Poco se sabe con certeza sobre lo que pasó con el ARA San Juan, el submarino argentino que desapareció hace 13 días con 44 personas a bordo. Pero el debate político (y económico) ya empezó.
Aunque el caso del submarino no suscita la división que generó, por ejemplo, la desaparición y muerte del joven tatuador Santiago Maldonado, la tragedia ha reavivado las iniciativas de reformar las Fuerzas Armadas del país.
Argentina ha tenido durante al menos una década uno de los presupuestos de Defensa más bajos de la región. Y hoy es el menor de América del Sur.
El país gasta en defensa nacional el 0,9% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de la región es 1,6%, el mundial 3% y lo que recomiendan organizaciones especializadas es 2%.
Pero más que la cantidad de recursos que el país destina a defensa (que suma casi US$5.000 millones al año), lo que más preocupa a los expertos es que el 80% de ese presupuesto se va en pagos de salarios.
Y el restante 20% va para funcionamiento y mantenimiento.
Las razones por las cuales el ARA San Juan desapareció no son aún claras, pese a que el registro de una detonación muy cerca de donde se comunicó por última vez parece instalarse como la causa principal.
El ARA San Juan había recibido mantenimiento hacía menos de un año.
Pero aparte de la causa concreta que produjo el posible accidente, la manera como las Fuerzas Armadas respondieron a la desaparición mostró, según los expertos, las falencias de un sector militar que quedó lastimado tras el régimen militar entre 1976 y 1982.
Analistas y medios comunicación han cuestionado, por ejemplo, que no hubo una estrategia conjunta entre el gobierno de Mauricio Macri y las Fuerzas Armadas para comunicar la tragedia y comenzar la operación de rescate, que empezó 48 horas después de la última comunicación.
Se reportó que el ministro de Defensa se enteró del caso en la prensa y que las metodologías de un sector dominado por tecnócratas (el gobierno) chocaron con las de herméticos militares.
Según un reportaje del diario La Nación que cita fuentes anónimas de la presidencia, Macri piensa que la actual cúpula militar "atrasa" y que ahora es inminente una profunda reforma del sector, que ya estaba planteada antes de lo ocurrido con el submarino.
Tras la represión militar
Durante la primera parte del siglo XX Argentina tuvo una de las Fuerzas Armadas más completas de América Latina: sólo Chile, Brasil y Argentina tenían una flota de barcos dreadnought, o acorazados monocalibre, el principal navío de guerra utilizado por las potencias en ese tiempo.
Tras varios gobiernos militares, para los años 80 Argentina tenía una moderna flota de barcos ingleses y estadounidenses.
Uno de ellos era el famoso ARA General Belgrano, un barco cuya destrucción durante la guerra de las Malvinas/Falklands en 1982 fue uno de los símbolos de la derrota del país contra las fuerzas británicas.
Tras la caída del régimen, poco después del conflicto, Argentina empezó un complicado proceso de búsqueda de la verdad y la memoria con el objetivo de no repetir las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la Junta Militar, que dejó hasta 30.000 desaparecidos.
"En el primer gobierno de transición se podía entender que una prioridad era resolver la intervención de las Fuerzas Armadas en la política", le dice a BBC Mundo Sergio Eissa, un politólogo experto en Defensa de la Universidad de Buenos Aires.
"Luego, desde 1990 hubo consenso entre distintos gobiernos de que la Defensa no era una prioridad del país", explica.
Durante los últimos 30 años Argentina no ha recibido ninguna amenaza interna ni externa, por lo que el presupuesto en relación al PIB para Defensa pasó de 2,4% en 1990 a 0,9% en 2001, cifra que se mantiene hasta ahora.
"Con la desinversión de un montón de años en las Fuerzas Armadas, lo que sorprende es que no hubiese ocurrido una tragedia de esta gravedad (el ARA San Juan) mucho antes", concluye Eissa.
¿Para narcotráfico y terrorismo?
Aunque entre los expertos hay una suerte de consenso sobre la necesidad de reformar las Fuerzas Armadas, la pregunta es cómo y para qué se va a hacer.
Los reportes de que el gobierno planea vincularlas a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo han generado alarma en gran parte de la comunidad académica, porque los ejemplos de países que lo hicieron no vieron resultados positivos.
Precisamente esta semana enfrentamientos entre mapuches y fuerzas estatales dejaron a un indígena muerto en el sur del país. Muchos temen que, con la escalada del llamado "conflicto mapuche", los indígenas argentinos empiecen a ser vistos como "terroristas" y el conflicto solo se recrudezca.
"Lo primero que tiene que haber es un debate profesional, cosa que en este momento no se puede hacer", le dice a BBC Mundo Rut Diamint, profesora de Seguridad Internacional en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires.
La analista explica que en el ministerio de Defensa, que en teoría debe liderar la política en este aspecto, no hay expertos en la materia, sino un sesgo militarista.
Cada año egresan de la estatal Universidad de la Defensa 20 expertos civiles, pero es raro que alguno de ellos salga de ahí para el Ministerio.
"Reformar no es una tarea errónea, pero hay debe haber un debate entre el poder político y el Congreso sobre cuáles son las exigencias, partiendo de las amenazas concretas, que no son muchas, pero incluyen la defensa de la pesca y de nuestros recursos naturales", asegura Diamint.
La analista alerta que suele ocurrir que en momentos en que las Fuerzas Armadas se ven comprometidas "salen varios grupos (de derecha) a aprovechar el momento político para reclamar demandas históricas de los militares que responden a intereses corporativos".
Y advierte: "Si no hay planificación, si no preguntamos qué Fuerza Armada queremos, cómo está desplazada, cuáles misiones tiene, qué tipo de operaciones va a hacer y qué tipo de maniobras hará, no se va a poder reformar nada".
