El presidente brasileño Jair Bolsonaro, suscribió este miércoles un proyecto de ley que permite la minería y la generación de energía eléctrica en las reservas indígenas, una promesa desde que asumió el cargo hace un año y que es rechazado por indios y ecologistas.
"Espero que ese sueño (...) se concrete. El indígena es un ser humano exactamente igual a nosotros, tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros", dijo Bolsonaro durante una ceremonia oficial en la que firmó el proyecto.
El proyecto de ley, que debe ser enviado esta misma semana a votación en el Congreso, donde tendrá que ser aprobado por los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados antes de que pueda ser sancionado, fue firmado en un acto público en el que Bolsonaro conmemoró los primeros 400 días de su gobierno.
La Presidencia explicó que la minería y la construcción de hidroeléctricas en las reservas están previstas en el artículo 231 de la Constitución de 1988, que hasta ahora no ha sido reglamentado.
El texto, que aún no fue publicado, reglamentará ese artículo constitucional sobre el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y búsqueda y extracción de riquezas minerales en tierras indígenas.
"El gran paso depende del Parlamento. Vamos a sufrir presiones de los ambientalistas. A esa gente ligada al medio ambiente, si un día pudiese los confinaría en la Amazonía, ya que les gusta tanto el medio ambiente", ironizó Bolsonaro, un escéptico del cambio climático que ve los reclamos ambientalistas como conspiraciones de intereses extranjeros para apoderarse de las riquezas del suelo de Brasil.
Bolsonaro tiene aliados para lograr una mayoría en el Congreso, aunque muchos de sus proyectos fueron frenados allí. En este caso, será determinante el apoyo de la poderosa bancada vinculada al agronegocio, que últimamente dio muestras de preocupación por las denuncias internacionales contra la deforestación de la Amazonía.
Unos 600 líderes indígenas brasileños reunidos en enero en el estado amazónico de Mato Grosso denunciaron que el gobierno impulsa un proyecto político de "genocidio, etnocidio y ecocidio".
