AFP
El oficialismo en Bolivia pidió este miércoles que dimitan los funcionarios públicos que rechazaron con su voto una tercera reelección consecutiva del presidente Evo Morales en el referendo del mes pasado.
La consulta popular negó por estrecho margen una nueva candidatura del mandatario para el periodo 2020-2025. Un 51,3% de la población votó por el No a una reforma constitucional que favorecía a Morales, mientras que un 48,7 le dio su apoyo. La diferencia entre ambos es de 136.382 sufragios, sobre un total de 5.228.652 votantes.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó en conferencia de prensa que "lo mínimo que les pedimos a esos funcionarios del Estado es que compartan los ideales del gobierno, de lo contrario, lo más lógico es retirarse", tras las quejas que hizo estos días el mismo mandatario.
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Morales, en el poder desde 2006 por tres gestiones seguidas, reveló que empleados públicos realizaron campaña en contra de la reforma constitucional y por lo tanto le dieron la espalda a su aspiración de buscar una nueva reelección.
El gobernante, aunque negó que habrá una masacre blanca, reclamó lealtad. No precisó si tienen algún mecanismo para detectar el voto de los empleados, que es secreto en el país, pero indicó que recibieron denuncias de gente que hizo proselitismo contra el mismo oficialismo.
Montaño, presidenta de Diputados y poderosa dirigente oficialista, indicó que hay funcionarios que "no comparten los ideales, los valores, los principios, el norte estratégico de un gobierno: ¿qué hacen ejerciendo una función pública? Deberían dar un paso al costado".
Según datos oficiales, hasta 2013 había en el aparato gubernamental (Poder Ejecutivo, empresas descentralizadas, gobernaciones y alcaldías) cerca de 121.600 empleados, una mayoría bajo control oficialista.
Pese el resultado del referendo, Morales está seguro de que sigue gozando de apoyo popular e incluso desafió hace dos semanas a los opositores a ir a un referendo revocatorio de cargos, un procedimiento legal, aunque los adversarios señalaron que el gobernante debe entregar el poder a un sucesor en enero de 2020.
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