El 16 de abril, en el municipio de Tumaco, en el pacífico sur colombiano, fue asesinado Luis Alberto Ortiz Cabezas (nombre de guerra: Pepe), miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien había sido indultado en el marco de los acuerdos de paz que ese grupo insurgente firmó con el gobierno a fines de 2016.
BBC Mundo se contactó con la Zona Veredal Ariel Aldana (una de las 26 áreas en las que las FARC se están concentrando mientras se preparan para reintegrarse a la vida civil y dejar las armas), en Tumaco, a la que se había trasladado Ortiz Cabezas tras ser puesto en libertad a fines de marzo.
Según la información que desde allí entregaron, el hombre, de unos 29 años, era miliciano de base -no guerrillero-, es decir que no se encontraba en campamentos como los combatientes, sino mezclado con la sociedad civil mientras estuvo activo.
Hacía 5 años que era miembro del grupo guerrillero y hacía 2 que había sido capturado y puesto en prisión.
Era padre de dos hijos menores de edad.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) le dijo a BBC Mundo que el hombre, que ellos tienen registrado como Luis Álvaro (no Alberto) Ortiz Cabezas, había sido detenido el 30 de abril de 2015 y recluido en la cárcel de Villahermosa, en la ciudad de Cali, el 15 de mayo de ese año, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.
Hubo algo de confusión respecto a su identidad; varios medios colombianos publicaron la imagen de un guerrillero afrocolombiano como si fuera Ortiz Cabezas, pero esa imagen es de Ariel Aldana, quien murió hace unos años y le da el nombre a la zona veredal de Tumaco.
Ortiz Cabezas es el de la foto que abre esta nota, tal como pudo confirmar BBC Mundo.
"Narco paramilitar"
Fue asesinado cuando visitaba a su familia, dijeron desde la Zona Veredal Ariel Aldana, tras pedir permiso para salir en Semana Santa.
El homicidio ocurrió el domingo 16, un día antes de que tuviera que regresar a esa zona veredal.
El grupo guerrillero señaló como responsable de su asesinato a un hombre que utiliza el alias de Renol, al que denominan "narco paramilitar" y al que acusan de amenazas y otros asesinatos en Tumaco.
Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las FARC, señaló que aunque tienen convicción de que la información de que fue Renol el responsable es veraz: "Aspiramos a que la investigación de la Fiscalía y las autoridades lleven a esclarecer el autor y los móviles".
En función de eso, agregó que no quieren decir por ahora, hasta que no se conozcan más detalles, que se trata del inicio de algo sistemático.
No está claro si Ortiz Cabezas le pidió permiso para salir sólo a las FARC o al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del cese el fuego y de hostilidades bilateral (MMV), compuesto por el grupo guerrillero, el gobierno y Naciones Unidas, como se supone que está establecido.
El MMV todavía está investigando el hecho y determinando su competencia en este caso, aunque desde esa entidad le dijeron a BBC Mundo que se trata del incidente más grave que han registrado desde la llegada de las FARC a las zonas veredales en febrero de 2016.
El gobierno dice que no se puede seguir hablando de paramilitares (que se desmovilizaron a mediados de la década de 2000), sino de bandas criminales, grupos armados organizados, o lo que algunos prefieren denominar grupos posdesmovilización paramilitar.
Respuesta estatal
La Defensoría del Pueblo de Colombia calificó de este modo el homicidio: "Este es un hecho que, independiente de las causas o el contexto en el que haya ocurrido, reviste una profunda gravedad".
Las autoridades recién han comenzado las investigaciones del caso y no han nombrado sospechosos, aunque las FARC ya hayan señalado a quien creen culpable.
La Fiscalía anunció que envió un equipo especializado a la zona y tiene tiene abiertas algunas líneas de investigación, según informó el jefe de ese organismo, Néstor Humberto Martínez.
Martínez agregó: "Es deber de todo el Estado colombiano asegurar la integridad de los desmovilizados de las FARC en medio del proceso de reconciliación y, en cualquier caso, impedir que haya impunidad respecto de cualquier atentado en relación con alguno de sus miembros".
"Tumaco es una bomba"
"¿Cuántos muertos más habrá que esperar para que en Tumaco empiecen a aplicarse los consensos de garantías de seguridad establecidos en el acuerdo final (de paz)?", se preguntan las FARC, en referencia al punto de lo pactado que contempla la protección de los rebeldes desmovilizados.
Por su parte, la Defensoría advirtió: "Los atentados contra la vida e integridad personal de estas personas socavan las bases sobre las cuales se encuentra marchando el proceso de construcción de paz que en la actualidad cursa en el país".
Eduardo Álvarez, director de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) lanzó la siguiente advertencia en conversación con BBC Mundo: "Tumaco es una bomba".
Explicó que en ese municipio han aparecido nuevos actores ilegales, una combinación de desertores y disidencias de la guerrilla y grupos criminales, que se están disputando el poder en una región que concentra una gran producción de coca y cocaína.
"En zonas rurales de Tumaco circulan personas armadas, encapuchadas", agregó.
Por su parte, Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las FARC, señaló que "indudablemente esa zona en este momento es una de las de mayor conflictividad en el país, no solamente por la presencia del narcotráfico y al paramilitarismo, sino por la conflictividad social a raíz de las operaciones de erradicación forzosa".
El día del asesinato de Ortiz Cabezas, de hecho, hubo otros homicidios en el municipio.
Sin embargo, Lozada afirmó que "no conocía ninguna versión en ese sentido".
Hay versiones provenientes de la zona que sugieren que otros tres exmiembros de las FARC, que habían abandonado el grupo y decidido no sumarse al proceso de paz, estuvieron entre las víctimas; incluso que habrían estado en contacto con Ortiz Cabezas, de quién habrían sido amigos.
De confirmarse esta versión, no haría más que consolidar las sospechas de que en Tumaco la implementación del proceso de paz enfrenta serias dificultades.
Álvarez no duda que la situación es grave: "Estamos en el prolegómeno del fracaso de la implementación del proceso allá en Tumaco".
El director de la FIP cree, como la Defensoría y las FARC, que no hay suficientes garantías allí para la seguridad de los guerrilleros y sus familias, lo que desde el inicio de las negociaciones de paz ha sido una gran preocupación, que no se ha disipado, de la guerrilla y los hombres y mujeres en sus filas.
