El Senado colombiano aprobó este miércoles con algunas modificaciones la ley que establece la forma de funcionamiento y el alcance del tribunal especial de paz, que fue creado por el acuerdo de paz que puso fin del conflicto con la exguerrilla de las FARC. La ley era necesaria para que los magistrados de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puedan empezar sus tareas, pues de momento estaban trabajando con un código propio.
La ley permitirá establecer las competencias para que no tropiece con decisiones que deben ser asumidas por otros tribunales existentes en el sistema de Justicia colombiano. La JEP fue creada para que quienes hayan participado en el conflicto -tanto civiles, como militares y ex combatientes- sean investigados y juzgados, al tiempo que busca crear memoria histórica tras una guerra de más de cinco décadas.
En las últimas semanas se vivió un fuerte pulso entre el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante de Iván Duque, quien venía proponiendo modificaciones sustanciales al texto avalado este miércoles en la plenaria.
Al terminar la sesión, el partido de derecha radical Centro Democrático (CD), al que pertenece Duque, logró hacer dos modificaciones importantes a la ley, por lo que los textos deberán pasar a conciliación con la cámara baja esta misma semana, tras lo que deberá ser sancionada por el todavía presidente Juan Manuel Santos.
Dos modificaciones importantes
El acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno de Santos y las FARC en noviembre de 2016, indica que el ex combatiente que vuelva a delinquir después del pacto -es decir de diciembre de 2016 en adelante- se deberá someter a la justicia regular, por lo que puede ser extraditado. Sobre este punto se realizó la primera modificación a la ley, pues la JEP solamente podrá decretar pruebas sobre extradición según pedido de la Corte Suprema de Justicia y no por voluntad propia, como figuraba anteriormente en el texto.
La decisión tiene especial relevancia por el caso del líder del ahora partido político FARC Jesús Santrich, seudónimo de Seuxis Pauxias Hernández, cuya extradición fue solicitada por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.
Los magistrados no podrán aplicar un acervo probatorio mínimo y solo tendrán que definir con base a los hechos si la conducta cometida por un excombatiente pedido en extradición fue anterior o posterior a la firma del acuerdo de paz. "En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de sobre quien fuere solicitado en extradición", explicó la senadora derechista Paloma Valencia.
La segunda modificación congela los procesos que conciernen a la fuerza pública hasta que el Congreso cree una sala especial dentro de la JEP, con nuevos magistrados que garanticen un juzgamiento distinto al de los excombatientes. Este punto es uno de los más criticados por sectores políticos, pues algunos dicen que es una jugada del expresidente Álvaro Uribe, líder del CD, para evitar ser relacionado con las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar durante su Gobierno (2002-2010).
Rechazo de la izquierda a las modificaciones
"Uribe no quiere que los militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad vayan a la justicia especial para mejorar su situación jurídica porque tendrían que decir la verdad", dijo el izquierdista Gustavo Petro, quien tras resultar derrotado en los comicios presidenciales se declaró abiertamente opositor al que será el Gobierno de Duque.
Por su parte, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, mostró su rechazo a las modificaciones hechas por el Senado, al tiempo que pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie frente al tema. "Las versiones del Art. 53 de ley procesal aprobadas hoy por el Senado son contrarias a la Constitución y el Acuerdo Final; son garantía de extradición sin pruebas y buscan hacer trizas la paz", indicó Londoño en su cuenta de Twitter.
El presidente Santos, que en las redes sociales celebraba que hoy se cumple "un año sin armas", también puso en duda la constitucionalidad de las modificaciones, pero celebró que el texto fuera votado por el Senado. "Esos artículos tienen una seria duda constitucional, pero yo me manifestaré luego de que la conciliación (del texto) se haya finiquitado", indicó el mandatario.
