AFP
Un informe parlamentario recomendó este lunes encaminar a la corte suprema de Brasil la denuncia de corrupción que podría acabar con el mandato del presidente conservador Michel Temer, por considerar que las sospechas se basan en "indicios serios y suficientes".
"Tiene que haber una investigación de los hechos bajo sospecha", dijo el diputado Sérgio Zveiter al recomendar a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara pronunciarse a favor de la investigación de las denuncias formuladas por la Fiscalía General.
"Voto por la admisibilidad de la denuncia", concluyó el diputado que pertenece al PMDB, el mismo partido de Temer, arrancando aplausos de los legisladores de la oposición.
El parecer de Zveiter debe ser sometido, en principio esta semana, al voto de los 66 miembros de la CCJ. Pero, independientemente del resultado, corresponderá al plenario de la Cámara de Diputados decidir si el caso debe ser transmitido al Supremo Tribunal Federal (STF), única instancia capaz de abrir un juicio contra Temer.
Si ello finalmente ocurre, el mandatario sería apartado del cargo por un máximo de 180 días, abriendo una nueva crisis poco más de un año después de la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff.
Temer fue acusado de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor al que la policía fotografió recibiendo una maleta con ese dinero antes de detenerlo.
La Fiscalía afirma que ese monto estaba destinado al presidente, que lo ha negado categóricamente.
Temer se ha mostrado confiado en tener una mayoría suficiente para archivar el caso en el Plenario, dado que la aprobación de su tramitación a la corte suprema debe ser aprobada por dos tercios de los escaños (342 de los 513 diputados).
Erosión de la base oficialista
Pero la coalición gubernamental ha dado muestras de erosión desde la difusión a mediados de mayo de una grabación hecha por el dueño de JBS, en la que el jefe de Estado da su presunto aval al pago de un soborno para comprar el silencio de un ex diputado detenido.
Prueba de ello es la posición del propio Zveiter, así como los numerosos reemplazos hechos a última hora en la CCJ de aparentes miembros díscolos de partidos de la coalición.
Aliados de Temer, principalmente del PSDB (centroderecha), señalaron últimamente que veían al presidente de la Cámara, el oficialista Rodrigo Maia, como alguien capaz de completar el accidentado mandato hasta fines de 2018.
La cúpula del PSDB, al que pertenece el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), tenía previsto reunirse este lunes por la noche en Sao Paulo, para definir si permanece en la coalición, aunque según medios de prensa el encuentro podría posponerse.
Cardoso, en recientes tribunas, le pidió a Temer que presente su renuncia, en un "gesto de grandeza".
La crisis retardó el avance de medidas prometidas por Temer para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia y que son reclamadas por el mercado, como la reforma del sistema de jubilaciones.
El Senado debería aprobar, sin embargo, el martes la reforma de la legislación laboral, flexibilizando las reglas de contratación y dando a las negociaciones sectoriales o internas de la empresa preeminencia sobre la legislación vigente.
En caso de que la causa contra Temer llegara a la suprema corte y los 11 jueces de esa instancia dieran continuidad al proceso, Maia (del partido de derecha DEM) asumiría el cargo durante los hasta 180 días que Temer debería ser suspendido.
Si Temer fuera declarado culpable, sería destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.
La Fiscalía estudia además presentar otras denuncias contra Temer, por obstrucción a la justicia y formación de banda criminal, en base a una grabación entregada por un dueño de JBS, Joao Batista, en la que Temer da su presunto consentimiento a la compra del silencio de un exdiputado preso.
El abogado de Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, afirmó tras el alegato de Zveiter que esa grabación fue "cobarde" y tenía "motivaciones políticas"
