AFP
Una comisión de 65 diputados brasileños fue conformada este jueves para analizar la viabilidad de un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
A continuación, las próximas etapas y desafíos de este procedimiento complejo y de resultado incierto, que llega en medio de una tormenta política y legal:
¿Cuáles son las próximas etapas?
1) La comisión especial de 15 diputados tendrá un plazo de 15 sesiones parlamentarias para votar un informe sobre si apoya o no la destitución de la presidenta.
2) Ese informe será inscrito en el orden del día del plenario de Diputados. Para una eventual acusación de la presidenta, son necesarios dos tercios de los escaños (342 de un total de 513) y, posteriormente, de más de la mitad de los 81 senadores.
3) En caso de acusación, Rousseff sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un máximo de 180 días. El Senado se ocupará de juzgarla en una sesión plenaria dirigida por el presidente de la Corte Suprema. Son necesarios dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81), para destituir inmediatamente a la mandataria. De lo contrario, ésta reasumirá inmediatamente sus funciones.
¿Qué se le reprocha a Rousseff?
La oposición le acusa de haber maquillado las cuentas públicas de 2014, durante la campaña electoral, para minimizar el impacto de la crisis y promover su reelección.
Rousseff habría cargado a los bancos públicos gastos correspondientes al gobierno por un total de 41.000 millones de reales (USD 11.200 millones) en 2014. Estas prácticas se habrían reproducido al comienzo de 2015, después de su reelección, según sus opositores.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio un impulso a la oposición a principios de octubre, cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.
Los partidarios del impeachment juzgan que estas prácticas constituyen un "crimen de responsabilidad" por parte de la presidenta, uno de los motivos de destitución previstos en el artículo 85 de la Constitución brasileña, especialmente por violación de la Ley de Finanzas públicas.
¿El proceso se sustenta jurídicamente?
Es difícil de decir, ya que los juristas brasileños más destacados están divididos sobre este punto.
"Puede que se reúnan las condiciones políticas debido a la baja popularidad y falta de apoyos de la presidenta en el Parlamento. Pero en nuestro sistema presidencialista, el impeachment no debe transformarse en una moción de censura", afirma Thomaz Pereira, profesor de Derecho en la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
"Se necesita que un delito preciso pueda imputarse directamente a la presidenta para motivar su destitución, algo que no está nada claro en este momento", añadió.
"Transformar el instrumento de destitución en un voto de confianza podría convertirse en una fuente de inestabilidad para cualquier presidente en el futuro", alertó este jurista.
¿Es probable que se llegue a la destitución?
Más allá del derecho, se trata también de un proceso político cuyo resultado dependerá del juego de fuerzas en el Congreso.
El partido de centro PMDB, principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Rousseff, se dio un plazo de 30 días para decidir si abandona o permanece en la coalición del gobierno.
Rousseff ha acusado a la oposición de promover "una tentativa de golpe de Estado disfrazado" y de actuar por revancha tras la ajustada derrota electoral de hace un año.
En el papel, la coalición parlamentaria que salió de aquellos comicios no debería tener problemas gracias a sus 314 diputados (61,2%) para proteger a la presidenta del voto contra ella, que necesitaría el apoyo de dos tercios de la Cámara.
En la práctica, el panorama es mucho más complicado: desde el comienzo de su segundo mandato, Rousseff ha sufrido una cascada de reveses en el Parlamento y es difícil medir la correlación de fuerzas actual.
Según las últimas encuestas, el 60% de los brasileños está a favor de la destitución de la presidenta, cuya popularidad se fue en picada a mínimos históricos. Hoy está en 10%.
