Birmania vive este miércoles (01.02.2023) una jornada de huelga silenciosa convocada por grupos prodemocracia con motivo del segundo aniversario del golpe de Estado, que ha sumido al país en una espiral de violencia y semianarquía tras una década de crecimiento y transición democrática.
"Con sonoras voces desde el silencio, hemos hecho tambalear al dictador repetidamente", afirmó en un comunicado el Organismo de Coordinación de la Huelga General (GSCB), una amalgama de grupos birmanos en defensa de la democracia, entre ellas el potente movimiento de desobediencia civil que surgió tras el golpe.
Esta organización, que agrupa una treintena de comités de huelga en todo el país, pidió a la población que no salga de casa entre las 10:00 y las 15:00 (+6.30 GMT) y vacíen las calles de Birmania.
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La huelga silenciosa ya fue la forma elegida para protestar con un seguimiento masivo, especialmente en las grandes ciudades, en el primer aniversario del golpe de Estado, a pesar de que las autoridades militares presionaron y amenazaron con arrestar a quien participara en el movimiento.
El apagón informativo y las precarias conexiones a internet desde el golpe dificultan por el momento el seguimiento de la huelga.
Además, está previsto que el jefe de la junta, el general Ming Aung Hlaing, realice declaraciones este miércoles, con la atención puesta en la posible convocatoria de elecciones para agosto en un improbable intento del régimen castrense de legitimarse.
Mientras la enviada especial de la ONU para Birmania (Myanmar), Noeleen Heyzer, señaló en la víspera que ve "inconcebible" que la junta inicie una transición pacífica hacia la democracia, Human Rights Watch (HRW) calificó los posibles comicios de antemano de "fraudulentos".
EE.UU. y Australia anuncian más sanciones
En paralelo, Estados Unidos informó el martes de nuevas sanciones, esta vez dirigidas contra seis individuos conectados a la junta militar birmana, y Australia reveló este miércoles la imposición de sus primeras sanciones financieras y prohibiciones de viajes contra militares y altos cargos del régimen castrense.
Desde la asonada, las fuerzas de seguridad birmanas han matado a más de 2.900 civiles y mantienen detenidas a cerca de 13.800, entre ellas a la derrocada líder y nobel de la paz Aung San Suu Kyi, según los datos de la oenegé local Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
Una represión que no ha hecho claudicar a los miles -las cifras son inciertas- de jóvenes que, habiendo crecido en libertad, se entregaron a la lucha contra el Tatmadaw (el Ejército) tras el golpe, formando las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF), amparadas por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG).
Formado en parte por exdiputados de la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi, el NUG se declara la autoridad legítima de Birmania y opera en la semiclandestinidad y parcialmente desde el exilio, erigiéndose como uno de los principales enemigos de los generales.
