Una persona, un voto.
Una idea en apariencia tan sencilla es todavía una aspiración en Estados Unidos.
Si bien alrededor de un 90% de los estadounidenses mayores de 18 años tienen derecho al voto, es rara la elección en la que se alcanza el 60% de participación.
Y no todo el abstencionismo es elegido o deseado.
El fenómeno de la supresión del voto (o del votante, como se suele expresar en inglés) forma parte de la historia de la democracia más vieja del mundo y sus ramificaciones están muy presentes en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre.
Te contamos de qué se trata.
¿Todos iguales?
En síntesis, el concepto de supresión del voto hace referencia a las diferentes estrategias que se utilizan para desalentar el voto o incluso impedir que ciertos grupos de personas -generalmente minorías raciales y los más pobres -puedan votar.
Algunas de esas estrategias tienen forma de ley y otras son tácticas más sutiles.
La supresión del voto no es una novedad en Estados Unidos; de hecho, ha sido parte de su historia desde las primeras elecciones, en las que solo podían votar hombres blancos mayores de 21 años que fueran propietarios de tierras.
Todo esto a pesar de que en la Declaración de Independencia firmada en 1776 se decía que "todas las personas son creadas iguales".
Pero el voto se veía entonces como un privilegio, no como un derecho.
Avances y retrocesos
A medida que se fue ampliando el derecho al voto, normas como la imposición de una tasa para poder votar o el tener que superar un examen hicieron que fuera más difícil ejercer ese derecho.
La situación cambió en 1965 con la aprobación de la Ley de Derechos de Votación, que ilegalizó muchas de esas prácticas y estableció que determinados estados, la mayoría del sur, tuvieran que tener la aprobación del gobierno federal antes de poder cambiar sus leyes electorales.
En 2013, la sección de la ley que colocaba a ciertos estados bajo supervisión federal fue revocada por la Corte Suprema, que consideró que ese monitoreo para evitar la discriminación hacia ciertas comunidades ya no era necesario.
En su escrito de disconformidad, la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida el pasado 18 de septiembre, expuso uno de sus razonamientos más célebres:
"Deshacerse de la autorización previa cuando ha funcionado y sigue funcionando para detener los cambios discriminatorios es como deshacerse del paraguas en una tormenta porque no te estás mojando".
Vía libre a los estados
El fallo de la Corte facilitó que esos estados, libres ya de la vigilancia de Washington DC, aprobaran medidas para restringir el voto.
"Aparentemente lo hicieron con el objetivo de frenar el fraude electoral", explica Kenneth Mayer, profesor de la Universidad Wisconsin-Madison.
"Pero el objetivo real de estas leyes es el de que electores más propicios a votar demócrata -como los jóvenes, los pobres o los afroestadounidenses- se queden en casa", le dice Mayer a la BBC.
Las autoridades de los estados con leyes más restrictivas insisten en que su único objetivo es evitar el fraude.
¿De qué medidas estamos hablando exactamente?
Largas esperas
"Tradicionalmente, la principal manera de restringir el voto es hacer que sea difícil depositarlo", le dice a BBC Mundo Matthew Record, profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de San José, en California.
"Tienes que registrarte antes, en varios estados hay que presentar un documento de identidad, cada vez hay menos centros de votación... todo esto tiene un impacto", agrega.
"Hay que valorar lo difícil que es llegar al centro de votación, lo fácil o no que es votar una vez allí y cuánto tiempo te tocará esperar. Todo esto beneficia a gente como yo, que soy blanco y vivo en un buen barrio. La principal desventaja la tienen comunidades de color y de clase trabajadora", sostiene.
Existen estudios que coinciden con la percepción del profesor Record.
Una encuesta realizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) halló que votantes negros esperaron, de media, 16 minutos en la fila durante las elecciones de 2016, mientras que los votantes blancos esperaron 10 minutos.
Un análisis de 2019 de los datos de teléfonos móviles durante las elecciones de 2016 constató que residentes de vecindarios totalmente negros esperaron un 29% más para votar.
Las largas filas también afectan desproporcionadamente a los trabajadores asalariados a quienes no se les paga por el tiempo que destinan a votar.
El hecho de que la votación sea en día laborable, siempre un martes, hace que a muchas personas les resulte complicado acudir a las urnas o esperar su turno.
Andrea Hailey, directora ejecutiva de Vote.org, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a la gente a registrarse para votar, le dijo a la BBC que está especialmente preocupada por las filas en estas elecciones, no solo por el cierre de centros de votación sino porque la pandemia ha llevado a que haya menos trabajadores en las mesas electorales.
El cierre de centros al que alude Hailey es otro motivo de preocupación.
Kentucky, por ejemplo, fue criticado en las primarias de hace unos meses por reducir el número de centros de votación de los habituales 3.700 a unos 170 por preocupación por el coronavirus.
Los condados más afectados fueron los de población mayoritariamente negra.
Documentos de identidad
Después de hacer la fila, en 35 estados los votantes deben mostrar algún tipo de identificación en el centro de votación.
Algunos aceptan una declaración jurada si no hay documento de identidad, pero un puñado de estados como Wisconsin, Texas, Kansas, Indiana, Tennessee, Misuri y Georgia no.
Quienes defienden las leyes de identificación de votantes, como el exgobernador de Wisconsin Scott Walker, que aprobó una de las leyes más estrictas de este tipo en 2016, dicen que normas así hacen que sea "fácil votar, pero difícil hacer trampas".
Pero otros alegan que los temores de que haya fraude electoral con el voto presencial son exagerados y no deberían pesar más que el perjuicio causado por privar de su derecho a los pobres, los sin casa o los discapacitados, que quizá no conduzcan o no tengan una dirección permanente.
"Se da por supuesto que todo el mundo tiene un documento de identidad. Lo necesitas para subir a un avión, para abrir una cuenta en el banco. Pero hay personas que no tienen cuentas bancarias, que no viajan en avión", dice Mayer, profesor de la Universidad Wisconsin-Madison.
"Un estado como Wisconsin tiene el potencial de privar del derecho al voto a decenas de miles de personas sin razón alguna", señala.
Restricciones al voto por correo
Los problemas de supresión o restricción del voto ya existían antes de la pandemia, pero la crisis del coronavirus no ha hecho más que agravar la situación.
Actualmente hay más de 300 demandas legales en 44 estados relacionadas con la elección y el coronavirus, según el Proyecto Elecciones Saludables, una iniciativa de la Universidad de Stanford y el MIT.
Las demandas incluyen desacuerdos por cómo se deben contar los votos en ausencia, a quién se le permite votar anticipadamente y cómo se recogen las boletas enviadas por correo.
En general, todo lo relacionado con el voto por correo, que se espera sea mucho mayor este año por las medidas de precaución para evitar posibles contagios del virus, ocupa un lugar central en las preocupaciones de los dos principales partidos.
Los republicanos denuncian que puede dar lugar a fraude, algo que no ha sido probado, y los demócratas temen que muchas boletas se queden sin contar.
"Trump lleva meses sugiriendo que el voto por correo es fraudulento y dice estar dispuesto a ir a los tribunales", señala Matthew Record.
Para el profesor de Ciencia Política, esta es una estrategia de supresión del voto.
Testigos y firmas
Antes del coronavirus, muchos estados requerían que para votar por correo tuvieras una justificación válida, como estar incapacitado físicamente, y exigían que las boletas enviadas por este sistema estuvieran firmadas por un notario o testigos.
Desde el estallido de la pandemia, muchos de esos estados han suavizado las restricciones, pero no todos.
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Oklahoma, Alaska y Alabama todavía exigen que haya al menos un testigo para legitimar la papeleta.
Purgas del censo
Algunos estados purgan nombres de votantes de las listas de electores registrados, lo que significa que se tienen que volver a registrar.
Organizaciones conservadoras han demandado a funcionarios locales por no actualizar sus listas de votantes y no purgar nombres que ya no eran considerados válidos.
Hay algunos lugares, como Ohio, en los que se elimina del censo electoral a personas que no hayan votado en los últimos cinco años.
Medidas especiales para presos
La mayoría de los estados también restringen el derecho al voto de los convictos, criminales que han sido condenados y sentenciados a prisión.
Algunos estados restauran automáticamente el derecho al voto una vez que se ha cumplido la sentencia, mientras que otros esperan a que pase el período de libertad condicional y de prueba y a que todas las multas hayan sido abonadas.
En al menos 11 estados se necesitan acciones adicionales antes de que el nombre de un expreso pueda ser añadido al censo electoral, como por ejemplo recibir el perdón del gobernador.
En 2018, Florida restauró los derechos de votación de 1,5 millón de convictos no violentos. Poco después, el estado enmendó la ley para establecer que, antes de poder votar, tienen que haber pagado todas las multas y tasas pendientes.
Nuevas preocupaciones
La era digital trae consigo nuevas formas de suprimir el voto, dice Hailey, de Vote.org.
En lugar de aprobar una ley que restrinja el derecho al voto, los simpatizantes de los partidos pueden propagar información falsa en internet diciéndole a la gente que su voto no cuenta, que ya pasó el plazo para registrarse como votante o que su centro de votación se ha trasladado cuando no es así.
"Estamos teniendo un debate en este país, en este momento, sobre si creemos o no en una democracia sana y próspera", reflexiona Hailey.
Para el profesor Record, los desafíos que supone la supresión del voto se deben afrontar en el nivel federal, mediante la aprobación de directrices federales sobre la accesibilidad al voto y a los centros de votación.
"En sentido amplio hay una creencia de que la participación alta favorece a los demócratas y la baja beneficia a los republicanos, no siempre es verdad, pero a menudo sí", indica Record.
"Por eso muchos gobiernos estatales en manos republicanas pretenden restringir el voto todo lo que puedan bajo la ley. Hay mucho que se puede hacer para cambiar esto, lo que no está tan claro es que se vaya a hacer".
