Tras un largo debate en que se aprobó la ley que permite la convocatoria a un referéndum independentista, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers firmaron de inmediato en el Parlamento catalán el decreto convocando a la consulta para el próximo 1 de octubre.
El apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, además de la ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC, que no estuvieron en el hemiciclo a modo de protesta, hicieron posible el nuevo escenario que busca saber la opinión de los catalanes respecto a independizarse del Gobierno español.
Gobierno español listo para actuar frente a referéndum Catalán
El llamado a referéndum se oficializó finalmente con la publicación de lo dispuesto en el Parlamento en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. De esta manera, la pregunta que deberán responder los catalanes el primer día de octubre es: ¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?
La polémica iniciativa es considerada ilegal por el Ejecutivo español. Por lo mismo, el Gobierno central de Mariano Rajoy dejó claro que recurrirá este jueves 7 de septiembre la "ley del referéndum" ante el Tribunal Constitucional.
Incluso antes de la votación, pidió al alto tribunal que frene las actuaciones del "Parlament" catalán, contrarias a sentencias previas y que estudie una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley.
Entre ellos, la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. El procedimiento de urgencia elegido para aprobarla motivó ya desde la mañana airadas quejas de los diputados opositores, que a lo largo del día denunciaron diversas irregularidades en el procedimiento.
Incluso los letrados del parlamento alertaron que la ley choca con el Constitucional, pero los independentistas ignoraron la advertencia.
La norma aprobada en la Cámara, instaura "un régimen jurídico excepcional" para regular y garantizar el referéndum.
Establece además que el resultado será vinculante. Si gana el "sí" a la independencia, se abriría "un proceso constituyente".
En uno de sus aspectos más polémicos, la norma se presenta como "ley suprema" que prevalece sobre cualquier otra que la contradiga.
