China estudia una reforma de la normativa sobre la donación de órganos para atraer nuevos donantes, ya que el país enfrenta una escasez desde la prohibición en 2015 de extraerlos de prisioneros condenados a muerte y ejecutados.
El proyecto de ley publicado por el Ministerio de Salud, y sujeto a la opinión pública hasta finales de julio, prevé en particular la posibilidad de donar órganos de familiares fallecidos.
También hace que sea ilegal extraer órganos de menores, para combatir el secuestro de niños con este fin.
Se espera que la ley ponga fin a la escasez desde que cesó la controvertida práctica de la sustracción de órganos de personas ejecutadas luego de una sentencia de muerte.
La principal dificultad está en los hábitos locales, porque la tradición china determina que una persona muerta sea enterrada sin mutilación, y muy pocos son los chinos que aceptan la extracción de órganos.
"El (proyecto) de ley no introduce la idea del consentimiento implícito, donde se presume que cualquier persona, a menos que se indique lo contrario, da su consentimiento para la extracción de sus órganos", dijo Wang Bing, un abogado con sede en Pekín especializado en asuntos médicos.
"Sin embargo, esta sería la única forma de luchar contra el tabú" en torno a la integridad del cuerpo, dijo.
El proyecto de ley publicado el miércoles prevé sanciones para las personas e instituciones involucradas en el tráfico de órganos: las multas pueden ascender a diez veces las ganancias obtenidas y los médicos pueden ser suspendidos.
"Ya existen sentencias, pero los hospitales continúan (...) realizando una gran cantidad de trasplantes sin que se sepa de dónde provienen los órganos", dijo Matthew Robertson, investigador de la Universidad Nacional de Australia y especialista errores médicos en China.
El país asiático incluso ha practicado una "falsificación sistemática" de datos sobre donación de órganos, según un estudio publicado en noviembre en la revista BMC Medical Ethics que cubrió el período 2010-2016.
Sin embargo, el número de donantes voluntarios fallecidos ha aumentado en una década en China, ya que pasó de 34 en 2010 a 6.316 en 2018, según el organismo gubernamental responsable de la asignación de órganos.
China es acusada regularmente por miembros de la secta prohibida Falun Gong en el país asiático de llevar a cabo la sustracción forzada de órganos de sus seguidores encarcelados, aunque el gobierno siempre ha negado firmemente estas acusaciones.
