La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este viernes la presión a México para cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, mientras familiares de las víctimas acusaron al gobierno de ofrecer "puras mentiras".
Más de dos años después de ser atacados por policías ligados al narcotráfico, se desconoce el paradero, vivos o muertos, de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa y ninguna persona ha sido condenada por su desaparición.
La historia de los 43 estudiantes secuestrados y asesinados en México
"Un Estado que ha mostrado la capacidad de accionar mecanismos de investigación, inteligencia y tecnología para aprehender al 'Chapo' Guzmán, es un Estado que puede ubicar los nombres de los asesinos", afirmó.
Luego de una segunda y espectacular fuga de una prisión federal en julio 2015, El Chapo, que fue durante muchos años el narcotraficante más temido del planeta, fue capturado seis meses después en medio de una cacería multitudinaria.
A su vez la relatora de la CIDH para México, Esmeralda de Troitiño, urgió al gobierno mexicano a no descartar el uso de cualquier tecnología disponible en la búsqueda de los estudiantes.
"Me parece importante por lo avanzado de esa tecnología (...) que nos permitiera la ubicación de las víctimas", apuntó durante una audiencia.
Las palabras de los comisionados mostraban la impaciencia de la Comisión por la investigación sobre el destino de los normalistas, un caso que concentra aún la indignación generalizada en México, ya devastado por asesinatos y desapariciones producto del combate al narcotráfico.
"Ayotzinapa es un caso simbólico", dijo Vannuchi.
Para el comisionado, México puede llegar a una conclusión definitiva del caso antes de septiembre próximo, cuando se cumplirían tres años de la desaparición de los jóvenes.
La CIDH debe obtener nueva información sobre el caso cuando visite México el 20 de abril en el marco del mecanismo de seguimiento a la investigación creado en julio pasado.
Pero los representantes del gobierno mexicano se mostraron reticentes a establecer plazos, rechazando la comparación con 'El Chapo' y explicando que con un centenar de sospechosos detenidos y la búsqueda de los jóvenes - presuntamente asesinados y enterrados en fosas-, este caso es mucho más complejo.
La audiencia, en la sede de la CIDH en Washington, se desarrolló bajo un clima de tensión entre la representación del gobierno mexicano y activistas y familiares de las víctimas, y en ocasiones los comisionados parecían perder control de la sesión.
El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Roberto Campa, afirmó que "no se ha consolidado otra hipótesis" distinta a la "verdad histórica", según la cual los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en la basurero de Cocula, una versión rechazada por el grupo de expertos independientes GIEI apuntado por la CIDH y los familiares.
El activista Mario Patrón lo interrumpió, acusando al gobierno de rechazar al GIEI, que fue sustituido el pasado julio por el mecanismo de seguimiento.
"Fue el Estado", acusaron en gritos los simpatizantes de las víctimas, sentados en el público con pancartas y fotos de los desaparecidos.
Frente a frente de los representantes gubernamentales, algunas mujeres narraron una historia personal de desesperanza sin certezas, más de dos años después, sobre el paradero de sus hijos.
"Ellos no han hecho nada para encontrar a nuestros hijos", dijo Joaquina García, denunciando al gobierno de ofrecer "puras mentiras" sobre la investigación.
Sobrecogida por el momento, Cristina Bautista Salvador declaró entre lágrimas: "A 30 meses no sabemos nada de nuestros hijos".
