El gobierno espía. El gobierno no espía. El presidente lanza una advertencia que parece amenaza. El presidente se desdice.
Así se cierra una semana oscura para el gobierno de México y su impopular presidente. Las autoridades, empezando por el propio Enrique Peña Nieto, respondieron de manera enredosa ante una de las más serias acusaciones que se le pueden hacer a una democracia: que sus gobernantes espían a defensores de derechos humanos, activistas contra la corrupción e influyentes periodistas.
Se registraron, de acuerdo al estudio elaborado por organizaciones locales y extranjeras y a un reporte del diario The New York Times, 88 intentos de infectar sus teléfonos con un programa informático que sólo se comercializa a gobiernos y que el mexicano adquirió para vigilar a miembros de organizaciones criminales.
El mandatario se tomó cuatro días para responder. Fue terminante ("No somos un gobierno que espía"), pero también habló con desdén.
"Ninguno de los agraviados puede demostrar que su vida se haya visto afectada", afirmó el jueves, "lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje".
Es cierto que condenó "de manera categórica" la intervención en la "vida privada" de cualquier persona, pero al mismo tiempo lo normalizó.
"Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo como presidente a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente".
Ante las denuncias de que su gobierno espía, Peña Nieto le pidió a sus ciudadanos que tomen consciencia de los riesgos. Entre los supuestamente espiados, cabe recordar, está un hijo menor de edad de Carmen Aristegui.
Aristegui, una de las periodistas más respetadas e influyentes de este país, se quedó sin trabajo tras revelar que la primera dama compró una casa de US$7 millones a un contratista del gobierno que obtuvo millones de dólares en contratos. Lo pudo hacer, se defendió, gracias a su sueldo de actriz. Aristegui y reporteros de su equipo fueron, de acuerdo a las denuncias, blanco del espionaje.
Luego Peña Nieto lanzó su polémica frase. "Espero pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno". Las críticas le llovieron, Presidencia aclaró que no se trataba de una amenaza y más tarde el mandatario apuntó: "Creo que me expliqué inadecuadamente".
Tras el escándalo de la "Casa Blanca" fue el propio gobierno que determinó que el presidente no había incurrido en conflicto de interés. Ahora un área de la fiscalía general abrió una investigación para determinar quién estuvo detrás del espionaje. La información de los contratos de adquisición del programa informático fue clasificada como "reservada" hasta 2021. Así lo determinó otra área de esa misma fiscalía general.
El presidente dijo este jueves que espera que esa fiscalía "con celeridad pueda deslindar responsabilidades". Un día después de iniciada la investigación comentó: "Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso".
Este es un gobierno que a menudo no comunica bien, hace comentarios poco felices y evidencia una creciente opacidad.
Si de verdad espía a quienes cumplen el rol, cada vez más necesario, de intentar mantenerlo a raya, el panorama en México es cada vez más sombrío.
