Patrullan cientos de pueblos y decenas de ciudades. Rescatan personas en huracanes o sismos, son jefes de corporaciones policiales y hasta auxilian en accidentes viales.
Se trata de soldados y marinos, quienes desde hace por lo menos 22 años realizan labores de seguridad pública en todo México.
Se trata de una tarea que legalmente no deberían hacer. Su presencia en las calles se debe a una orden presidencial de hace décadas.
En los últimos años el tema se convirtió en uno de los más controvertidos del país, especialmente después que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a carteles de narcotráfico.
Las denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos de las fuerzas armadas se incrementaron. En el debate hizo renacer la idea de la necesidad de regularizar la presencia militar en las calles.
Pero ahora que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior que pretende establecer reglas para la actuación de las fuerzas armadas en tareas policiales, la polémica se incrementó.
Muchos se preguntan si la legislación que llega 22 años después del primer despliegue de soldados como policías, podrá disminuir la violencia creciente en el país.
"Nada cambiará", dice Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Todo seguirá más o menos en lo mismo", le dice a BBC Mundo.
Y es que, ante la violencia que no cesa en decenas de ciudades mexicanas, la única alternativa de seguridad son los militares y la Policía Federal, coinciden las autoridades locales.
En cambio, otros como el colectivo Seguridad sin Guerra creen que la nueva ley promoverá la militarización del país.
Historia
¿Es cierto México se encamina se está militarizando? No está claro. Según especialistas el Ejército siempre ha tenido presencia en las calles del país.
Su concepción original fue para custodiar más la seguridad interior del país que para enfrentar una amenaza externa, explica Benítez Manaut.
"Nunca ha estado pensado para la seguridad exterior excepto muy contados momentos como la Segunda Guerra Mundial", dice el especialista.
En ese período el gobierno mexicano envió al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea a combatir en Japón.
Pero el resto del tiempo el trabajo de las fuerzas armadas se ha desarrollado dentro del país, aunque no en la forma extensa ni en tareas específicas de seguridad pública como sucede desde hace 22 años.
En 1995, durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, se sustituyó a todos los agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) por elementos de la Policía Militar.
La idea era combatir la corrupción y vínculos de los policías con carteles de narcotráfico. Pero la solución resultó controvertida.
Cientos de militares fueron cooptados por las organizaciones criminales que combatían.
El caso más conocido son Los Zetas, el brazo armado del Cartel del Golfo e integrado originalmente por exmilitares de élite entrenados por el gobierno de Estados Unidos.
Los fundadores de la banda -que luego se convirtió en uno de los carteles más violentos de la región- fueron detenidos o abatidos en combates con fuerzas armadas.
Vacío legal
Pero en el camino surgió otro problema. Cada vez con más frecuencia, soldados y marinos se involucraron en combates de alta intensidad contra sicarios.
Batallas en las que la mortalidad de los militares era superior a los de sus adversarios, según documentaron organizaciones civiles y el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE).
Hasta ese momento las fuerzas armadas actuaban en el país sin regulación específica alguna, "ni para bien ni para mal" apunta Benítez Manaut.
Existía un vacío legal. Por un lado, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece como su obligación central "defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación".
Es decir, proteger al país de amenazas del exterior, una tarea de seguridad nacional. Pero en la práctica sus tareas principales eran combatir a la delincuencia organizada.
Lo hacían por orden del presidente de la República, legalmente el único autorizado para ordenar el despliegue de las fuerzas armadas.
Desde hace 22 años una de las principales tareas asignadas al Ejército fue atacar el narcotráfico, que a partir de 2006 incrementó exponencialmente su capacidad de fuego, según datos oficiales.
Además, recuerda el senador Roberto Gil Zuarth, se estableció en las leyes el delito de delincuencia organizada, definido como un riesgo para la seguridad nacional.
Con el paso de los años se agregó a la ley más actividades consideradas como delincuencia organizada. El ejemplo más reciente es el robo de combustible.
En la práctica esto abrió nuevos frentes para la presencia de las fuerzas armadas en las calles del país, sobre todo porque las corporaciones policiales locales no tienen capacidad de combatir al crimen organizado.
Pero las denuncias contra soldados y marinos de abusos y violaciones de derechos humanos, como masacres y desapariciones forzadas, se incrementaron, según organizaciones como Human Rights Watch.
Juicio internacional
A mediados de 2011 se modificó la Constitución mexicana para garantizar, en su primer artículo, el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentren en el territorio nacional.
Esta decisión obligó, entre otros elementos, a incorporar en las leyes nacionales varios protocolos internacionales firmados por México.
Pero esta decisión que para organizaciones civiles fue un hecho histórico, alarmó a los altos mandos castrenses, cuenta el investigador Benítez Manaut.
La reforma constitucional "no estaba de acuerdo con su despliegue militar" en el país.
"Empezaron a pensar que necesitaban una regulación que les permitiera protegerse de los excesos que se cometieran en el combate a la delincuencia organizada", cuenta.
Parte de esa protección es dejar clara la cadena de mando, le dice a BBC Mundo Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
"Para las fuerzas armadas es relevante tener una herramienta jurídica que obligue a los mandos civiles a dejar por escrito la solicitud y la orden para que el Ejército se despliegue a determinada región".
"Hoy no queda suficientemente documentada la decisión, no hay a quién atribuirle responsabilidad".
Tal salvaguarda es la Ley de Seguridad Interior, que ha generado un inédito rechazo de organizaciones civiles mexicanas y del extranjero.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, relatores de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias universidades mexicanas pidieron al Senado que no aprobara la Ley de Seguridad Interior.
Advierten, por ejemplo, que no se establecen límites a las operaciones militares ni tampoco quedan claros los controles legislativos para esa estrategia.
Las organizaciones pidieron debatir la iniciativa con organizaciones ciudadanas. No hubo respuesta.
Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la decisión de votar la legislación era sólo de los legisladores.
Así lo hicieron. Los opositores a la Ley de Seguridad Interior dicen que impugnarán el proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y si es necesario, llevarán el caso a cortes internacionales.
