AFP
Una semana después de que el acuerdo negociado durante 17 meses con la UE fuese tumbado el 15 de enero por el parlamento, la primera ministra Theresa May presentó un plan B consistente en pedir a Bruselas la revisión de su punto más conflictivo: el mecanismo destinado a evitar la reinstauración de una frontera en la isla de Irlanda.
Bruselas se ha negado en reiteradas ocasiones a reabrir la negociación de un texto que califica como "el mejor posible, el único posible".
Y el gobierno irlandés se opone a toda modificación de ese dispositivo, cuyo objetivo es preservar el acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento enfrentamiento entre católicos republicanos y protestantes unionistas.
Así que May necesita un fuerte apoyo parlamentario a este nuevo plan para intentar convencer a los 27 de que accedan a volver a sentarse a dialogar cuando la fecha fijada para el Brexit, el 29 de marzo, está a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, en un intento por retomar el control del proceso, diferentes grupos de diputados presentaron enmiendas al plan de May, que votarán el martes.
Una de dichas enmiendas, presentada por la diputada laborista Yvette Cooper y que parece contar con el respaldo de su partido, abriría la puerta para que la Cámara de los Comunes debatiese y votase una proposición de ley destinada a evitar la más temida de todas la opciones: que el país se vea abocado a salir de la Unión Europea brutalmente sin acuerdo.
La proposición de Cooper establece que si en la fecha del 26 de febrero el parlamento aún no ha ratificado un acuerdo de Brexit, el gobierno debe retrasar hasta el 31 de diciembre de 2019 la salida de Reino Unido del bloque.
Y este aplazamiento podría prolongarse si los diputados así lo decidieran.
"Cláusula de libertad"
Otras enmiendas pueden ir destinadas a obligar al gobierno a renegociar el acuerdo con Bruselas.
Pero en opinión de algunos expertos parlamentarios, el intento de los diputados de tomar el control sería anticonstitucional.
"No pueden obligar legalmente al gobierno a negociar un acuerdo al que se opone", afirmó el profesor Vernon Bogdanor, del King's College London, en las páginas del Times, precisando que para ello habría que forzar un cambio de ejecutivo.
Que el acuerdo de May acabe siendo aprobado depende casi exclusivamente en su capacidad para convencer a la UE de que reexamine el denominado "backstop", el mecanismo que debe permitir que la frontera entre la República de Irlanda -país miembro de la UE- y la provincia británica de Irlanda del Norte permanezca abierta tras el Brexit.
Los euroescépticos de su propio Partido Conservador, y los unionistas norirlandeses del DUP de cuyo apoyo depende para gobernar, afirmaron que podían respaldar el texto si el "backstop" tuviese un límite temporal que bautizaron "cláusula de libertad".
"Si lo decimos en serio, si realmente lo intentamos, no tengo ninguna duda de que la UE nos dará la cláusula de libertad que necesitamos", escribió el exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, en el Daily Telegraph el lunes.
"Y si la primera ministra garantiza ese cambio (...) no tengo ninguna duda de que tendrá a todo el país detrás de ella", agregó.
Según el acuerdo actual, el "backstop" solo debería entrar en vigor si no se encuentra una solución mejor en el marco de la futura relación que Londres y Bruselas deben negociar durante el periodo de transición, previsto hasta finales de 2020 pero prolongable hasta 2022.
En virtud de este dispositivo, Irlanda del Norte seguiría rigiéndose por la reglas del mercado único europeo y el resto del Reino Unido permanecería en una unión aduanera con la UE.
Londres no podría poner fin a este sistema unilateralmente, lo que hace temer a los euroescépticos que mantenga al país atrapado en las redes europeas indefinidamente.
