La frase causó polémica. Desde que asumió la presidencia de México, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia de seguridad diferente a la de gobiernos anteriores.
Hasta ese momento el mayor peso en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada estaba a cargo de las Fuerzas Armadas.
Ya no sería así, dijo el mandatario. En adelante para combatir la violencia se utilizarían sobre todo, programas sociales y la promoción de empleos.
"Abrazos y no balazos", dijo López Obrador. Pero 16 meses después la realidad parece obligarlo a cambiar de planes.
El presidente ordenó el despliegue de miles de soldados y marinos en las ciudades del país, para ayudar en tareas de seguridad pública.
Es una estrategia similar a la de sus antecesores y que en su momento fue criticada por López Obrador.
Muchos cuestionaron la determinación, e inclusive la calificaron como el fracaso de la política de "abrazos y no balazos".
El presidente no ha hablado directamente sobre la polémica ni ahondado en las razones detrás de su decisión.
Los expertos consultados por BBC Mundo apuntan a un cúmulo de factores detrás de la nueva estrategia.
La cruda realidad
La inseguridad en varias partes del país sigue en aumento a pesar de la cuarentena nacional por la pandemia de coronavirus.
Abril, por ejemplo, fue el mes con el mayor número de homicidios en lo que va del actual gobierno: se registraron 2.492 asesinatos.
Las operaciones de seguridad no han logrado contener la violencia, admite López Obrador.
"Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios", reconoció el mandatario.
Por eso la decisión de incorporar de nuevo a militares en labores de policía, coinciden los especialistas.
"Implícitamente es un reconocimiento de que la estrategia no está dando resultados", opina en conversación con BBC Mundo David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Así, es necesario retomar el despliegue de militares en las zonas más conflictivas del país, considera.
"No es tanto una claudicación pero sí un reconocimiento de que no hay resultados. Además la realidad nos confronta".
¿Nueva estrategia?
Además de la creciente inseguridad, los expertos consultados por BBC Mundo destacan que otra de las razones tras el decreto presidencial es que la corporación creada para sustituir a los militares en labores policiales, la Guardia Nacional (GN), todavía no completa su integración.
Casi un año después de su nacimiento el cuerpo policíaco no ha logrado estar presente en todos los sitios considerados como de mayor riesgo.
La reciente orden presidencial a los soldados y marinos es que colaboren con este cuerpo en tareas de seguridad pública.
Los militares permanecerán en las calles hasta marzo de 2024, es decir, prácticamente lo que resta del gobierno de López Obrador.
En ese tiempo se espera que la GN reclute los 140.000 elementos que deben integrarla según la estrategia de seguridad. Actualmente cuenta con 76.000.
La corporación se creó para sustituir a los militares que desde hace varios años realizan labores policiales. Pero hasta ahora no ha sido posible, reconocen las autoridades.
El plan es similar a las estrategias de seguridad en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señalan algunos especialistas.
En el primer caso, se creó la Policía Federal para sustituir a los militares que combatían a la delincuencia organizada.
La administración de Peña Nieto, por su parte, estableció la Gendarmería Nacional, con el mismo objetivo. En ningún caso fue posible sustituir a las Fuerzas Armadas.
Cuando se creó la GN, en junio de 2019, muchos advirtieron que en el fondo era la misma estrategia que había fallado.
De hecho, algunos especialistas como Gerardo Rodríguez Sánchez y Paula Montserrat Aguilar, investigadores de la Universidad de las Américas de Puebla, alertan de que existe una fuerte dependencia de los militares en la estrategia de seguridad pública del país.
La vieja militarización
La orden presidencial para desplegar militares en varias ciudades provocó duras críticas en ese sentido por parte de organizaciones civiles y expertos.
Uno de ellos fue Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El poeta consideró que, en los hechos, la nueva estrategia implica militarizar al país.
"Está realizando el sueño de Felipe Calderón, que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública", afirma el poeta.
Otros, sin embargo, piensan que no es así.
Los militares en funciones de policía existen desde el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), recuerda Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De hecho, el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) sustituyó, en 1995, a todos los agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) con elementos de la Policía Militar (PM).
Y cuatro años después el mandatario creó la Policía Federal Preventiva, que se integró con la Tercera Brigada de la PM.
Además desde hace casi dos décadas muchos de los jefes de policías estatales o municipales son militares en retiro.
De hecho, la Guardia Nacional está integrada por policías militares y navales, y su jefe es un general del Ejército retirado.
"No sé por qué hay tanta sorpresa, desde Salinas de Gortari para acá todos los presidentes se han recargado en la institución militar para hacerle frente a la inseguridad", dice Javier Oliva a BBC Mundo.
¿Cuál es la diferencia? Que ahora, por primera vez, existe una regulación sobre las funciones de soldados y marinos en tareas policiales, explica David Peña.
La Fuerzas Armadas participarán "de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria" con esa corporación, establece el decreto.
En medio de la polémica, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, remarcó en Twitter que el decreto pretende ordenar las funciones de las Fuerzas Armadas en su tarea de seguridad pública.
"Así de simple. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional", zanjó.
López Obrador ordenó, además, que los militares deben respetar en todo momento los derechos humanos.
"Busca acotar en qué sí y en qué no podrán participar el Ejército y la Marina", subraya Peña.
Por ejemplo, a diferencia de otros años, ahora los militares no podrán realizar investigaciones, ni tampoco detener personas sin la orden de una autoridad civil.
"Las tareas más delicadas que no va a hacer el Ejército son las que tienen mayor riesgo de cometer violaciones a derechos humanos", remarca el experto.
En el debate por la orden presidencial algunos incluso llegaron a defender que esta reciente decisión marca el eventual fracaso de la estrategia de seguridad de López Obrador.
Pero no es tiempo de afirmarlo, considera Peña. "Hay un plazo para que la Guardia Nacional y las policías se fortalezcan", explica.
"En 2024, si no se ha logrado cambiar o la Guardia Nacional no establece control territorial, entonces se puede hablar de un fracaso".
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