Brasil: ¿De qué se acusa a Dilma Rousseff?

AFP

Dilma Rousseff insiste en que es víctima de un "golpe de Estado" y que está en juego la democracia de Brasil, pero sus opositores dicen tener las cartas para destituirla, ya que según ellos, la presidenta "violó la Constitución" al manipular las cuentas públicas.

La mandataria es acusada de maquillar las cuentas públicas, un cargo muy técnico que formaba parte de una denuncia más amplia, que no fue aceptada porque abarcaba el primer mandato de Rousseff, que terminó en 2014.

En las próximas horas, todo indica que Rousseff será destituida y el poder lo asumirá su exvicepresidente Michel Temer, al que llama de "usurpador".

¿De qué se acusa a Dilma Rousseff? Éstas son las claves para entender el proceso.

¿De qué es acusada?

La acusación afirma que, bajo responsabilidad de Rousseff, el gobierno maquilló las cuentas públicas a través de "pedaladas" fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.

Según la acusación, esa práctica permite mejorar de forma engañosa las cuentas del gobierno federal, elevando el gasto público para financiar los programas sociales, antes de su reelección en 2014. Y a la postre, precipitó la crisis económica del país.

Rousseff también está acusada de dictar tres decretos y ampliar gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso, una estrategia contable que según la defensa, fue utilizada anteriormente por varios gobiernos que hoy están en la oposición.

La denuncia original incluía denuncias de corrupción relacionadas con el fraude a Petrobras, que fueron excluidas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que se centró en las faltas fiscales.

"Senadores de la República no pueden votar fuera de nuestra realidad, es necesario que el mundo sepa que no estamos tratando aquí de cuestiones contables (...). El Senado es tan soberano que tiene el derecho y el deber de analizar la denuncia íntegra", dijo la abogada acusadora, Janaína Paschoal.

¿Un plebiscito?

Paschoal estimó que el argumento de que Rousseff "está siendo apartada por un problemita de contabilidad" deja abierta la duda "razonable para que se piense que hay un golpe". Pero insistió, "el pueblo brasileño fue víctima de un fraude, el pueblo fue engañado" y "el impeachment es un remedio constitucional al que necesitamos recurrir cuando la situación se revela especialmente grave".

Ya hace algunos meses, después de suspendida y cuando su condena ya parecía escrita, Rousseff propuso llamar a un referendo para adelantar las elecciones, como parte de una reforma política. La opción ya fue rechazada por Temer.

"Leo en los diarios quien pretende condenarla por el conjunto de la obra. El conjunto de la obra se evalúa en las elecciones, es el pueblo quien decide. Acepten la propuesta de convocar un plebiscito ahora, es ahí donde se juzga la obra, no sólo la pérdida del mandato. Esto es una pena de muerte política, es la execración de una persona digna", lanzó el exministro de Justicia y abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo.

¿Las últimas horas?

Sí, en breve comenzarán las deliberaciones finales en lo que se espera sea una maratónica sesión, antes del voto que decidirá el futuro de la mandataria. 

Es el último paso después de escuchar la defensa presentada por Rousseff, el lunes, y luego a los abogados de la parte acusadora y la defensa, el martes.

"Pido a Dios que, si Dilma es condenada, un nuevo ministro de Justicia tenga la dignidad de pedirle disculpas a ella, si estuviera viva, o a su hija y nietos, si muerta. Que la historia absuelva a Dilma Rousseff si sus excelencias deciden condenarla, pero si quieren hacer justicia a los que sufrieron violencia de Estado, juzguen por la justicia", expresó Cardozo.

Todo indica que no habrá sorpresas y que la oposición contará con mínimo los 54 votos que necesita para destituir definitivamente a la mandataria del cargo del que fue apartada en mayo.

Con la sentencia viene además una inhabilitación política por ocho años.

El cargo quedará de forma definitiva en manos de Temer, convertido ahora en su peor enemigo, hasta 2018, cuando serán convocadas nuevas elecciones.

Si finalmente es inhabilitada, Rousseff saldría de la residencia presidencial de Alvorada, donde estuvo prácticamente execrada los últimos meses, y partiría a Porto Alegre (sur), donde reside su hija y nietos.

"No tengo duda de que todos seremos juzgados por la historia", lanzó Rousseff. 

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