AFP
Medio siglo de sangrienta lucha en Colombia quedó a un plebiscito de concluir.
La guerrilla de las FARC y el gobierno suscribieron un acuerdo definitivo de paz para comenzar a extinguir el último conflicto armado en América, que ahora deberá ser sometido a votación el 2 de octubre.
Durante casi cuatro años de diálogos en Cuba, las partes se pusieron de acuerdo en seis grandes asuntos para terminar con un enfrentamiento que deja 260.000 muertos, unos siete millones de desplazados y 45.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
Además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los agentes del Estado, en el conflicto han participado grupos paramilitares de ultraderecha y organizaciones guerrilleras más pequeñas, todavía vigentes.
De complejo contenido jurídico y técnico - y no exento de variadas interpretaciones-, el pacto de La Habana prevé en esencia que las FARC se desarmen y se conviertan en un partido político, lo que solo comenzará a concretarse con la aprobación del plebiscito.
El texto integral será publicado el jueves. Con Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes, además del apoyo de Estados Unidos, el papa Francisco y Naciones Unidas, el acuerdo de paz contiene los siguientes compromisos:
Fin de la guerra
Activo desde 1964, el conflicto con las FARC está prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron unilateralmente sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después.
El alto al fuego bilateral y definitivo empezará a regir una vez entre en vigor el acuerdo de paz. Entonces, las FARC entregarán la lista completa de sus miembros (el gobierno estima que son unos 7.000 combatientes), se concentrarán temporalmente en 23 zonas y ocho campamentos de Colombia, y dejarán las armas en un plazo de seis meses.
Todo esto se hará bajo verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la ONU. Los fusiles serán fundidos y se levantarán tres monumentos.
Víctimas
Las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de que jamás volverán a sufrir violencia.
El esquema prevé la creación de tribunales especiales con un total de 48 magistrados - 10 de ellos extranjeros - que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves como secuestro, violaciones sexuales, desplazamiento, reclutamiento de menores, entre otros.
Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario pagarán condenas de ocho a 20 años.
Al final será la corte especial la que determinará la pena alternativa y la reparación, que en el caso de las FARC no está claro si lo harán con recursos propios.
Sin embargo, se espera que la mayoría de guerrilleros sean amnistiados.
Narcotráfico
A partir de los años 80, el narcotráfico alimenta y agrava el conflicto con los rebeldes.
Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos acordaron un plan para la sustitución de narcocultivos en las zonas de influencia guerrillera, mientras la organización comunista se comprometió a desvincularse del negocio.
Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que acepten la sustitución voluntaria. El consumo de drogas será tratado como problema de salud pública.
Política sin armas
Las FARC pasarán a ser una fuerza política, para lo cual recibirán garantías legales y de seguridad para competir en elecciones.
El compromiso del gobierno es asegurarles algunos escaños en el Congreso (268 legisladores) por dos períodos si no logran los votos suficientes. También habrá circunscripciones especiales de paz en zonas castigadas por el conflicto donde serán elegidos representantes de movimientos no tradicionales, lo que se supone ampliará el espectro democrático.
Las FARC contarán con condiciones de seguridad para evitar que sus cuadros sean asesinados, como ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 con el asesinato en masa de dirigentes, militantes y simpatizantes de izquierda de la Unión Patriótica, un partido que surgió del fallido proceso de paz de 1984.
Atención del campo
Históricamente, las FARC justificaron su lucha en la defensa de los campesinos pobres y víctimas de la violencia estatal.
El gobierno se comprometió a dar mayor acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos las zonas rurales azotadas por la violencia. Este punto demanda millonarias inversiones a largo plazo.
Plebiscito
El acuerdo de La Habana deberá ser sometido a un plebiscito. Para su aprobación se requiere al menos de 4,4 millones de votos por el Sí y que esa opción no sea superada por el No.
Solo entonces el Congreso podrá aprobar las leyes y reformas necesarias para los pactos, cuya implementación tardará en principio hasta 2018. Si se impone el No, el acuerdo tal como fue negociado no podrá ser llevado a la práctica.
