A diferencia de lo que ocurre en otros países, la policía en Colombia no depende del Ministerio de Gobierno o Interior sino del de Defensa.
Así es que los delitos de los que son acusados los agentes se investigan y sancionan en la justicia militar, pese a que en la Constitución y en el Código Penal la policía está configurada como un ente civil.
Un cambio en ese sentido es una de las reformas que manifestantes, expertos y políticos piden ahora que la fuerza pública volvió al escenario tras la muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 45 años, detenido y brutalmente sometido por dos oficiales el martes en Bogotá.
El miércoles, el caso desató una nueva ola de indignación.
Los enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron al menos siete muertos y 175 heridos que, según la Alcaldía de Bogotá, sufrieron no solo del uso desproporcionado de armas de baja letalidad, que fue el caso de Ordóñez, sino disparos con armas de fuego.
Este último estallido social se da en un país que en noviembre de 2019 vivió una ola de violencia que, de hecho, incluyó denuncias de abuso policial.
Y ahora el gobierno de Iván Duque responde con la misma estrategia de noviembre: más presencia policial en las calles, anuncio de investigaciones a los abusos y defensa de la actuación "férrea, gallarda" de la policía.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, denunció una campaña de "estigmatización" de la fuerza pública en redes sociales y otra de "incitación a la violencia" por parte de miembros de la oposición, entre ellos el excandidato presidencial Gustavo Petro.
La muerte de Ordóñez cerró el paréntesis que impuso la pandemia al estallido que demandaba cambios en la política económica, social y educativa del gobierno y una implementación más proactiva del acuerdo de paz firmado con la guerrilla en 2016.
Porque parte de la deuda de ese acuerdo, coinciden analistas consultados por BBC Mundo, ha sido sacar a las Fuerzas Armadas de la lógica del conflicto.
Por qué es militar
El Monitor de Fuerza Letal, un centro de estudios que estudia los abusos de las fuerzas del orden, atribuye a las policías en Brasil, Venezuela y El Salvador índices de brutalidad y homicidios de civiles mucho más altos que a la de Colombia.
En esos países, así como en Chile o México, las policías también se unen parcialmente al ejército en su función de defensa del Estado.
Pero Alejo Vargas, un veterano experto en seguridad de la Universidad Nacional en Bogotá, advierte sobre la particularidad del caso colombiano: "Todo en la policía colombiana es muy único, porque históricamente se han usado a los militares y a los policías para cualquier cosa, con el resultado de que tenemos una policía muy militarizada y un ejército muy policial".
El profesor indica que esto "ni siquiera tiene origen en el conflicto armado, porque desde principio de siglo la policía ha tenido labores militares y viceversa, como ocurrió en la masacre de las bananeras (1928), que tuvo que haber sido controlada por policías, pero fueron solados" los que mataron a 1.800 trabajadores en una protesta.
"Con el tiempo, todas las policías latinoamericanas se fueron reformando hacia la civilidad, pero en Colombia el conflicto siempre lo impidió y ahora, bueno, el conflicto no ha acabo, entonces difícil".
Un ejemplo vigente de la militarización de la policía son los Comandos Jungla, unas unidades militares de la policía que luchan contra el narcotráfico y la insurgencia y cuentan con sofisticados procedimientos y armamentos.
Eduardo Sánchez Galeano, investigador en seguridad ciudadana, explica que la policía fue clave en la lucha contra las guerrillas, porque "los combates para defender las unidades policiales le daban tiempo al ejército para replegarse y pensar estrategias".
"La militarización de la política fue parte de la supervivencia del Estado", señala.
Pero eso, aunque necesario en su momento, tuvo consecuencias: la policía es hoy un ente autónomo, que se reforma y se controla a sí mismo y ve en la protesta social una amenaza casi subversiva.
Qué hay que reformar
Ni los escándalos ni los homicidios por abusos en la policía colombiana son nuevos: entre 2017 y 2019, cada mes murieron un promedio de 18 civiles a cuenta de presuntos abusos policiales, de acuerdo a Temblores, una ONG.
Y cada vez que la atención del país se vuelca hacia la fuerza pública, los gobiernos lanzan reformas, comisiones y estrategias de capacitación en derechos humanos para atender los problemas.
Según los expertos consultados, sin embargo, nada de eso ha producido un cambio estructural.
Pata María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, "la policía no cuenta con una orientación, un liderazgo y una subordinación civil que determine sus funciones".
"Tú hablas con ellos (policías y militares) y tienen una sensación de orfandad, porque ningún civil les hace seguimiento, les mide sus indicadores, verifican si están cumpliendo o no las políticas de Estado", añade.
"Entonces los civiles no cumplen con sus funciones de pensar las políticas del país, pero les echan la culpa a los militares y policías de que son corruptas y no saben para dónde van", sostiene.
Sánchez Galeno coincide: "Uno no resuelve con policías lo que fractura con malas políticas. Hoy dicen que el problema es una reforma policial, y sí, eso hay que plantearlo en el corto y largo plazo, pero la policía no puede seguir pagando el costo de malas políticas educativas, sociales y políticas".
La policía, entonces, puede pasar al ministerio del Interior o Justicia y se pueden consolidar protocolos claros de control, sanción y capacitación en derechos humanos que se sostengan en el tiempo y respondan a criterios civiles en lugar de militares.
Pero, como manifiestan las protestas, la demanda no es solo para reformar la policía: es para que Colombia supere la violencia, la desigualdad y la corrupción. El cambio es de fondo.
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