inculpados recientemente por estos hechos no están, sin embargo, cubiertos por la amnistía. Este es el caso de dos generales de las Fuerzas Armadas.
Áñez asumió como presidenta en noviembre de 2019 en sustitución de Morales, quien dimitió en medio de una fuerte convulsión social tras 14 años en el poder. Una serie de protestas se registraron en todo el país por un supuesto fraude electoral a su favor en las elecciones de octubre de ese año.
La norma, que señala que será la justicia la que deba definir a quién cubre la amnistía, fue aprobada en una tormentosa sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores, en la que los opositores gritaron "¡dictadores! ¡democracia sí, dictadura no!", mientras los oficialistas respondían "¡asesinos, asesinos!".
El MAS cuenta con 96 legisladores y la oposición con 70.
El exmandatario centrista Carlos Mesa expresó en Twitter que se aprobó esta ley "para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de DDHH [derechos humanos] cometidos por correligionarios [del MAS] tras el fraude de 2019".
Los conflictos de 2019 dejaron unos 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre manifestantes favorables al MAS y militares y policías bajo el gobierno de Áñez.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA investiga esos hechos.
