El gobierno de Bolivia y la OEA pactaron este miércoles una auditoría de carácter "vinculante" de las elecciones que dieron un polémico triunfo al presidente Evo Morales, pero el opositor Carlos Mesa rechazó el acuerdo, al que calificó de "unilateral".
El canciller Diego Pary anunció la firma de un acuerdo con la OEA para "realizar la auditoria integral a las elecciones generales del 20 de octubre", en busca de una salida a las protestas que desde hace 10 días sacuden al país.
"El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes", agregó Pary.
Mesa, que ha denunciado un fraude electoral, había dicho el martes que solo aceptaría una auditoría si Morales desconocía su elección y si el resultado del análisis era vinculante.
Sin embargo, Mesa -un centrista que ya fue presidente entre 2003 y 2005- declaró este miércoles que "no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente".
Además señaló que "reconocemos las posiciones de instituciones, sectores cívicos y movimientos sociales que plantean la anulación de las elecciones y manifiestan su desconfianza acerca de la auditoría pactada entre la OEA y el MAS", en alusión al Movimiento al Socialismo, el partido de Morales.
La auditoría había sido planteada la semana pasada por Morales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de que la oposición denunciara un fraude para garantizar un cuarto mandato de Morales.
Un primer sistema de conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anticipó la noche de la elección una segunda vuelta entre Morales y Mesa.
Pero tras un silencio de más de 20 horas sobre el avance del escrutinio -que despertó sospechas y denuncias- el TSE anunció un cambio de tendencia y finalmente declaró la victoria de Morales en primera ronda con el 47,08% de los sufragios frente al 36,51% de Mesa.
La ley boliviana atribuye la victoria en primera vuelta con más del 50% de los votos o con el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
Grupos radicales se oponen
Mesa había planteado inicialmente ir a un balotaje, pero luego expresó su adhesión a quienes piden la anulación de las elecciones.
En efecto algunas organizaciones civiles que lideran las protestas en varias ciudades del país no comparten la realización de la auditoría, que comenzará este jueves.
El líder del opositor comité cívico de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, propuso anular los comicios y rechaza el examen de la OEA.
"La solución es anular las elecciones e ir a un nuevo proceso (...). Si acepta el gobierno, se suspendería el paro" que se mantiene en Santa Cruz, en suroeste del país, y que se replica parcialmente en otras ciudades como La Paz, dijo Camacho.
Waldo Albarracín, cabeza de un grupo civil (Conade), apoyado principalmente por estudiantes de la universidad estatal de La Paz, se pronunció también a favor de la nulidad de los comicios y anunció que "la movilización se mantiene mientras dure el problema".
"Si el gobierno piensa que nos van a ganar por cansancio, está equivocado", desafió.
Esta semana se registraron duros choques entre manifestantes oficialistas y opositores en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con un saldo preliminar de más de 40 heridos, entre ellos cinco de bala.
Frente a la escalada de violencia, la ONU hizo el martes "un llamado clamoroso y urgente a los actores políticos, a los sectores sociales, y a todas y todos los bolivianos a reducir tensiones y rechazar todo acto de violencia".
Denuncia de "golpe"
Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, dijo este miércoles a sus seguidores en el área rural de Cochabamba (centro): "dicen que hay fraude, que hagan control, que revisen, que hagan auditoría, no tengo nada que ocultar".
El gobernante ha dicho que las protestas forman parte de un plan de "golpe de Estado" alentado por Mesa. "Si dicen 'fuera Evo', es golpe de estado", señaló.
Mesa, de 66 años, rechazó esas acusaciones y desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración en un barrio acomodado de La Paz: "Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia".
Morales llamó a acudir a La Paz a agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas de zonas andinas para defender lo que llama su "proceso de cambio".
Estos grupos dijeron haber llegado a La Paz con la intención de cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque de momento se han limitado a marchar por las calles del centro detonando estruendosos artefactos y gritando su apoyo a Morales.
