El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil autorizó -por primera vez- el cultivo de cannabis en el país latinoamericano, en una decisión inédita que tan solo se aplica para tres demandantes que solicitaron el permiso para producir la planta para usarla con fines medicinales propios, según trascendió este martes (14.06.2022).
El salvoconducto concedido por unanimidad por los miembros de la Sexta Sala del alto tribunal, sin embargo, puede servir de precedente para decisiones similares de jueces de instancias inferiores. La decisión de los magistrados fue en respuesta a dos recursos diferentes presentados por tres personas interesadas en cultivar cannabis de forma artesanal en Brasil para poder extraer canabidiol, el componente que es aprovechado en diferentes medicinas.
Los demandantes, autorizados a cultivar la planta sin correr riesgo de ser arrestados por la Policía por incurrir en una práctica aún considerada ilegal, se comprometieron a usar las medicinas para beneficio propio y con la respectiva prescripción médica.
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Brasil incluyó la Cannabis sativa (marihuana) en su lista de plantas medicinales en 2017 y, desde entonces, autoriza el uso de medicinas derivadas, siempre que sean importadas. Pese a que las autoridades sanitarias avalan el uso medicinal del cannabis, la ley aún castiga con cárcel el cultivo, la comercialización, la posesión y el consumo de marihuana sin importar la dosis.
Las medicinas que usan principios activos de la marihuana, como canabidiol o tetrahidrocanabidiol (THC), son recomendadas en Brasil para tratamientos para enfermedades como epilepsia, esclerosis múltiple, autismo, dolor crónico y mal de Parkinson.
Cannabis y la "dignidad de la persona humana"
Hasta la decisión inédita, las personas responsables por el cultivo de cannabis en el país podían ser procesadas con base en la Ley Antinarcóticos y condenadas. En el juicio de este martes, el propio representante de la Fiscalía, José Elaeres Marques, afirmó que cultivar cannabis para pacientes con enfermedades graves no puede ser tipificado como crimen debido a que el estado de necesidad excluye la ilicitud.
El magistrado Rogério Schietti, que fue el instructor del proceso, aseguró que la discusión no es sobre un crimen sino sobre "salud humana" y sobre la "dignidad de la persona humana".
"Tanto el Ministerio de Salud como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (regulador) se niegan a reglamentar el asunto y aseguran que la responsabilidad es del otro órgano. Mientras tanto, miles de familias brasileñas quedan a la merced de la omisión, la inercia y el desprecio estatal por algo que, repito, implica la salud y el bienestar de muchos brasileños, en su mayoría sin capacidad de costear la importación de las medicinas", alegó Schietti.
