Maricela contó que le daban cuatro pastillas en la mañana y cinco más por la noche, sin explicarle por qué. Y describió cómo empleados del centro de detención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía una o dos inyecciones.
Cuando Maricela se quejó sobre recibir demasiada medicación, con el doctor del centro para niños inmigrantes en Texas (EE.UU.), este le dijo no tener control sobre esas dosis.
"Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo... me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas", dijo.
Este es el testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).
Al menos cuatro menores más dieron testimonios similares a los de Maricela, lo que llevó a los abogados a demandar al centro de tratamiento Shiloh, ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, ante una corte federal de Los Ángeles (California).
La parte acusadora argumentó que ORR administraba a los internos "múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño", según se lee en la demanda.
Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos "solo en casos de emergencia" cuando los "extremos síntomas psiquiátricos" del niño representaban un peligro.
Pero la jueza Dolly Gee descartó ese argumento y el lunes ordenó al gobierno de EE.UU. solicitar autorización de padres, representantes legales o una orden judicial antes de dar fármacos psicotrópicos a estos niños, excepto si es una emergencia.
Más de 10.000 migrantes menores de edad están bajo custodia del gobierno estadounidense. La mayoría llegó desde Centroamérica y entró sin acompañantes por la frontera sur del país, aunque también hay cientos que fueron separados de sus padres tras un reciente endurecimiento de las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.
El escándalo que causó la separación de familias de migrantes indocumentados, práctica que fue revertida, hizo surgir más cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y medios sobre las condiciones en que detienen a los migrantes, especialmente a los niños.
El gobierno, por su parte, insiste en que las instalaciones de albergue o detención temporal para menores de edad y familias cumplen con estrictos controles contra posibles abusos y son monitoreados constantemente.
Sobre el caso de Shiloh, el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que por cuestiones de política interna no comentan "asuntos relacionados con litigios en curso" y que están revisando la reciente orden de la jueza "para determinar los siguientes pasos".
Ansiedad y depresión
Rosa, cuya edad no está especificada en el documento judicial, cuenta que le daban cuatro o cinco pastillas al día y que creía que una de ellas era para tratar la ansiedad.
"A veces me ponían inyecciones a la fuerza... uno o dos empleados me sujetaban de los brazos y la enfermera me ponía la inyección", describe.
Entre las drogas registradas en su expediente médico, aparecen antipsicóticos como aripiprazol y clorpromazina, y antidepresivos como escitalopram y trazodona.
El centro Shiloh, un conjunto de casas rodantes en una zona rural de Texas, tiene capacidad para albergar las 24 horas a poco más de 40 niños, según estimaciones del Centro de Informes de Investigación, que ha reportado sobre el lugar en años anteriores.
Este año recibió fondos por más de US$5 millones por parte del gobierno federal, según detalla un sitio web oficial que hace seguimiento de las subvenciones que otorga el HHS.
Shiloh está dotado para recibir a niños migrantes que "representan un peligro para sí mismos o para otros" de acuerdo a la valoración de psicólogos y psiquiatras, según detalla el HHS.
Sin embargo, esta designación no es una vía libre para administrar drogas a los menores sin autorización, según lo contempla el acuerdo de Flores de 1997, un documento que fija que los inmigrantes menores de edad sean detenidos "bajo las condiciones menos restrictivas" posibles.
"Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí"
La madre de una de las internas aparece en la demanda diciendo: "Nadie me pidió permiso para darle medicinas a mi hija, aun cuando los empleados de Shiloh siempre tuvieron mi teléfono y mi dirección".
Otro niño llamado Julio detalló que lo amenazaron con lanzarlo al piso y obligarlo a tomarse las pastillas. "Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí, que la única forma de salir de Shiloh era tomándome las pastillas".
El menor de edad detalla que, después de tomar los fármacos, "estaba más cansado, me sentía triste y mis ojos estaban llorosos... empecé a engordar... en unos dos meses engordé 20 kilos".
BBC Mundo contactó al centro Shiloh por teléfono pero en un mensaje de operadora indica que sus oficinas están cerradas.
En un comunicado en su sitio web, informa que ha sido sometido a auditorías y visitas por parte de autoridades estatales, la ORR y de representantes de consulados de Guatemala, El Salvador y México.
"Se encontró que todos los alegatos ampliamente difundidos sobre Shiloh carecían de fundamento. Se ha concluido que los niños están bien cuidados y tratados", dice el escrito.
El fallo de la jueza Gee del lunes también incluye que todos los menores de edad inmigrantes arropados bajo el acuerdo de Flores sean transferidos del centro Shiloh, a menos que un psicólogo o psiquiatra con licencia determine que el menor de edad representa un peligro para sí mismo o los demás.
"Estaban letárgicos"
Los testimonios de los niños surgieron a partir de unas entrevistas que condujeron abogados de varios centros de inmigración, con el fin de hacer cumplir el acuerdo de Flores sobre las debidas condiciones de detención.
Neha Desai, abogada del National Center for Youth Law en California y representante de la demanda, le cuenta a BBC Mundo que la mayoría de los menores tenían entre 12 y 17 años, y hablaban en español.
La letrada llegó a Shiloh a partir de una conversación que tuvo con un niño en otro centro de detención en mayo del año pasado.
"Él había estado detenido en Shiloh y compartió conmigo las experiencias que tuvo ahí. Me dijo que lo habían forzado a acostarse en el suelo para inyectarlo", dice.
Según Desai, varios de los menores de edad con los que conversó en Shiloh "estaban letárgicos". "Al punto de que me pareció que tomaban algo que les hacía estar adormecidos".
Ganar la confianza de los niños no fue fácil, detalla la abogada. "Algunos son huérfanos y ni siquiera tienen un abogado. No hablan de esto con nadie, teníamos que asegurarles que no éramos funcionarios y que protegeríamos sus identidades".
Tras las entrevistas, los abogados pidieron a los niños que firmaran autorizaciones para pedir sus expedientes médicos al gobierno.
Ahí pudieron ver qué fármacos les recetaron. También notaron que funcionarios del centro firmaron documentos médicos en el apartado de "padre o representante legal" sin serlo.
En la demanda, los abogados afirman que, aunque los abusos "más graves" en cuanto a medicación supuestamente ocurrieron en Shiloh, a jóvenes en otras instalaciones manejadas por ORR también les dan psicotrópicos.
Algo que han reportado ampliamente medios y que han denunciado activistas, especialmente desde la oleada de críticas causada por la separación de familias indocumentadas en la frontera.
El caso de Shiloh, sin embargo, cobró notoriedad por haber llegado a los tribunales.
Ahora queda la pregunta sobre qué pasará con niños como Maricela, Rosa y Julio.
