"Fue como si hubieran lanzado una bomba", dijo Carlos Rivera-Vélez.
El presidente de la Asociación de industrias de tecnología médica de Puerto Rico recuerda así aquel 20 de septiembre de 2017, cuando la isla caribeña fue azotada por el huracán María.
Cerca de 2.975 personas murieron entonces en ese territorio no incorporado estadounidense de apenas poco más de 177 kilómetros de largo por 56 de ancho.
"No fui capaz de acceder al sitio de mi compañía durante tres días. Las torres de comunicación estaban torcidas, los techos rotos. Había muchos escombros en las calles", dice Rivera-Vélez.
Del mismo modo que la tragedia humana, también se dañó la ya de por sí frágil economía de Puerto Rico.
La isla había sido declarada en bancarrota apenas unos meses antes, en mayo de 2017, tras acumular una deuda de US$120.000 millones.
De esa forma, atrapado en una recesión económica, Puerto Rico no pudo lidiar más con los US$3.500 millones anuales que costaba pagar a los acreedores.
De hecho, en la década previa al huracán María, Puerto Rico solo había registrado un año de crecimiento económico. Fue en 2012 y la economía creció un 0,5%.
Rebote
El huracán dejó un costo estimado de US$100.000 millones y forzó a una reconstrucción de la infraestructura de la isla, lo cual permitió que Puerto Rico registrara un 4% de crecimiento en el año fiscal terminado en julio de 2019.
Sin embargo, se espera que dicho crecimiento no sea más que un alivio temporal para una economía sustentada por una población decreciente. El número de personas en la isla cae porque, al tener pasaporte estadounidense, muchos se van en busca de trabajo.
Robert Wood, economista principal para Latinoamérica y el Caribe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, opina que la economía volverá a caer en los próximos dos años.
"El rebote de la reconstrucción tras el huracán en el año fiscal 2018-19 está disminuyendo y la economía está volviendo a su declive junto a la emigración y la erosión de la competitividad", dijo Wood.
La economía se ha estancado en una espiral descendiente desde que las exenciones fiscales que habían ayudado a impulsar el sector manufacturero, en gran parte farmacéutico, terminaron en 2006 después de una retirada gradual de lo que se consideraba un incentivo fiscal injusto para las empresas estadounidenses.
Las exenciones impositivas de 1976 establecieron que las empresas estadounidenses con negocios en Puerto Rico eran libres del impuesto federal y eso garantizaba que todos los grandes nombres de la industria farmacéutica (Pfizer, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca y Novartis) tenían presencia en la isla.
De hecho, fue la sede de la única fábrica estadounidense que producía Viagra, el medicamento contra la impotencia de Pfizer.
"Era demasiado bueno para ser verdad. Los impuestos eran probablemente los más bajos a nivel global y atrajeron a grandes compañías, trayendo tremendos beneficios a nuestra economía", dice Carlos del Río, presidente y director ejecutivo de la fundación farmacéutica Centre for Human Drug Research y antiguo ejecutivo de Pfizer.
Las exenciones fiscales habían despertado dos décadas de crecimiento económico en el sector manufacturero, acelerando la modernización del sector desde que fuese una economía agraria que destacaba por su producción azucarera.
Pero cuando esos incentivos fiscales terminaron en 2006, la economía entró en declive.
Para 2017, el empleo manufacturero había caído en más de la mitad desde su momento cúspide en 1996 a 73.200, según cifras oficiales.
Sin tiempo para recuperarse
El huracán María, de categoría cuatro, impactó la isla solo dos semanas después del paso de otro huracán menos poderoso, Irma.
"No tuvimos tiempo entre un huracán y el otro. No había electricidad, ni agua, ni servicio telefónico ni comunicación", recuerda Alejandro Díaz Marrero, director de economía y desarrollo social de la Junta de Planificación de Puerto Rico.
"Imagínese eso, y tratar de ayudar a las personas a dar con sus familias; ponerse a trabajar fue realmente complicado. Nadie había visto esto en 80 años".
La devastación ha provocado llamamientos para que la isla busque soluciones a largo plazo.
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016 para establecer una "junta de supervisión" para presidir su economía, anunció a principios de este año planes de reestructuración de la deuda que podrían permitir que la isla salga de la bancarrota en 2020.
De acuerdo a José Caraballo-Cueto, profesor asociado de la Universidad de Puerto Rico, EE.UU. podría hacer más por la economía de la isla si realizara cambios en el acta Jones.
Esta ley, promulgada en 1920, establece que los barcos que transportan bienes entre puertos estadounidenses deben ser embarcaciones construidas en Estados Unidos, no en países extranjeros.
El acta es considerada un obstáculo para el comercio de la isla.
Soluciones
Ya se han anunciado esfuerzos para modernizar el sistema energético.
La electricidad en Puerto Rico cuesta más del doble del promedio que en Estados Unidos y esto es una barrera para atraer a las empresas del sector farmacéutico y médico.
"No es tan inestable como el sistema de otros países caribeños como República Dominicana, pero los cortes de electricidad siguen siendo frecuentes", explica Adrián Pérez, un economista y consultor independiente radicado en San Juan.
La industria farmacéutica también necesita adaptarse. José Villamil, jefe de la consultora económica Estudios Técnicos, dice que debe evolucionar desde la manufactura hacia la mayor presencia de técnicos y ensayos clínicos.
"Sería diferente, más enfocada en la tecnología y la investigación. La línea entre la fabricación y los servicios avanzados será menos distante", dijo Villamil.
AstraZeneca, una farmacéutica británica que opera en Puerto Rico, afirma que la mano de obra allí es "instruida, bilingüe, experta en muchas tecnologías y posee un amplio conocimiento de las regulaciones estadounidenses y globales".
Existe otra solución que podría ser incluso más sencilla. Y es que algunos piensan que el decrecimiento de la población, actualmente tres millones, podría ser beneficioso.
"Hay demasiadas personas para su economía", explica Matt Fabian, socio en la firma de investigación Municipal Market Analytics.
Más allá de depender de los créditos fiscales de EE.UU., Fabian opina que la isla necesita algo "desarrollado en casa", como convertirse en fuente de energía solar o construir plantas desalinización para asegurar el suministro de agua fresca.
Villamil, por otra parte, ya ve algunos cambios en política, como el apoyo gubernamental al emprendimiento de empresas tecnológicas.
"No tendrá un impacto inmediato pero sí en unos cinco o siete años. Ya eso es un paso importante después de que Puerto Rico ha dependido tanto de programas incentivados por regulaciones fiscales", analizó Villamil.
