El presidente cesado de Cataluña, Carles Puigdemont, sorprendió a muchos al comparecer el martes ante medios de comunicación de todo el mundo desde Bruselas, la capital de la Unión Europea en Bélgica.
Llegó allí en secreto, sin que ni siquiera altos cargos de su propio partido supieran su paradero, como ellos mismos admitieron.
Y lo hizo solo un día después de que la fiscalía general de España lo acusara de los delitos de sedición, rebelión y malversación, que pueden comportar hasta 30 años de cárcel, por la organización del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de Cataluña del viernes 27.
El expresidente catalán, expulsado de su cargo por el gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución española, está llamado a declarar este jueves en condición de investigado ante la Audiencia Nacional en Madrid.
Pero en un acto de desafío a las autoridades españolas, Puigdemont se declaró presidente "legítimo" de Cataluña y aseguró que en España no tiene "garantías" de un juicio justo.
Mientras, el también exalcalde de Girona ha contratado los servicios de Paul Bekaert, un abogado belga especializado en derechos humanos que en el pasado ha representado a personas vinculadas a la banda separatista vasca ETA en casos de extradición a España.
En medio de especulaciones sobre si Puigdemont pediría asilo en Bélgica (una opción que el mismo rechazó el martes) y de si comparecería o no ante el tribunal, Bekaert aseguró que el expresidente catalán no irá a declarar ante la Audiencia Nacional.
"No va a ir a Madrid y sugiero que lo interroguen aquí en Bélgica. Es posible", aseguró Bekaert a la agencia AP, añadiendo que hay provisiones en la ley que lo permiten.
Pero de momento, Puigdemont no está huido ni es un prófugo de la Justicia española. Y, según aseguró el mismo, al menos el martes por la noche aún no había recibido la citación judicial correspondiente.
"Me tengo que enterar por la prensa", criticó.
"La conciencia muy tranquila"
Puigdemont compareció el martes en Bélgica junto con otros exmiembros del gobierno catalán. Cuatro de ellos han pedido también declarar desde la capital belga, según fuentes citadas por la agencia catalana ACN.
Algunos volvieron a Barcelona ese mismo día.
Aunque algunos consejeros de su gobierno cesado, también acusados de los mismos delitos, han relatado durante la mañana de este miércoles que han recibido las citaciones, ninguno de ellos forma parte del grupo que viajó con Puigdemont a Bruselas.
"He recibido la notificación. ¿El Estado de Derecho y la Democracia española es esto? Trabajemos entre todos los demócratas para restaurar la democracia", aseguró el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras.
"A las 10.30 de hoy he recibido la citación para estar en menos de 24 horas en la Audiencia Nacional. Estado de Derecho. La conciencia muy tranquila", tuiteó Jordi Turull, exconsejero de la presidencia.
¿Qué pasa si el expresidente catalán no comparece ante la Audiencia Nacional?
La fiscalía ya pidió en sus dos querellas contra los miembros del gobierno y de la Mesa del Parlamento catalán que en caso de no comparecer se procediera a su "inmediata detención".
Es algo que tiene que decidir la juez que se ha hecho cargo del caso, pero si se admite la petición del fiscal, ¿qué podría pasar después?
En territorio de la Unión Europea existe lo que se conoce como órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), denominadas también euroórdenes.
Esta regulación, que entró en vigor en 2004, redujo los motivos para denegar la extradición y suprimió el principio de doble incriminación (que el delito debe existir en los dos países, el que hace la petición y el país donde está la persona) en caso de algunos delitos, aunque no los de rebelión y sedición, dos de los que se le achacan a Puigdemont.
Esta euroorden incluye la "búsqueda, captura, detención y entrega" de la persona que se reclama, le explica a BBC Mundo Anna Terrón, presidenta de Instrategies, un think tank especializado en asuntos internacionales y europeos con base en Barcelona.
Según Terron, la autoridad receptora no puede negarse a las tres primeras acciones y, en principio, tampoco puede negarse a la entrega si el delito contempla una pena superior a los 12 meses, lo cual en el caso de Puigdmont y sus exconsejeros se supera con creces ese plazo.
Un juez tiene que escuchar a la persona que se reclama y tiene que tomar una decisión en un plazo máximo de 60 días.
Según Terrón, la norma general es reconocer las decisiones de los Estados miembros, aunque puede haber consideraciones que hagan que la entrega no sea efectiva.
Si los reclamados no aceptan su entrega, entonces la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que tendría que decidir en 15 días, explica la agencia Efe.
Esta decisión también se puede recurrir, en cuyo caso el tema llegaría a la Corte de Casación belga.
Además, según Efe, cabe la posibilidad de que el juez instructor considere que la información que contiene la orden de detención no sea suficiente y pida información complementaria.
La ley belga contempla rechazar la orden si hay razones para creer que su ejecución puede vulnerar derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
Puigdemont dejó bien claro en su comparecencia que no confía en la imparcialidad de la Justicia española y no cree que pueda tener un juicio justo.
Y si no recibe la citación, esto podría complicar el procedimiento a las autoridades españolas.
"Él no ha sido notificado personalmente. Tendrían que verificar que no está aquí (en España)", le dice a BBC Mundo Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.
"No lo pueden detener. Él está fuera de España legítimamente. Ya estaba fuera desde antes de que lo citaran a declarar", dice el experto.
"Para que lo detengan, tiene que negarse a ser citado", abunda.
El abogado de Puigdemont, por su parte, ya ha dicho que han decidido "impugnar cualquier extradición ante el tribunal".
Los acontecimientos se han sucedido de forma frenética en los últimos días, muchas veces sorprendiendo a propios y extraños, por lo que es imposible hacer un pronóstico de lo que puede suceder ahora.
Ni siquiera ha trascendido el lugar en el que se encuentra este miércoles Puigdemont o si continúa en Bruselas.
Pero mientas las consecuencias de la declaración de independencia se dirimen en el terreno judicial, los principales partidos independentistas han confirmado que participarán en las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el gobierno español en aplicación del artículo 155, el utilizado para amparar la intervención de la autonomía de Cataluña.
