La opinión de Bolsonaro sobre tiroteos en EE.UU: "No es desarmando al pueblo que se va evitar"
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, estimó este domingo que desarmar a la población no evitará tiroteos como los ocurridos el fin de semana en Estados Unidos, defendiendo una vez más su política para flexibilizar el porte de armas en Brasil.
"Lamento [los tiroteos en Estados Unidos]. Ahora, no es desarmando al pueblo que se va evitar eso. Brasil es, en el papel, extremadamente desarmado y ya ocurrió una cosa similar aquí en Brasil", afirmó el mandatario a periodistas en Brasilia.
Estados Unidos vivió un domingo de tragedia tras dos tiroteos masivos que dejaron 29 muertos en Texas y Ohio, reviviendo el debate sobre las armas de fuego y la retórica incendiaria de Donald Trump.
El sábado, veinte personas fueron asesinadas cerca del mediodía en El Paso (sur), una ciudad fronteriza predominantemente hispana, y menos de 13 horas después, otras nueve en un animado vecindario de Dayton, Ohio, al noreste.
En Brasil este tipo de tragedias es poco frecuente, pero el 13 de marzo pasado dos exalumnos de un colegio de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, mataron a ocho personas a tiros e hirieron a 11 antes de suicidarse en el establecimiento.
En su campaña presidencial, Bolsonaro prometió armar a las personas "de bien" para combatir la criminalidad en Brasil y en los primeros seis meses de gobierno suscribió dos decretos que facilitaban la tenencia y el porte de armas.
Pero las críticas en torno a estos temas y la falta de apoyo en el Congreso así como en la Justicia empujaron al mandatario a revocar los decretos a fines de junio y reemplazarlos por normativas que excluían los puntos más polémicos, que abordó mediante un proyecto de ley.
Sus decretos iniciales permitían el porte de armas a camioneros, políticos, periodistas y pobladores de zonas rurales, así como centuplicar el número de municiones que cada individuo podía comprar al año, entre otros.
Las medidas impulsadas por Bolsonaro, un excapitán del Ejército, han sido criticadas por legisladores, expertos y sectores de la sociedad que consideran que podrían incrementar la violencia en Brasil, que registró 65.602 asesinatos en 2017, según datos oficiales.