Catequistas y otros delegados de la Iglesia católica están huyendo de Nicaragua a causa de la persecución del Gobierno, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, informó este domingo el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes.
"Desgraciadamente algunos catequistas, algunos delegados de la palabra, ministros de la comunión, que han tenido que salir del país", dijo Brenes, a periodistas.
La Iglesia católica ha sido atacada de diversas maneras, tanto por Ortega como por sus seguidores, quienes incluso han agredido y causado heridas físicas al clero, desde que el Episcopado recomendó adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021, para superar la crisis. "Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas", explicó Ortega el 19 de julio, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución de Nicaragua.
A fines de julio pasado el cardenal nicaragüense ya había advertido que la Iglesia estaba sufriendo persecución por abrir las puertas de sus parroquias para que los heridos fueran atendidos, o porque los sacerdotes caminaban literalmente entre las balas para impedir la muerte de civiles en ataques de policías y parapolicías.
Solidaridad costarricense
El principal destino de los católicos nicaragüenses es Costa Rica, por lo que Brenes dijo haber estado en contacto con el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, para que les brinde su apoyo. "Él me decía que cuando sepa que (llegue) un ministro de la palabra, que se identifique con el párroco, para que lo integren en la parroquia, es un gesto muy hermoso de monseñor Quirós", afirmó el cardenal nicaragüense.
La solidaridad incluye a Ciudad Quesada, donde la diócesis local "ha creado algunos centros de refugio, clínicas, por si llega un nicaragüense enfermo, en las diócesis fronterizas, igual", resaltó Brenes.
La religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,5 por ciento de una población de 6,3 millones de habitantes.
Nicaragua atraviesa una crisis que ha cobrado al menos 317 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien algunas ONG elevan esta cifra a 448. Managua, sin embargo, solo reconoce 198 víctimas mortales. Se trata, por tanto, de la crisis más sangrienta desde la década de los años de 1980.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
