Se venían multiplicando desde finales de 2019 pero la llegada de la pandemia del coronavirus intensificó aún más el fenómeno.
Se trata de las tomas de tierras, un problema de larga data en Argentina que recrudece cada vez que el país entra en una crisis económica, como la que vive hoy.
Las autoridades argentinas reconocen que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en diciembre pasado.
El problema más grave se da en la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, donde ya hubo más de 1.800 usurpaciones de terrenos en lo que va del año, según estimaciones del ministerio de Seguridad local.
Algunos medios argentinos estiman que son unas 4.300 hectáreas las tierras fiscales y privadas ocupadas de manera ilegal.
La policía bonaerense informó que en algunos distritos se registran varios intentos de usurpación de terrenos cada día.
El caso más paradigmático es el de Guernica, la toma más grande, que comenzó en julio pasado, en el partido (departamento) de Presidente Perón, en las afueras de la capital argentina.
Se estima que unas 3.000 personas, sobre todo jóvenes, algunos con familias, llegaron a ocupar ese terreno privado ante la falta de intervención de las autoridades.
Muchos aseguran que el predio, de unas 100 hectáreas, estaba abandonado.
Pero los vecinos que rodean el lugar, que denunciaron un aumento de la inseguridad y el robo de electricidad por parte de los ocupantes, entre otros delitos, aseguran que allí planea construirse un barrio cerrado (o country, como le dicen los locales).
Aunque la Justicia ordenó el desalojo de Guernica a comienzos de septiembre, el operativo se postergó hasta este 1 de octubre y ahora se volvió a suspender sin nueva fecha, con la idea de darle tiempo al gobierno provincial a alcanzar una "salida pacífica".
"Oleada"
El alerta sobre la multiplicación de ocupaciones ilegales la dio a comienzos de agosto uno de los dirigentes sociales más conocidos del país, Juan Grabois, aliado del gobierno.
"Hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar", advirtió el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con radio El Destape.
"La gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas", señaló.
Grabois afirmó que el problema no solo se da en el llamado conurbano bonaerense, sino también en el interior del país, en particular en algunas de las provincias más pobres de noreste, como Chaco y Corrientes.
Y sugirió que la solución "más inteligente" era "lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa".
Sin embargo, su postura generó una ola de cuestionamientos, tanto desde la oposición como desde sectores de la coalición peronista que gobierna.
Los intendentes de los distritos donde se realizaron las tomas -la mayoría de ellos oficialistas- señalaron que no cuentan con los recursos para brindar estos servicios, en zonas donde además no hay recaudación.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, discrepó con Grabois, al afirmar que, si bien "no cabe ninguna duda de que existe necesidad" de más viviendas, "los episodios del conurbano bonaerense tienen otra matriz".
"Lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas", aseguró, en referencia a la histórica práctica de grupos organizados que toman tierras y las revenden a los más necesitados, a veces vendiendo el mismo lote a más de una familia.
Parálisis del peronismo
Las diferencias entre quienes justifican las ocupaciones de tierra y quienes las condenan han revelado algunas de las divisiones que existen dentro del peronismo, el movimiento gobernante que ha dominado la política argentina durante la mayor parte del último siglo y que agrupa a actores de ideologías muy variadas.
Algunos observadores creen que estas visiones contradictorias han paralizado la respuesta de las autoridades, incentivando las tomas.
Un ejemplo de estas divisiones fueron las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, un peronista de derecha, quien acusó a agrupaciones peronistas de izquierda, como el Movimiento Evita, de estar detrás de las usurpaciones, algo que estos negaron.
Berni también se enfrentó con su par a nivel nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien consideró que el problema de las ocupaciones "no es un tema de seguridad".
"Es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema", afirmó la funcionaria en declaraciones a Radio con Vos
En respuesta, el ministro bonaerense afirmó que el derecho a la propiedad privada era un "derecho sagrado inviolable" y advirtió: "El que pone un pie en un terreno que tiene dueño va preso".
Ocupación mapuche
Frederic también generó malestar en algunos sectores del oficialismo por su manejo de otro problema de usurpación de tierras, que ya lleva tres años, en el sur de Argentina.
Cerca de la ciudad de Bariloche, en la patagónica provincia de Río Negro, grupos identificados con el pueblo mapuche han ocupado lo que consideran terrenos ancestrales y han atacado propiedades en la zona.
Además de no frenar los ataques ni ordenar la detención de los atacantes, la ministra de Seguridad nacional denunció penalmente una marcha de vecinos que protestaban contra la ocupación.
Según la funcionaria se trataba de "una protesta armada", y frenarla "evitó una masacre".
No obstante, sus acciones generaron el repudio del gobierno provincial y otros aliados de la coalición gobernante.
También una serie de leyes y decretos que prohíben los desalojos, aprobadas tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires con la intención de proteger a inquilinos en el contexto de la pandemia del coronavirus, han limitado el accionar de quienes quieren poner fin a las tomas.
Según los críticos, incluso podrían haberlas incentivado.
El problema de fondo
Más allá de la política, la proliferación de tomas ha reavivado en Argentina un viejo debate en torno al derecho a una vivienda digna y la falta de acceso de muchos, por un lado, y el derecho a que se respete la propiedad privada, por el otro.
El fondo del asunto es el histórico déficit habitacional que existe en Argentina.
La ministra Bielsa estimó recientemente que en el país faltan unas 3,6 millones de viviendas.
Esto significa que alrededor de un tercio de la población argentina hoy no tiene una vivienda adecuada.
Expertos del sector aseguran que uno de los principales motivos de este déficit es que la construcción es un negocio de largo plazo y Argentina no ha tenido la estabilidad económica y política necesaria para llevar a cabo los proyectos necesarios, que requieren años.
Por un lado, no hay continuidad entre las políticas que aplica cada gobierno que asume.
Y por el otro, las constantes complicaciones económicas que atraviesa el país han llevado a un fuerte retraso del sector.
Un estudio realizado en 2019 por la desarrolladora Edisur mostró que mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) argentino aumento 101% en los últimos 30 años, la construcción creció solo un 57%, debido a los fuertes retrocesos que sufrió el sector durante cada crisis.
Pobreza
Las constantes y cíclicas crisis económicas que ha atravesado Argentina en los últimos 50 años también han hecho que aumente fuertemente la pobreza, por lo que cada vez son menos las personas que pueden acceder a un techo.
Tras la debacle de 2001/2002 más del 60% de la población cayó bajo la línea de pobreza y, si bien durante los primeros años del kirchnerismo (2003-2015) la economía repuntó fuertemente, cerca del 30% de los argentinos nunca logró mejorar su situación.
En la actualidad, la pobreza supera el 40%, pero la crisis que se vive hoy, aún más profunda que la de hace dos décadas debido al enorme impacto que tuvo la pandemia y la cuarentena que se aplicó para contenerla, hará que esa cifra trepe.
Algunas estimaciones privadas calculan que a fin de año superará el 50%.
La rápida aceleración de la pobreza, que se incrementó un 10% en solo cinco años, y el fuerte aumento del desempleo que trajo aparejado la pandemia, en especial en el sector informal, hizo que incluso quienes vivían en villas miserias (asentamientos de emergencia) se quedaran sin hogar.
"¿A dónde quieren que nos vayamos? No tenemos otra opción. No podemos pagar un alquiler. Acá llegamos y acá nos vamos a quedar", dijo Silvia, de 25 años y una de las personas que se instaló junto con su familia en el terreno de Guernica, a la revista Anfibia.
"Tuve que elegir entre comer o pagar el alquiler", dijo Yanina al medio online Cosecha Roja.
Ella también tiene 25 años y ocupó otro de los lotes del predio tras haber perdido su trabajo como empleada doméstica cuando comenzó la pandemia.
La clase media
Pero no son solo los pobres quienes no pueden acceder a una vivienda en Argentina. También la clase media tiene problemas en un mercado inmobiliario que está dolarizado.
En un país con un histórico problema de inflación y devaluación, el valor de los terrenos y las propiedades se cotiza en moneda estadounidense.
En cambio, los sueldos se pagan en pesos, la moneda que más perdió contra el dólar en todo el mundo tanto en 2018 como en 2019, según la agencia Bloomberg.
Incluso quienes ganan lo suficiente como para ahorrar en dólares están limitados por los controles de capitales impuestos en el último año, que limitan a apenas US$200 mensuales la cantidad que puede comprar cada argentino.
En tanto, el acceso a créditos hipotecarios es muy limitado y quienes los toman deben hacer frente a aumentos atados a la inflación, que en los últimos dos años rondó el 50% anual, con sueldos que no aumentan a la par y que se devalúan mes a mes.
"Desdolarizar"
Para la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, una de claves para resolver el déficit habitacional es "generar la confianza que permita desdolarizar la vivienda".
"No hay ninguna explicación para que el metro cuadrado esté ligado al dólar. Son insumos locales, mano de obra local", aseguró la funcionaria la semana última durante una sesión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado.
Bielsa también resaltó que "existe casi un 50% de viviendas ociosas en relación con la demanda de nuevas unidades".
En ese sentido, sugirió "buscar un mecanismo de estímulo" para que esas unidades habitacionales "se pongan en alquiler".
Pero los críticos del gobierno afirman que medidas oficiales como una nueva ley de alquileres aprobada en junio pasado desincentivan la oferta.
La ley, que busca proteger a los inquilinos, obliga a los propietarios a alquilar por un plazo mínimo de tres años y establece que los aumentos deben ser anuales y no semestrales, como ocurría muchas veces.
Además, esos aumentos ya no pueden calcularse solamente en base a la inflación, como hasta ahora, sino que deben contemplar en igual medida el promedio de los aumentos salariales, que son menores a la inflación.
La norma llevó a que se redujera la oferta de propiedades y que los nuevos contratos aumentaran entre un 10% y un 20% su valor inicial. También aumentó el número de alquileres que se ofertan directamente en dólares.
En tanto, la decisión de extender hasta 2021 las leyes y decretos que prohíben los desalojos, festejada por inquilinos afectados económicamente por la pandemia, también llevó a que algunos dueños decidieran retirar sus propiedades del mercado.
