Los oriundos de las islas de San Andrés y Providencia no se suelen considerar colombianos ni nicaragüenses. Su identidad, dicen, es raizal: isleños, mayoritariamente afros, devotos de la Iglesia Bautista y hablantes de un criollo que mezcla el español y el inglés.
Pero Nicaragua y Colombia, que tiene el control de las islas hace al menos un siglo, llevan décadas diputándose en instancias internacionales la soberanía de un archipiélago dotado de playas de arena blanca, mar cristalino, frondosas montañas, cayos e islotes de postal, reservas de petróleo y gas y cierta capacidad de producción agrícola.
Este lunes las delegaciones de ambos países tienen una nueva cita en la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) para resolver pleitos pendientes.
"Con seguridad habrá sanandresanos que, como yo, seguirán las audiencias con atención", dice Cristina Bendek, escritora e internacionalista de origen raizal.
"Genera interés no porque la gente quiera ser nicaragüense, o dejar de ser colombiana, o ser independiente, sino porque la falta de autonomía y la relación tensa con las instituciones les han dado a las islas una condición de marginalidad que contrasta con su importancia histórica, geográfica y cultural", añade.
"El impacto que tienen estas resoluciones sobre la vida de la gente es enorme", explica la autora de "Los cristales de la sal", una novela sobre San Andrés.
El reclamo de Nicaragua se basa en argumentos jurídicos e históricos, pero sobre todo geográficos: las islas están a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana.
La CIJ, sin embargo, ya resolvió en 2012 que la soberanía de las islas es de Colombia debido a una serie de principios y tratados históricos.
Pero esa misma resolución concluyó que una parte importante del espacio marítimo que antes pertenecía a Colombia es ahora de Nicaragua.
Desde entonces, ambos países han presentado demandas sobre el supuesto incumplimiento de las reglas del otro.
Y eso es lo que se va a discutir en esta nueva ronda de debates.
Aquí te explicamos las claves del pleito territorial.
¿Qué es y dónde está el archipiélago?
El archipiélago tiene tres islas, una decena de cayos y varios islotes. Son 350.000 km² de mar y 44 km² de tierra donde viven alrededor de 100.000 personas, la mayoría de ellos raizales.
Históricamente, el archipiélago fue visto por sus habitantes como parte de la misma área que compone la costa caribe de Nicaragua, conocida como Mosquitia o la Costa de Mosquitos.
"Las relaciones familiares y comerciales entre la costa y las islas hicieron que ambas se vieran como parte de una misma región", explica Sharika Crawford, historiadora experta en San Andrés.
Pero una pieza clave para entender la relación es Panamá, un país que hasta 1903 hizo parte de Colombia. Y es ahí que los principios de geografía para delimitar soberanía empiezan a complicar el asunto.
Aunque en el pasado hubo producción de tabaco y algodón, hoy la mayor fuente de riqueza para las islas es, además del turismo, la pesca, una industria compleja que juega un rol central en el pleito por el control económico del área marítima.
En los años 50, el gobierno colombiano declaró San Andrés puerto libre, una zona sin impuestos. Desde entonces aumentó el comercio, el turismo y la migración de colombianos del resto del país.
También como trasfondo del pleito está la exploración y explotación petrolera, de la que no existen registros concretos, pero sí informes publicados en la prensa nicaragüense de concesiones a empresas petroleras otorgadas por el gobierno de Daniel Ortega.
En 2020 las islas fueron devastadas por el huracán Iota, que entre otras cosas destruyó el 98% de la infraestructura de Providencia, la segunda isla más grande, en su mayoría construida con madera.
¿Por qué están bajo control de Colombia?
Antes de la conquista de América, las islas no estaban habitadas. Pero después de 1492 empezaron a llegar colonos británicos puritanos que vivían del tabaco y el algodón.
Una vez los españoles empezaron a ejercer control sobre el Caribe, las islas fueron adjudicadas a la Capitanía de Guatemala, en Centroamérica, y luego, a medida que creció el interés de la Corona, al Virreinato de la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia.
Eso fue formalizado en una Orden Real en 1803 que dio control de las islas a Bogotá, una jurisdicción con mayor poder militar para defenderlas de la amenaza de los piratas.
Pero tres años después se emitió otra resolución que devolvía la Costa de Mosquitos -mas no las islas- a la Capitanía de Guatemala.
Esas ordenes reales bien pueden considerarse el origen del pleito, porque cada uno las interpretó entonces, y las interpreta ahora, según su propio interés.
En 1825, cuando ambos países gozaban de autonomía tras la independencia, se firmó un tratado bilateral que concertaba los límites del momento como definitivos.
Ya los cabildos de San Andrés y Providencia se habían adherido a la primera constitución política de Colombia, firmada en Cúcuta en 1821, y la Costa de Mosquitos había entrado en la República Federal de Centroamérica.
Pero con las independencias no cesaron los problemas. Colombia entró en una espiral de guerras civiles y Centroamérica fue asediada por las potencias mundiales debido al cruce continental que pasaba por Nicaragua antes de que se construyera el Canal de Panamá. Ese asedio "imperial" es parte crucial de la postura nicaragüense.
Hasta 1928 no hubo desarrollos en materia del pleito, cuando se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas, que formalizó algo que estaba pasando de facto: Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
"Toda esta serie de tratados muestra que, históricamente, las islas eran vistas por los centros de poder como un territorio por colonizar, y no como un lugar con su propia historia, su cultura y, sobre todo, sus intereses", dice Crawford.
Las cosas se mantuvieron así hasta 1980, cuando la revolución sandinista derrocó al régimen militar de Anastasio Somoza, que estaba apoyado por Estados Unidos, y demandó a Colombia ante la CIJ por la soberanía del archipiélago.
¿Qué dijo la CIJ sobre la demanda de Nicaragua?
En 2007 la Corte emitió una primera resolución, que ratificó las cosas como estaban, pero abrió la puerta a una discusión sobre la zona de exclusividad económica de una porción importante del mar. Una puerta de enorme sensibilidad debido a los recursos que puede haber en la zona.
Fue eso lo que se resolvió en 2012, cuando Nicaragua ganó exclusividad económica sobre una parte del área marítima.
Colombia, en medio de una polémica local de corte nacionalista, rechazó el veredicto y ha seguido explotando la zona económicamente después de que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, emitió un decreto delimitando la llamada "zona contigua integral".
Esto generó dos demandas de Managua: no se están respetando el fallo ni la plataforma continental extendida de Nicaragua, argumentan.
Bogotá, por su parte, ha demandado al país centroamericano por no proteger la biodiversidad de la zona y afectar la vida de los raizales que viven de la pesca.
Esas demandadas son, pues, lo que se va a definir ahora.
¿Qué ha dicho Colombia?
Colombia ha presentado un argumento legal y otro práctico para sustentar su soberanía, según abogados que hicieron parte de la delegación y pidieron no ser nombrados por no ser voceros.
El primero es la ya mencionada Orden Real de 1803, que pasó el control de la Capitanía de Guatemala al Virreinato de Nueva Granada con el objetivo de defender a la población local de los piratas.
El segundo argumento es el que tuvo en cuenta la CIJ para ratificar la soberanía de Colombia: el principio de efectividad.
"Desde 1921 Colombia ha ejercido soberanía pacífica e ininterrumpida sobre las islas. Y eso no solo lo reconoció Nicaragua en 1928, sino que además Nicaragua nunca ha ejercido acción sobre las islas", dijo uno de los exdelegados del gobierno colombiano.
Fabián Cárdenas, doctor en derecho internacional de la Universidad Javeriana, en Bogotá, añade: "Los principios que usa la corte para resolver estos pleitos son muy claros y por eso era previsible que Colombia se quedaría con las islas, mientras que Nicaragua tenía derecho no a soberanía, sino a la explotación económica de aguas internacionales".
Los expertos coinciden en que la resolución de 2012 fue mal interpretada en Colombia como una pérdida de soberanía, cuando en realidad les ratificaron el control de la tierra, pero les quitaron acceso económico a 75 km2 de aguas internacionales.
Desde 2012, Colombia argumenta que Managua, en busca de sacar petróleo, está afectando el medio ambiente de la zona que les adjudicaron. Y que su exclusividad en esa porción del mar perjudica a la industria pesquera que da sustento a los raizales.
¿Qué dice Nicaragua?
"Nicaragua ha acatado el fallo de la Haya y ya no está detrás de la soberanía de las islas", dice Manuel Madriz, exdiplomático sandinista y experto en derecho internacional.
"Pero aun así nosotros consideramos que: uno, el tratado de 1928 fue ilegal debido a la ocupación de Estados Unidos, y dos, que Colombia está incumpliendo la resolución de 2012".
En efecto, el principal argumento de Nicaragua para pedir la soberanía de las islas ha sido que el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928, se dio durante una ocupación estadounidense del país. Su soberanía, dicen, no se estaba ejerciendo.
"La ocupada Nicaragua no pudo hacer nada para oponerse al diktak (un tratado impuesto a la fuerza) del imperio, que violaba su Constitución y sus derechos", argumentó el exembajador y experto en derecho internacional nicaragüense Augusto Zamora.
Otro argumento de Managua es que la orden real de 1803 no solo fue parcialmente derogada tres años después, sino que además nunca entró en vigor porque tanto la capitanía de Guatemala como los colonos ingleses se mantuvieron presentes allí.
Zamora describió la Real Orden como "un mínimo y anómalo documento colonial que tuvo vigencia formal durante escasos tres años y que nunca tuvo consecuencias prácticas".
Ahora Nicaragua busca dos cosas: que se extienda su plataforma continental más allá de las 200 millas y que Colombia deje de permitir que sus ciudadanos exploten el área.
Se suponía que el caso se había cerrado en 2012. Pero todo indica que la lucha por este preciado espacio del Caribe continuará.
