Argentina vive estos días una situación inédita en muchos años: gobierno y oposición están de acuerdo en algo, el rechazo al polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido popularmente como el 2x1.
Este miércoles están llamados a concentrarse en la emblemática Plaza de Mayo y frente al Palacio de Justicia, en Buenos Aires, para protestar contra la resolución judicial que acortó la pena de un exrepresor que actuó durante el último régimen militar en el país.
Quienes protestan consideran que el fallo es inconstitucional y es sumamente peligroso porque podría dejar en libertad a muchos otros exrepresores que hoy están en la cárcel.
Lo curioso es que tanto el gobierno como la oposición, al igual que todos los grupos de derechos humanos y gran parte de la población -de distintos bandos políticos- se han unido en rechazar este dictamen de la Corte.
Aquí te explicamos en detalle de qué se trata la polémica.
¿Qué es el 2x1?
El 2x1 es una ley que existió en Argentina entre 1994 y 2001 con el objetivo de reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme.
La ley -formalmente la 24.390- indicaba que pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención.
Es decir, que todos los años que un detenido pasaba preso sin condena firme a partir del tercer año de detención valían por dos cuando se le diera la sentencia final.
¿Por qué hay polémica ahora?
Aunque la ley fue derogada hace 16 años, el pasado 3 de mayo la Corte Suprema de Justicia decidió que era aplicable en el caso de Luis Muiña, un exrepresor.
Muiña es un civil que fue detenido en 2007 y condenado en 2011 a 13 años de prisión por haber participado de un grupo paramilitar que torturó a personas en 1976, durante el último régimen militar.
De esta forma la Corte consideró que el 2x1 era aplicable en un caso de violación a los derechos humanos y no solo para delitos comunes.
Y redujo la pena de Muiña, que ya gozaba de libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena el año pasado.
La sentencia fue aprobada por tres de los cinco miembros del máximo tribunal: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, votaron en contra, considerando que en casos de crímenes de lesa humanidad no puede aplicarse el beneficio para rebajar la pena.
¿En qué se basó el fallo?
Los jueces de la Corte Suprema que votaron en mayoría decidieron que a Muiña le correspondía la aplicación de algo llamado el principio de la ley más benigna.
Se trata de un artículo del Código Penal que establece que "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna".
Los tres magistrados consideraron que como la desaparición forzada de personas es un delito permanente, a Muiña le cabía la aplicación de la ley más favorable a él entre la comisión del delito -en 1976- y la actualidad.
¿Por qué preocupa tanto a las organizaciones de DD.HH. (y a muchos otros) esta sentencia?
Organizaciones de derechos humanos, pero también otros en la sociedad civil, temen que se use como precedente para liberar o reducir las penas de otros exrepresores apresados.
Según el diario La Nación, hay 750 militares y policías que están presos sin condena firme, "lo que los habilitaría para pedir el beneficio del 2x1 y el acceso a la libertad condicional, una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta".
Por su parte, la Procuración General estimó en un informe que cerca de 300 exrepresores podrían verse beneficiados por este fallo.
¿Por qué muchos acusaron al gobierno de estar detrás de esta sentencia de la Corte?
Dos de los tres jueces supremos que dictaron el fallo -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- fueron elegidos por el gobierno de Mauricio Macri.
Es por eso que muchos acusan al gobierno de estar detrás de la decisión.
Macri incluso trató de nombrarlos a través de un decreto, apenas asumió en 2015, pero tras el escándalo que generó esa decisión dio marcha atrás y presentó sus pliegos de manera formal al Senado.
Esa Cámara, que es controlada por el bloque PJ (peronismo)-Frente para la Victoria (kirchnerismo), avaló las designaciones en junio de 2016, con el respaldo de esos dos partidos.
La antecesora de Macri, Cristina Kirchner (2007-2015), agregó leña al fuego acusando al gobierno de estar detrás de la sentencia.
"Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior", escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter, citando una nota publicada en el diario Páginas 12.
El comentario provocó muchos apoyos pero también críticas de quienes afirmaron que la declaración era una admisión de que su gobierno presionó a la Justicia.
¿Qué dice el gobierno del 2x1?
Al conocerse el fallo, los voceros del gobierno dijeron que respetaban las sentencias del máximo tribunal e hicieron hincapié en que ellos -a diferencia del kirchnerismo- se mantenían independientes del Poder Judicial.
Pero a medida que crecía la indignación con el fallo, los máximos referentes del macrismo empezaron a tomar distancia y se expresaron en los medios en contra de la sentencia.
"Un fallo de 2x1 en ningún escenario me parece bueno", dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien consideró que el beneficio no debía aplicarse para delitos de lesa humanidad.
Aclaró, no obstante, que las decisiones de la Corte Suprema había que cumplirlas y no cuestionarlas.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue aún más categórico. Dijo que el 2x1 "es un símbolo de impunidad en la Argentina".
No obstante, los funcionarios estimaron que solo un puñado de exrpresores podrían beneficiarse con este fallo.
Además, el bloque oficialista en el Congreso presentó un proyecto de ley para "acotar" la aplicación del beneficio del 2x1 a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la ley (1994-2001).
La propuesta prohíbe el 2x1 en casos de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
La norma fue aprobada el martes en tiempo récord por la Cámara de Diputados -con el voto de todos los legisladores con excepción de uno- y este miércoles será sancionada por el Senado.
¿Cuales han sido concretamente las repercusiones del fallo?
Hasta el momento, cerca de medio centenar de exrepresores presos han pedido el beneficio del 2x1.
Entre ellos hay algunas figuras emblemáticas del último régimen militar como el excomisario Miguel Etchecolatz, el excapellán de la policía bonaerense Christian von Wernich y Juan Antonio Azic, apropiador de la diputada Victoria Donda.
Sin embargo, por el momento ningún juez ha dado lugar a un pedido.
Algunos magistrados consideran que el fallo de Muiña no aplica en otros casos.
Otros argumentan que los fallos de la Corte Suprema no son de aplicación obligatoria para las instancias más bajas.
Y también hay quienes sostienen que el 2x1 es inconstitucional.
En tanto, los medios locales informaron que no es la primera vez que la Corte Suprema aplicó el beneficio del 2x1 en casos de lesa humanidad.
Hubo al menos un fallo en el mismo sentido y no obstante no sirvió de precedente para liberar a otros presos.
¿Qué pasará ahora?
Se prevé que la marcha de este miércoles, convocada por los organismos de DD.HH., agrupe a diversos sectores de la sociedad aunados en su rechazo al fallo.
Se espera fuerte presencia de dirigentes de la izquierda, del peronismo y de los sindicatos.
La movilización estará encabezada por Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y Abuelas de Plaza de Mayo.
El acto en Plaza de Mayo tendrá un momento de fuerte simbolismo: las Madres dieron su permiso para que se invite a los presentes a colocarse un pañuelo blanco en la cabeza, el símbolo de esa agrupación.
Será "en representación de los 30.000 (desaparecidos) y toda una sociedad que tiene Memoria", afirmaron.
En tanto, se prevé que continúen los intentos por revertir el fallo de la Corte.
Algunas iniciativas contemplan hacerle juicio político a los tres jueces supremos que lo aprobaron.
Otros, desde la oposición, anunciaron que demandarán al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, la justicia de la provincia de San Juan declaró inconstitucional la aplicación del 2x1, lo que podría repetirse ahora en otras instancias judiciales.
