Colombia: Justicia de Paz ordena capturar a exjefes de las FARC
Colombia: Justicia de Paz ordena capturar a exjefes de las FARC
La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó este jueves la captura de los cinco disidentes de las FARC que anunciaron una nueva rebelión armada, tras separarse del histórico pacto que pretende poner fin a medio siglo de conflicto, entre ellos el exjefe negociador de paz en La Habana, "Iván Márquez”, y "Jesús Santrich”.
"La Sala ordenó revocar el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y de las libertades condicionales” a los excomandantes rebeldes que comparecían ante los tribunales de paz por casos de secuestro y "que anuncian su rearme”, indicó la entidad por medio de un comunicado, aunque no decretó la expulsión de estos exguerrilleros de esa jurisdicción.
La decisión alcanza también a Henry Castellanos Garzón, alias "El Paisa”; José Vicente Lesmes, alias "Walter Mendoza”; y José Manuel Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever”. La suspensión de las órdenes de captura en contra de los rebeldes es uno de los beneficios del Acuerdo de Paz de 2016, que desarmó a unos 7.000 combatientes y transformó en partido a la que fue la guerrilla más poderosa de América.
Grueso en la legalidad
En la determinación contra Santrich, la JEP "se une” a la orden de captura expedida el pasado 9 de julio por la Corte Suprema de Justicia, que pidió a la Interpol emitir una circular roja para su detención luego de no presentarse a una indagatoria en un proceso de narcotráfico. Por ese caso, el exlíder de las FARC es pedido en extradición por EE.UU., que lo acusa de narcotráfico, delito que habría sido cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz.
"La Sala reitera que este proceso del incidente se acelerará y además avanzará en la identificación de los otros comparecientes que teniendo beneficios hayan aparecido en este video", agregó el texto de la JEP. Si bien el grueso de los excombatientes de las FARC se mantiene en la legalidad, la disidencia cuenta con 2.300 hombres y mujeres que se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
