Los peruanos tienen una cita con las urnas este domingo. El objetivo: votar sobre cuatro reformas a la Constitución. Los proyectos prometen combatir uno de los graves problemas que ha sacudido al país estos últimos años: la corrupción, y además, mejorar el sistema parlamentario.
El actual presidente, Martín Vizcarra, propuso esta consulta después de que IDL-Reporteros y otros medios locales difundieran el pasado julio una serie de audios que develaron toda una telaraña de intercambio de favores en la justicia peruana.
En las grabaciones de conversaciones telefónicas, se escucha a un alto juez que parece negociar la inocencia del violador de una menor, otro que aparentemente pide dinero a cambio de ayudar a alguien a conseguir un puesto, a magistrados que se ponen de acuerdo para viajar a Rusia a ver el Mundial de fútbol o coordinando una reunión con una misteriosa "señora K", entre otros actos sospechosos y aparentes delitos.
Este caso, conocido como "LavaJuez" o "CNMaudios", se sumó a las revelaciones en torno a la trama de sobornos de Odebrecht, que se extiende por varios países de la región y que a Perú afectó especialmente.
El escándalo relacionado con la constructora brasileña causó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y el desarrollo de investigaciones penales contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y los exmandatarios Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En agosto, el presidente Vizcarra presentó varias iniciativas que buscan evitar que estos casos se repitan y un mes después, planteó una cuestión de confianza (un mecanismo constitucional de presión) en el Congreso para que los legisladores las aprobaran, pues consideró que estaban "encalladas".
Bajo esa medida, los parlamentarios acabaron aprobando las propuestas el pasado mes de octubre, dando luz verde para someterlas a consulta popular este domingo.
Los peruanos deberán responder entonces si están de acuerdo o no con cuatro propuestas:
1. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
El CNM es el órgano que elige, ratifica y destituye a los jueces y fiscales en Perú.
Exmiembros de esta institución aparecen hablando en los audios revelados en el caso "LavaJuez".
En las conversaciones, los exfuncionarios parecen negociar sentencias y nombramientos con funcionarios del Poder Judicial.
La reforma constitucional plantea que el CNM pase a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ) y siga designando a los jueces y fiscales, pero después de un concurso público de méritos y de una evaluación personal.
Antes, los miembros del CNM eran seleccionados por votación secreta. De aprobarse la reforma, serían elegidos por concurso público de méritos por una comisión de siete miembros: el Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector de las universidades públicas y un rector de las universidades privadas.
Los elegidos deberán tener al menos 25 años de experiencia jurídica.
En un editorial en agosto, el diario peruano El Comercio cuestionó que la comisión que escogería a los miembros del nuevo CNM incluya a "titulares de algunas instituciones que se han visto manchadas por el escándalo de los audios, como el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación".
Samuel Abad, integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia que propuso estos cambios, considera por su parte que "no hay solución perfecta" y destaca que "en la comisión habrá siete personas, por lo que ni el fiscal ni el presidente del poder judicial tendrán mayoría".
2. Reforma del financiamiento de partidos políticos
Este proyecto busca cambiar el artículo 35 de la Constitución, que actualmente dice: "La ley establece normas orientadas a asegurar (...) la transparencia en cuanto al origen de los recursos económicos (de los partidos) y el acceso gratuito a medios de comunicación social del Estado?".
La propuesta que Vizcarra envío al Congreso, detallaba más los parámetros del financiamiento partidario y planteaba que los partidos rindieran cuentas no solo en campaña, sino también en periodo ordinario, y que recibieran los aportes a través del sistema financiero (bancario).
Proponía prohibirles recibir "aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado".
Pero la modificación que el Congreso está enviando a referendo solo mantiene que los aportes privados a partidos políticos "se realicen a través del sistema financiero" (bancario) y agrega que el financiamiento ilegal reciba no solo sanciones administrativas y civiles, sino también penales, según el expediente digital de la norma.
Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, opina que la reforma del financiamiento de partidos es "consecuencia" del caso Odebrecht.
A raíz de este, la fiscalía investiga a Ollanta Humala por supuestamente recibir US$3 millones de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011, en la que resultó vencedor.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori está procesada y en prisión preventiva por supuestamente recibir US$1 millón de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.
Además, las autoridades investigan al expresidente Alan García y han pedido a Estados Unidos la extradición del expresidente Alejandro Toledo, por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht para adjudicarle obras durante sus gobiernos.
3. No reelección de congresistas
La reforma que quiere implementar Vizcarra prohibiría la reelección inmediata de los parlamentarios.
Una razón para sustentar esta medida es que como la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la República está prohibida, se les debería consultar a los peruanos si quieren que suceda lo mismo con los parlamentarios, que también son elegidos por el pueblo.
La propuesta que Vizcarra envió al Congreso también sostiene que la prohibición de la reelección busca "la transparencia de los cargos de elección popular".
Además, cita un informe del Ministerio de Justicia que dice que "la reelección consecutiva trae desventajas como el enquistamiento nocivo de las élites en el poder".
Sin embargo, García Toma opina que esta iniciativa es "fundamentalmente demagógica" porque "recoge el rechazo (de la población hacia el Congreso)".
Solo un 8% de los peruanos confía en el Congreso, según el Latinobarómetro de 2018.
Pero prohibir la reelección "no es una solución, que pasaría por la reforma de los partidos políticos, del sistema electoral", señala García Toma.
La no reelección "está funcionando como una revocatoria del mandato que va a tener efectos negativos", opina por su parte Milagros Campos, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, a BBC Mundo.
García Toma reconoce que "hay malos parlamentarios", pero que prohibir la reelección congresal "recortaría el derecho de la ciudadanía a renovar la confianza a los buenos parlamentarios".
"Es como pretender acabar con la rabia a través del exterminio de todos los perros", dice a BBC Mundo.
4. Bicameralidad
Perú dejó de tener una Cámara de senadores y otra de diputados en abril de 1992, cuando acabaron disueltas con el autogolpe de Alberto Fujimori.
Al año siguiente, la Constitución de 1993 estableció que el país pasaría a tener un solo órgano legislativo.
El equipo de Vizcarra plantea retomar el bicameralismo en la cuarta propuesta enviada al Congreso.
Una de las razones que expone es que con los sistemas bicamerales "se aprueban leyes de mejor calidad, ya que la Cámara de Senadores actúa como revisora de la Cámara de Diputados (...), hay un parlamento más representativo, se asegura un porcentaje de representantes de calidad, y se procura mayor control político".
El proyecto también se refiere a la impopularidad del Congreso como un motivo para "repensar" el modelo unicameral.
"La crisis de legitimidad del Congreso se caracteriza por el grave deterioro de las funciones de legislación, fiscalización...", que mejorarían con el nuevo sistema.
Pero el Congreso modificó varios detalles de la propuesta original de Vizcarra y el Ejecutivo rechaza ahora la nueva versión, que es la que llega este domingo a las urnas.
Uno de los cambios tiene que ver con la misma cuestión de confianza que Vizcarra usó para que el Congreso aprobara las reformas.
Cuando el Legislativo niega la confianza dos veces, el presidente queda facultado para disolverlo.
La versión modificada del proyecto de bicameralismo del Congreso indica que "no procede cuestión de confianza con respecto de iniciativas legislativas", entre otras limitaciones.
Para Samuel Abad, la alteración "es una forma de los congresistas de decirle al presidente 'nunca más me vuelves a hacer lo que hiciste'" "y evitar que los puedan disolver".
