El Congreso de Argentina aprobó una ley de emergencia alimentaria que permitirá destinar más recursos a los planes sociales, en momentos en que el país atraviesa por una grave crisis económica con más de un tercio de la población en la pobreza.
La ley obtuvo este miércoles el voto unánime del Senado, luego de que la semana pasada fuese aprobada por la Cámara de Diputados en medio de manifestaciones de los movimientos sociales.
"Si en la Argentina, que produce alimentos para más de 40 millones de personas, tenemos que salir a votar una ley de emergencia alimentaria, está a las claras que la crisis social es muy, muy grande", dijo Omar Giuliani, quien manifestó este miércoles a las puertas del Congreso.
La ley contempla un aumento de 50% en las partidas de ayuda y asistencia alimentaria, equivalente a unos 8.000 millones de pesos argentinos (135 millones de dólares).
La emergencia alimentaria rige en Argentina desde 2002, cuando el país atravesó por su peor crisis, y debe ser renovada periódicamente.
El actual proyecto de ley prorroga la emergencia hasta diciembre de 2022.
"El rostro de la pobreza nos interpela a todos", declaró el senador oficialista Luis Naidenoff, al señalar que también los gobiernos provinciales y locales son responsables en la atención a la crisis.
Argentina, que lleva adelante un severo programa de ajuste fiscal en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se encuentra en recesión desde 2018, con aumento de la pobreza (32% en 2018) y del desempleo (10,1% primer trimestre de 2019).
Según la FAO, Venezuela, Guatemala y Argentina fueron los países de América Latina en los que más aumentó el hambre durante 2018.
"Evidentemente, la ley es un paliativo. La única solución es que el país crezca", sostuvo Carlos Caserio, senador del opositor Partido Justicialista (peronista).
La crisis económica se agudizó en agosto, luego de las primarias en las que el mandatario liberal Mauricio Macri sufrió un fuerte revés frente al peronista de centro-izquierda Alberto Fernández, erigido en favorito para las presidenciales del 27 de octubre.
En las últimas semanas, Macri decretó la eliminación del impuesto a las ventas de algunos alimentos básicos y también el pago de bonos salariales, en un intento por aliviar el peso de la inflación que se proyecta en 55% para este año.
