La ONU "cuenta con fuertes elementos de convicción" de que una parte de las personas arrestadas en México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron "detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones".
Uno de los casos de tortura documentada que presenta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) fue clave para formar lo que el gobierno presentó como "verdad histórica" en la que afirmó que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
Además, el reporte "Doble Injusticia" asegura que estas graves violaciones de los derechos humanos fueron objeto de "investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento".
En respuesta, el gobierno de México aseguró en un comunicado que el informe "no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso".
Además, considera que se abordan cuestiones que ya habían sido tratadas por el grupo de expertos independientes y que "están siendo atendidas por autoridades competentes".
El gobierno dice que continuará trabajando "hasta el total esclarecimiento de este caso".
Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, en 2014.
Los 43 formaban parte de un grupo más grande de estudiantes de una escuela de formación docente en Ayotzinapa que viajaban a la ciudad cercana de Iguala para protestar contra lo que consideraban prácticas de contratación discriminatorias para los docentes.
Mientras viajaban de Iguala a Ayotzinapa, fueron confrontados por la policía municipal, que abrió fuego contra los autobuses en los que viajaban.
Los oficiales sostuvieron que lo hicieron porque los autobuses habían sido secuestrados, mientras que los estudiantes sobrevivientes dijeron que los conductores habían acordado llevarlos de rehenes ante los narcos.
Según la versión de las autoridades, policías corruptos los que arrestaron a los jóvenes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero.
Pero esa hipótesis es rechazada por los padres de los jóvenes y por organismos internacionales.
La OACDH analizó información de 63 personas, de un total de 129 imputadas. De ellas, al menos 34 (33 hombres y una mujer) sufrieron torturas.
El reporte matiza que los casos se dieron en la etapa inicial de la investigación, a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación.
Antes, la investigación estaba a cargo de la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde ocurrieron las desapariciones de los 43 estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de ese año.
La ONU pide que se hagan las investigaciones pertinentes y que se excluya o declare nula cualquier prueba del caso Ayotzinapa sobre la que existan razones fundadas de que fueron obtenidas bajo tortura, tal como lo dictan las normas del derecho internacional y la Ley General sobre Tortura vigente en México.
Tortura en confesión clave
Este punto tiene una implicación particularmente relevante en el caso de Agustín García Reyes, de quien la ONU documentó posible detención arbitraria y tortura ya que su declaración fue clave para que la PGR presentara lo que considera es la "verdad histórica".
En esta versión, los estudiantes fueron asesinados y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero.
Esta tesis fue rechazada en 2015 por los expertos del el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este grupo concluyó que "no existe ninguna evidencia" que apoye esa hipótesis. Según los expertos del GIEI, no era posible quemar tantos cuerpos en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.
Ahora, la ONU pone aún más en duda la veracidad de estas confesiones al, según denuncia, haber sido hechas bajo tortura.
Así, sigue sin haber una respuesta inequívoca a la pregunta que ha marcado y dolido a México desde aquella fatídica noche: ¿dónde están los estudiantes desaparecidos?
Posible muerte extra judicial
La tortura que documenta la ONU en su informe "Doble Injusticia" incluye una larga lista de casos.
Se dieron ahogamientos entre los que pudo haber muerto "de forma accidental" Emmanuel Alejandro Blas Patiño. De comprobarse, debería investigarse como una muerte extrajudicial, aseguran fuentes de la ONU.
Golpes y toques eléctricos en genitales pezones y penetraciones por el ano a tres hombres. A los detenidos se les amenazó de violar a sus familiares.
En muchos casos de violaciones a los derechos de los imputados "se ofrecieron justificaciones no plausibles y contradictorias" para explicar las lesiones de los detenidos, según el informe. En algunos se alegaron "autogolpes, lesiones antes de la detención, ebriedad o caídas".
En otros casos, la PGR aseguró que las declaraciones en las que los detenidos se autoinculpaban eran "libres y espontáneas", cuando presentaban múltiples lesiones según los partes médicos.
La ONU reconoce que en 2016 la PGR realizó "un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones".
Sin embargo, esta intención fue frustrada por el remplazo de los funcionarios que la llevaban a cabo. "Hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos", dice.
Para la ONU, el caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos.
"Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación", declaró el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.
El informe, según la ONU, rinde tributo a los familiares que han buscado a sus desaparecidos en los últimos tres años y busca "contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones".
