Un nuevo dirigente venezolano se suma a la lista de "delincuentes" más buscados por Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de US$5 millones por información que conduzca a la captura o enjuiciamiento de Maikel Moreno, presidente del Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, y su esposa, Debora Sacha Menicucci Anzola.
Washington lo considera parte de redes internacionales de corrupción y crimen organizado, y sumó su nombre al de otros altos cargos de Venezuela por los que ofrece cuantiosas recompensas, entre ellos el propio presidente, Nicolás Maduro.
El pasado marzo, el Departamento de Justicia ofreció US$15 millones por la captura del mandatario, al que acusa de delitos de narcoterrorismo, mientras que al vicepresidente de Asuntos Económicos, Tareck El Aissami, se le reclama por narcotráfico.
Moreno rechazó las acusaciones y reprochó a Estados Unidos intentar "subvertir la institucionalidad democrática" mediante "manipulaciones y mentiras".
De qué se acusa a Maikel Moreno
Ya cuando se anunció la recompensa por Maduro, el Departamento de Justicia incluía a Moreno en su lista de dirigentes venezolanos supuestamente corruptos.
La Fiscalía estadounidense presentó entonces cargos ante un tribunal de Florida por lavado de dinero.
En el comunicado emitido por Pompeo se dice que durante los últimos años, Moreno se ha valido de su posición como presidente del Tribunal Supremo de Justicia para recibir sobornos en metálico o propiedades a cambio de que influyera en decisiones judiciales, como el archivo de casos o la puesta en libertad de detenidos.
Quién es Maikel Moreno
Ahora presidente del cuestionado TSJ, Moreno es una de las autoridades más polémicas.
Últimamente ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Venezuela por las sentencias del organismo que preside, que en los últimos meses ha suspendido a la junta directiva de los principales partidos opositores.
Muchos observadores han tachado esas decisiones como un intento del gobierno de Maduro de descabezar a la oposición de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Pero la figura de este doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Santa María de Caracas ha sido controvertida desde sus inicios en la dirigencia chavista.
El 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.
Su nombramiento generó controversia por el pasado de Moreno, que fue acusado del asesinato de una mujer en Bolívar, estado del sur de Venezuela, mientras trabajaba como miembro de la policía política, hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y pasó por ello dos años en la cárcel.
Tras conseguir beneficios penitenciarios y reincorporarse al cuerpo policial, fue relacionado con la muerte de un hombre en un tiroteo en 1989, aunque finalmente fue exculpado.
También fue desestimada la acusación vertida por el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, quien lo señaló en 2007 por formar parte de la denominada Banda de los Enanos, una organización que supuestamente opera en el sistema judicial y ha sido mencionada en varios casos de corrupción.
Moreno estuvo en el foco a mediados de 2019, cuando, el enviado para Venezuela del gobierno de EE.UU., Elliott Abrams, lo señaló como uno de los altos cargos que habían conspirado para derribar a Maduro.
Según Abrams, Moreno y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se habían comprometido a apoyar el golpe de Estado lanzado por el líder opositor Juan Guaidó para "restaurar la democracia".
Tanto Padrino como Moreno negaron tener nada que ver con aquel intento de derribar a Maduro.
Moreno desde entonces se ha mantenido como presidente de un TSJ cuyas decisiones de forma sistemática favorecen las posiciones del gobierno.
