El debate sobre la pena de muerte en Guatemala rebasa las fronteras del país.
El presidente Jimmy Morales abordará el tema en la reunión que este viernes sostiene con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres.
Es parte de la propuesta de un nuevo modelo de gobernabilidad y seguridad que el mandatario presentará en la ONU, afirma el portavoz presidencial Heinz Hiemann.
Revivir la pena capital es uno de los elementos que se analizan dentro de la estrategia, reconoce el vocero.
Pero el gobierno no ha aclarado por qué se lleva la discusión a Naciones Unidas, ni tampoco el resultado que espera, pues desde hace varios años el organismo solicita a todos los países miembros abolir la pena de muerte.
Así, organizaciones civiles, analistas y académicos no creen que haya respaldo a esa parte de la nueva estrategia de seguridad en Guatemala.
Otros incluso ven una maniobra política.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, le dice a BBC Mundo que el presidente pretende mejorar su imagen con un tema que gana respaldo en el país.
"Como en la mayoría de la población hay una tendencia de que es la panacea, cree que por allí puede levantar su popularidad", afirma.
BBC Mundo preguntó al portavoz Hiemann las razones del presidente Morales para abordar el restablecimiento de la pena de muerte ante la ONU.
No hubo respuesta.
Nueva estrategia
En todo caso, durante una conferencia de prensa el miércoles 23 el vocero dijo que el gobierno guatemalteco espera que la ONU respalde el nuevo modelo de seguridad y gobernabilidad.
La estrategia se presenta una semana después que pandilleros de la Mara Salvatrucha rescataron a uno de sus líderes, Anderson Cabrera Cifuentes, del hospital Roosevelt donde era atendido.
El pandillero estaba recluido en la prisión de Fraijanes 2, pero el 16 de agosto fue trasladado al hospital para que se le practicaran exámenes médicos.
En el rescate murieron siete personas y otras 10 resultaron heridas. Las autoridades dijeron que fue "un acto terrorista".
El ataque revivió el debate sobre pena capital en el país, un tema presente desde la elección de Jimmy Morales en 2015.
Ahora el gobierno lo retoma en su nueva estrategia de seguridad.
"Se evalúa discutir la implementación de la pena de muerte en Guatemala", confirmó el portavoz Hiemann a periodistas locales.
"Es un tema que se da en los últimos días, es necesario revisarlo dado la coyuntura tan violenta que vivimos en el país".
El modelo que se presentará ante la ONU pretende combatir a las pandillas de maras, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y el terrorismo.
La idea es fortalecer, con un préstamo de US$300 millones, la capacidad de operación del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.
Y la estrategia "contempla solicitar a la ONU un mayor apoyo para el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de la seguridad y la lucha contra la impunidad", dijo el portavoz presidencial.
Vacío legal
Más allá de la opinión de Naciones Unidas, restablecer la pena de muerte en Guatemala es un asunto complejo.
Legalmente el castigo está vigente en el país, pues forma parte de la Constitución y el Código Penal.
Pero en los hechos no puede aplicarse porque desde 2000 existe un vacío legal que lo impide.
Ese año el entonces presidente Alfonso Portillo derogó la Ley de Indultos, que permitía al mandatario cambiar la pena capital por otra sentencia.
Una década después el Congreso restableció la posibilidad de que el presidente perdone o no a las personas sentenciadas a la pena capital.
Pero no determinó en qué condiciones o requisitos podría realizarlo, es decir, dejó sin reglamentar el indulto.
Ese vacío legal, junto con otros elementos jurídicos, hacen inaplicable la pena de muerte le dice a BBC Mundo Rolando Escobar Menaldo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar.
"Mientras el Congreso no establezca la modificaciones o la regulación en el Código Penal respecto al indulto presidencial no se puede aplicar", explica.
Hay otros elementos. Las leyes guatemaltecas señalan que la pena capital se aplicará después de agotar todos los recursos jurídicos.
Y el último de ellos es el perdón de los presidentes. Pero como no está regulado hace difícil que se aplique, señala el especialista.
"No es la solución"
No es todo. En 1970 Guatemala firmó el Pacto de San José que prohíbe agregar delitos diferentes a los sancionados con la pena de muerte en el momento del acuerdo.
Esto cancela la posibilidad de aplicar la pena capital a secuestradores o pandilleros, como ahora exigen diputados y algunos partidos políticos.
Además en 2012 la Corte Suprema de Justicia revocó esa condena a 53 reos, y les aplicó en cambio la sentencia máxima legal, 50 años en prisión.
Desde entonces prácticamente todos los jueces siguieron el ejemplo. Un elemento que se suma al debate actual.
Restablecer la pena capital requiere voto de 80 legisladores en el Congreso, y si se considera asunto de urgencia nacional se necesitan 105.
Pero no todos están convencidos. Un sondeo realizado por el diario Prensa Libre demostró, por ejemplo, que era muy difícil conseguir el respaldo necesario de diputados para cambiar el Código Penal.
Sin embargo, el debate sigue y el gobierno del presidente Morales participa en la controversia. ¿Por qué?
"Hay afán de protagonismo político de algunos actores que ante la violencia generalizada ven caldo fértil para ganar popularidad", afirma el procurador Rodas Andrade.
"Pero sabemos seriamente que esa no es la solución".
