El gobierno de Daniel Ortega prometió el miércoles en un comunicado que liberará a todos los opositores presos en un plazo de 90 días en un intento por reanudar las conversaciones con la oposición en Nicaragua.
A cambio, Ortega pide que se levanten las sanciones que tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron a su gobierno.
Se estima que desde que comenzaron las protestas en abril del año pasado, más de 700 personas han sido detenidas.
La represión de las protestas ha dejado más de 300 muertos.
Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo en una conferencia de prensa que el gobierno del presidente Daniel Ortega había acordado liberar a "todas las personas detenidas en el contexto de las protestas" y que la oposición, bajo esta premisa, estaba dispuesta a volver a negociar.
"La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del gobierno en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de la protestas", anunció Rosadilla.
Vuelta al diálogo
El proceso de liberación podría empezar esta misma semana, anunciaron los líderes de la oposición nicaragüense, y será supervisado por la Cruz Roja.
Según la declaración emitida por la presidencia de Nicaragua, y acordada por miembros de Alianza Cívica, ambas partes se comprometieron a un iniciar proceso de negociación con seis puntos, enumerados por miembros de la oposición que forman parte de la mesa negociadora en rueda de prensa este miércoles.
- Liberación de todos los opositores detenidos en un lapso de 90 días.
- Democratización, incluyendo reformas electorales.
- Fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.
- Verdad, justicia, reparación y no repetición.
- Aprobación de mecanismos de implementación de los acuerdos.
- Gestiones para evitar sanciones.
Ambas partes también solicitaron el apoyo internacional para implementar los acuerdos que sean alcanzados.
"Se hará un llamado a la comunidad internacional para que suspenda las sanciones a fin de facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población", dice el comunicado.
El compromiso del gobierno pone fin al estancamiento de las negociaciones, después de que un grupo de la oposición suspendiera el diálogo con el gobierno tras la detención de al menos un centenar de manifestantes en las protestas del pasado fin de semana.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) había ya dicho el martes que las conversaciones no se reanudarían hasta que todos los "presos políticos", como denominan a los opositores detenidos, sean liberados.
Nicaragua vive una crisis desde que en abril de 2018 miles de personas salieron a las calles del país en protesta por los cambios en el sistema de seguridad social del país. Las manifestaciones acabaron convirtiéndose en pedidos de renuncia al presidente Ortega, en el poder desde hace 12 años.
Las conversaciones para encontrar una solución se rompieron después de que el presidente Ortega descartara llamar a elecciones anticipadas, la principal demanda de la oposición.
Desde entonces, cientos de personas han sido encarceladas, muchos de ellos estudiantes. Algunos fueron acusados de terrorismo o asesinato y fueron condenados a cumplir largas penas de prisión.
