AFP
Cataluña se despertó este sábado bajo tutela del gobierno central español, que destituyó a su gobierno y convocó elecciones para diciembre en respuesta a la declaración de independencia de su Parlamento, una acción sin ningún reconocimiento internacional.
Toda las miradas el fin de semana estarán pendientes del presidente catalán, el separatista Carles Puigdemont, y su gobierno para ver si acatan las disposiciones del gobierno central, y de las calles catalanas, ante posibles actos de resistencia de activistas independentistas.
Buscando atajar la peor crisis de las últimas décadas en España, el gobierno de Mariano Rajoy anunció la tarde del viernes una batería de drásticas medidas, para asumir desde Madrid las funciones del autogobierno de Cataluña.
Apenas unas horas antes, la mayoría secesionista en el Parlamento catalán había declarado la independencia -con la ausencia de gran parte de la oposición- de esta región de 7,5 millones de habitantes, recibida con júbilo por miles de manifestantes en la capital catalana y otras partes de la región.
Sin reaccionar a su destitución, Puigdemont se mantuvo reunido por horas hasta la noche del viernes con su Ejecutivo en el palacio de la Generalitat a un costado de la plaza Sant Jaume en el centro de Barcelona, donde miles de personas celebraron el nacimiento de la "República" catalana en medio de fuegos artificiales.
"Somos un país libre, hasta la próxima invasión", dijo a AFP María Pla Altimira, una jubilada de 65 años. "Resistencia civil? ¡Claro!", afirmó.
Manifestación por la unidad
Esta sábado, está convocada una manifestación por la unidad de España en Madrid, donde la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene previsto reunirse con los secretarios de Estado que deben asumir las funciones de las autoridades catalanas cesadas.
Rajoy justificó sus medidas alegando que buscaba "evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y de agresión a nuestra Constitución".
Aparte de cesar a Puigdemont y su Ejecutivo, Rajoy disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre en Cataluña, uno de los motores del país, con un 16% de la población y cerca del 20% del PIB español.
De su lado, la fiscalía española anunció una querella contra Puigdemont por presunta rebelión, pasible de hasta 30 años de prisión.
Para los comicios adelantados, los sondeos apuntan a un resultado similar al de los comicios regionales de 2015, que dieron mayoría absoluta a los partidos separatistas.
Y el partido de extrema izquierda e independentista CUP, aliado de Puigdemont, ya advirtió la noche del viernes en un mensaje en Twitter: "No nos someteremos ni al autoritarismo de Rajoy ni al 155. #BienvenidaRepública".
La CUP se refirió así al artículo 155 de la Constitución española, nunca antes utilizado, al amparo del cual el gobierno aplicó las medidas, luego de haber recibido el viernes la autorización del Senado.
Pero la aplicación de esa herramienta constitucional no está exenta de dificultades, porque implica gestionar a más de 200.000 funcionarios regionales y municipales en Cataluña, sin contar con eventuales resistencias en esta región orgullosa del autogobierno regional recuperado tras la muerte del dictador Francisco Franco (1939-1975).
"Vienen horas en que a todos nos va a tocar mantener el pulso de este país", con "calma y dignidad" declaró Puigdemont ante los diputados, alcaldes y público congregados en el Parlamento, luego de la declaratoria de secesión.
Rechazo internacional
Los catalanes se muestran profundamente divididos con respecto a la independencia.
La actual fiebre secesionista comenzó a subir en 2010, en plena recesión económica en España, y alimentada por las históricas reivindicaciones de más autogobierno del nacionalismo catalán.
El sueño de una República de todas maneras es añejo en esta región con lengua propia: en 1934 el entonces presidente Lluís Companys anunció una "República catalana", pero de efímera duración.
Internacionalmente, la declaración de independencia en Cataluña fue recibida con rechazo.
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Portugal apoyaron sin fisuras al gobierno español, mientras Estados Unidos dijo tajantemente que consideraba a Cataluña "parte integral de España".
"Para la UE, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor", tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
El gobierno catalán había hecho esfuerzos denodados por conseguir apoyo a su causa fuera de las fronteras españolas, sin eco.
Ningún país dio validez al referéndum inconstitucional del 1 de octubre, que fue ganado por el sí con el 90% de los votos aunque con baja participación (43%), una consulta sobre la que se apoyaron los secesionistas para declarar la independencia.
