Es posible que dos de las últimas personas fueran Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, ejecutados en Irán a finales de enero de este año.
Karimpour tenía 32 años y Mohammadi 29. Fueron acusados de sodomía por las autoridades iraníes, por lo que pasaron seis años en el corredor de la muerte, según el grupo Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRAI, por sus siglas en inglés), que informa sobre abusos y violaciones de los derechos humanos en el país.
La horca les esperaba el 30 de enero en la ciudad de Maragheh, a unos 500km al noroeste de Teherán.
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La dificultad para obtener datos oficiales hacen difícil saber si Mehrdad y Farid son las víctimas más recientes, pero lo que sí es probable es que no serán las últimas.
El pasado mes de septiembre, dos mujeres lesbianas, Zahra Sedighi-Hamadani and Elham Choubdar, fueron condenadas a muerte también en Irán acusadas de "corrupción en la tierra" y tráfico de personas. Por el momento se desconoce cuándo se ejecutará la sentencia, que ha sido condenada por la ONU.
En el Estado de Bauchi, en el norte de Nigeria, un tribunal islámico condenó en julio a tres hombres a morir lapidados por mantener relaciones homosexuales, aunque tampoco se sabe nada sobre la posible ejecución o no de la sentencia.
Mantener relaciones sexuales consensuadas con una persona de tu mismo sexo puede ser castigado con la pena capital en once países del mundo, según diferentes asociaciones y organizaciones de derechos humanos.
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El "delito" adquiere diferentes nombres según el país, que lo puede considerar un "crimen antinatural", "sodomía" o "actos homosexuales". El castigo también se ejecuta de diferentes formas: horca, decapitación o lapidación.
En algunos casos, solo se aplica a los hombres.
En seis países -Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen- existe la certeza legal de que la pena capital es el castigo prescrito por ley para los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo. Así lo recogen sus respectivos códigos penales, aunque, en el caso de Nigeria, solo en 12 de los estados del norte del país y, en el de Brunei, actualmente se aplica una moratoria.
En otros cinco más -Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalia y Emiratos Árabes Unidos-, la pena de muerte es una posibilidad, debido a su interpretación de la sharía o ley islámica, aunque no es una certeza legal y podría ser contestada, según el informe "Homofobia de Estado" de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
Irán y Arabia Saudita
Irán y Arabia Saudita son los países que la aplican con más frecuencia, según explica a BBC Mundo Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA World. Sin embargo, de los países que la imponen, es difícil saber cuántos la llegan a llevar a cabo.
Además de las víctimas iraníes, existen datos de que en abril de 2019, al menos cinco hombres fueron ajusticiados en Arabia Saudita por mantener relaciones sexuales consentidas. Formaron parte de una ejecución masiva coordinada en espacios públicos de todo el país en la que murieron 37 hombres.
La mayoría fueron acusados de ser espías o terroristas que trabajaban para Irán, una acusación que ILGA y otras organizaciones considera que deriva de su presencia en una protesta antigubernamental en 2012. Según documentos a los que tuvo acceso la CNN, uno de los hombres condenados por homosexualidad confesó bajo tortura haber mantenido relaciones con los otros cuatro.
Es frecuente, aseguran desde las asociaciones, que los cargos por mantener relaciones homosexuales se mezclen con otros.
La complejidad de los datos
Aunque las asociaciones que defienden los derechos de este colectivo acaban enterándose de arrestos o de casos de personas que son procesadas, lograr hacerse con pruebas de la aplicación de estas sentencias no es nada fácil.
"Conseguir datos rigurosos es muy difícil porque la cobertura mediática puede ser muy limitada, los registros oficiales o no existen o son muy difíciles de obtener", explica a BBC Mundo Alistair Stewart, jefe de Defensa e Investigación de Human Dignity Trust, una organización con sede en Londres que proporciona apoyo jurídico a activistas y asociaciones locales.
A esto se suma que "las organizaciones LGTBI y de derechos humanos que monitorizan estos casos suelen tener poquísimos recursos y se encuentran bajo tanta presión que no pueden mantener un registro actualizado y fiable", añade Stewart.
La cifra de países que imponen la pena capital a personas homosexuales ha descendido en las últimas décadas, pero en los años más recientes se ha mantenido prácticamente estable.
Sudán reformó en 2020 su legislación penal y ha dejado de condenar con la pena de muerte la homosexualidad.
Sin embargo, Brunei introdujo este castigo en 2019 aunque, debido al clamor internacional que generó, el sultán anunció una moratoria un mes después. Esta suspensión es, sin embargo, "de facto pero no "de jure", es decir, se aplica de hecho pero sigue en la ley, por lo que podría ser revocada en cualquier momento. La moratoria, como apunta Human Rights Watch en un informe sobre Brunei, "está sujeta al capricho político, y podría levantarse en cualquier momento".
Luego están los países con zonas en conflicto, "como pueden ser Afganistán o Irak, donde, dependiendo de quién esté en el poder, aunque la pena de muerte no sea una opción legal, puede llegar a usarse", analiza Alistair Stewart.
Ejemplos de ello son el secuestro, tortura y asesinato de un estudiante de medicina gay en Afganistán el pasado mes de octubre a manos de una patrulla talibán, o las purgas gays en Chechenia en 2017 y 2019, en las que murieron varias personas. En 2016, el autoproclamado Estado Islámico también ejecutó a 25 hombres por ser homosexuales.
Países que castigan la homosexualidad
Más allá de la pena capital, 68 países del mundo prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, con sentencias que van desde unos pocos meses a muchos años de prisión, o incluso castigos corporales como flagelaciones públicas.
Sin embargo, se trata de una cifra que, según Julia Ehrt, se reduce cada año.
"Existe una progresión en cuanto a la penalización, la situación va mejorando, y esta es una tendencia que hemos visto en los últimos años e incluso décadas", explica la directora ejecutiva de ILGA World.
En la última década, 16 países han dejado de perseguir la homosexualidad, entre ellos Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Angola, Mozambique y, el más reciente, Singapur.
El Caribe, por ejemplo, es la única región de todo el continente americano donde aún quedan países que castigan las relaciones homosexuales aunque, como afirma Alistair Stewart, "en cada uno de ellos hay casos legales activos que impugnan esas leyes, por lo que en unos cinco años podría no quedar ningún país que criminalice a las personas LGTBI en toda América".
Latinoamérica, de hecho, "está en la vanguardia de los derechos LGTBI", reconoce Julia Ehrt.
En la dirección opuesta se ha movido, sin embargo, Indonesia, un país en el que, con la excepción de los territorios en los que se aplica la sharía, como Sumatra y Banda Aceh, no castigaba las relaciones LGTBI.
Sin embargo, la reforma del código penal aprobada a principios del mes de diciembre, que prohíbe el sexo fuera del matrimonio, afecta de lleno a las relaciones homosexuales ya que no existe en matrimonio gay en ese país.
Según el recuento que hace ILGA, 63 Estados miembros de la ONU tienen actualmente leyes que condenan la homosexualidad, a lo que hay que sumar dos territorios que no son independientes: Gaza y las Islas Cook. Además, otros dos países, Egipto e Irak, la castigan "de facto". Indonesia es el número 68, aunque aún no está claro cómo será interpretada la nueva legislación.
Panorama desigual
Aunque las asociaciones coinciden en que hay una mejora a nivel mundial en cuanto a los derechos de las personas LGTBI, el panorama es desigual.
En África, donde 35 países aún criminalizan las relaciones homosexuales, "y que es percibido como uno de los lugares más complicados para las personas LGTBI, incluso allí ha habido una mejora real", señala Stewart, quien menciona los casos de Angola, Leshoto, Botswana, Mozambique y Seychelles, países que han dejado de castigar la homosexualidad.
Sin embargo, Ghana, donde ya es ilegal, está considerando una nueva ley que va aún más lejos, y que podría prohibir no solo las relaciones homosexuales sino el simple hecho de manifestarse gay o manifestar apoyo por el colectivo LGTBI. Si saliera adelante, familiares, empleadores, caseros o amigos de personas homosexuales podrían ser condenados si no los denuncian ante las autoridades.
Incluso en regiones donde no se persigue la homosexualidad y donde las personas LGTBI tienen sus derechos asegurados, se percibe una regresión en el clima social.
Según apunta Julia Ehrt, la rama europea de ILGA empezó a observar un deterioro de la situación en el ranking que anualmente elabora de los países que pertenecen al Consejo de Europa, "y que solo tiene en cuenta la situación legal, así que sobre el terreno puede que sea diferente y que empeorara incluso antes".
Ehrt cita como ejemplos "un mayor escrutinio de las comunidades trans en EE.UU. y en Reino Unido, o de las personas LGTBI en países como Polonia y Hungría".
A ello se suma Rusia, donde una nueva ley amplía las restricciones ya existentes sobre las actividades que se perciben como "propaganda LGTBI".
Esto se enmarca, según Alistair Stewart, en el auge mundial de cierta derecha que tiene como piedra angular de su ideología la oposición a los derechos de las personas LGTBI.
Aunque las circunstancias legales o sociales sean muy distintas en los diferentes países, argumenta el activista de Human Dignity Trust, quienes se oponen la los derechos LGTBI utilizan la misma retórica y argumentos, y eso se ve en que la ley que se está considerando en Ghana tiene aspectos muy similares a la que se ha aprobado en Rusia, No son incidentes aislados".
