Este jueves Perú amanece con una nueva presidenta, Dina Boluarte, después de una turbulenta jornada en la que hubo amenazas de cierre del Congreso y una declaración de vacancia en contra de Pedro Castillo.
Castillo, quien fue hasta este miércoles el presidente de Perú en una gestión de gobierno que duró apenas 18 meses, fue capturado pocas horas después de haber intentado disolver el Congreso peruano, una medida que fue catalogada por muchos estamentos peruanos de "un golpe de Estado".
Tras ser detenido, el ahora expresidente fue enviado al penal de Barbadillo, el mismo donde está recluido otro expresidente -quien también cerró el Congreso-, Alberto Fujimori.
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El Poder Judicial de Perú informó en su cuenta de Twitter que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa el requerimiento de detención preliminar por siete días contra Castillo, al que se investiga por los delitos de rebelión y conspiración.
Hasta el momento la defensa del exmandatario no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.
Perú ha enfrentado una sostenida crisis institucional que ha llevado al país a tener seis presidentes en menos de cinco años.
Además, muchos de los mandatarios que han gobernado el país en los últimos 20 años han tenido problemas con la Justicia.
De hecho, uno de ellos, Alan García (quien gobernó el país en dos ocasiones, la última desde 2006 hasta 2011), se suicidó cuando las autoridades se acercaron a su residencia para capturarlo bajo acusaciones de diversos delitos de corrupción.
Los otros exmandatarios que tienen que responder ante los tribunales son Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, además de los mencionados García, Fujimori y Castillo.
La nueva presidenta pidió una "tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional" y anticipó que combatirá la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Contraloría.
Acusación
Castillo fue capturado por la policía después de que hubiera salido de la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno, en la tarde de este martes.
La detención se realizó en la Prefectura de Lima, en un procedimiento en el que estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
Según dio a conocer el organismo judicial, a Castillo, quien fue enviado a prisión de forma preventiva, se le abrió un proceso preliminar por "quebrantar el orden constitucional".
En el comunicado se refieren a que el exmandatario habría violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que: "El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años".
Por esa razón, miembros de la Fiscalía realizaron operativos simultáneos en el palacio de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros y otras oficinas gubernamentales con el fin de buscar pruebas para sustentar la acusación.
"Los operativos tenían como objetivo recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al presidente", escribió el ministerio público en su cuenta de Twitter.
Sobre los aspectos legales, el abogado especialista en temas constitucionales Erik Urbina le dijo al canal peruano RPP que el expresidente cometió una "infracción constitucional por lo cual debe ser deshabilitado" hasta por 10 años.
Urbina aclaró que esta es la razón por la que la Fiscalía tomó el caso.
Pero además de esto, en octubre la misma Fiscalía de la Nación había presentado una acusación formal en contra del mandatario, en la que se lo señalaba de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.
En el caso, que también fue presentado por Benavides Vargas, la investigación hecha por el ente acusador había revelado indicios de que Castillo era el presunto cabecilla de una red responsable de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
¿Cómo sigue la situación judicial para Castillo?
Como informó la Fiscalía, en la siguiente instancia se encuentra reuniendo las pruebas para acusar formalmente a Castillo.
Sin embargo, la Fiscalía deberá reunir suficiente evidencia en contra de Castillo en relación con el delito de "rebelión" para poder mantenerlo en prisión.
"La única justificación que tiene la Fiscalía para realizar esta detención es de la comisión en flagrancia del delito de rompimiento del orden constitucional", explicó la abogada penalista peruana Jackeline López a la revista Perú Legal.
Para ello, el organismo tiene 48 horas desde la detención para formular cargos concretos y que Castillo continúe en prisión.
En ese sentido habrá que esperar la acusación formal de la Fiscalía en contra de Castillo para conocer cuál es el procedimiento legal.
"El expresidente cometió una infracción contra la Constitución, por la cual debería ser procesado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, ha cometido usurpación de funciones y desacato expreso a la ley", dijo el abogado Urbina a RPP.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, manifestó la disposición de su gobierno a recibir a Castillo como asilado político, pero no parece que las autoridades peruanas estén por la labor. La figura del asilo se basa en la condición de perseguido político o por sus ideas del asilado y las autoridades peruanas no creen que ese sea el caso del ya expresidente Castillo.
