Cuando tenía 7 años, el argentino Ismael Suleiman, hoy de 49, aprovechó un momento de distracción de sus secuestradores, saltó el muro y caminó hasta la carretera en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el noroeste de Argentina.
Él sabía que su tío trabajaba allí, en una empresa de venta de pasajes.
Ismael y su hermano menor, de 4 meses, habían sido secuestrados por tres hombres que se los llevaron de la casa donde vivían, en el interior de la provincia de Tucumán.
"Recuerdo como si fuera hoy aquel momento horroroso, cuando esos tres hombres nos sacaron de casa a la fuerza y nos pusieron en un auto. Uno de ellos usaba una boina militar. Todo fue rápido", le contó Ismael a la BBC.
El secuestro ocurrió días después de que su madre, una empleada doméstica y activista política, "desapareciera".
Según entidades de derechos humanos, Rosario del Carmen Ramos, que hoy tendría 69 años, sigue desaparecida.
"Todavía sueño con ella", dijo Ismael, emocionado. "Todavía tengo la esperanza de encontrarla y siempre tuve la certeza de que encontraría a mi hermano", dice.
Y hace unos días, los dos hermanos se reencontraron.
"Abrazo postergado"
Todo empezó cuando la asociación de derechos humanos Abuelas de la Plaza de Mayo, creada en 1977 por mujeres para intentar recuperar a los hijos de sus hijos, recibió una denuncia anónima.
En ella se aseguraba que un vendedor ambulante en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, fue criado por personas ligadas al gobierno de facto en Argentina (1976-1983) y que podría ser hijo de desaparecidos políticos.
En Argentina, las campañas para encontrar a las personas secuestradas durante el régimen militar son permanentes.
Abuelas de la Plaza de Mayo pide, a través de anuncios, que el público denuncie cuando sepa o tenga sospechas de casos de este tipo. Incluso si son las propias personas las que tienen dudas sobre su identidad.
Y la campaña más reciente, lanzada en julio pasado, llamada "Abrazo postergado", tenía el objetivo, como las anteriores, de ayudar a las personas robadas de sus familias y con el nombre cambiado, a recuperar sus identidades, familias e historias biológicas.
Ismael y su familia habían dejado hace años muestras de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina, que es la base para la identificación de las personas definidas como "desaparecidas" durante el régimen militar.
Cuando surgió la denuncia anónima, los datos del vendedor ambulante, que aceptó hacerse el examen de ADN, fueron comparados con los datos de más de 300 grupos familiares almacenados en la institución, creada por iniciativa de Abuelas de la Plaza de Mayo.
Los resultados dieron positivo con los de la familia de Ismael.
Ese bebé de cuatro meses era Marcos Eduardo Ramos, como lo había llamado su madre biológica. Hoy, tiene 42 años.
"Cuando me llamaron para decir que habían encontrado a mi hermano, lloré mucho", dijo Ismael.
"Parecía una eternidad"
Los dos hermanos y un tercero, Camilo, de 46 años, que no estaba con ellos el día del secuestro, se reencontraron en la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.
"Parecía que no llegaba nunca a Buenos Aires de tan nervioso que estaba", dijo Ismael.
El vuelo entre la capital de Tucumán y Buenos Aires dura cerca de una hora. "Parecía una eternidad", afirmó.
A Marcos, sus "apropiadores" -como llaman las entidades de derechos humanos a las familias que adoptaron hijos de desaparecidos políticos- le cambiaron el nombre.
El nombre de esa familia no fue revelado por cuestiones judiciales y porque él está recibiendo ayuda psicológica para adaptarse a la nueva realidad.
"Todos lloramos mucho y sin parar cuando nos encontramos. Fue muy emocionante, maravilloso. Ahora estamos tratando de recuperar el tiempo perdido", dijo Ismael.
Parecidos físicos
Ismael contó que sus cuerpos se parecen. "Los gestos y la altura también, pero el rostro no. Es una persona triste, traumatizada", describió a Marcos.
"Espero que nos volvamos más unidos. Ya hemos hecho asados (barbacoa) para él en casa, pero todavía va a tardar para que él se sienta como en casa", dijo de su hermano.
Ismael cree que la historia de su hermano -y la suya- habría sido otra si la madre y ellos no hubieran sido secuestrados.
Rosario del Carmen ya había sido detenida por las autoridades cuando estaba embarazada de Marcos. Pero había sido liberada.
La segunda vez, a finales de 1976, fue diferente. Y su destino sigue siendo un misterio.
"Si mi madre y mi hermano no hubieran sido secuestrados, seguramente mi hermano no sería el hombre solitario que es hoy", dijo.
Ismael contó que los dos se hablan varias veces al día por teléfono, desde el reencuentro a principios de agosto.
"Es extraño, pero es como si se sintiera nostalgia de lo que no nos dejaron vivir", dijo Ismael conmovido.
Historia partida
Durante más de 40 años, Ismael y Marcos crecieron en la misma provincia y algunas veces vivieron a pocas cuadras el uno del otro.
Cuando fueron secuestrados, recuerda Ismael, fueron llevados a una casa y luego fueron separados y llevados a lugares diferentes.
La familia que se apropió de Ismael ya había iniciado los trámites para cambiar su identidad cuando él escapó.
Ismael trabaja hoy en un empleo temporal cosechando limón en el interior de Tucumán. Marcos sigue viviendo en la capital de la provincia.
Él es el nieto 128 que fue encontrado por las Abuelas de la Plaza de Mayo y pudo recuperar su identidad. Ellas estiman que al menos otros 300 aún viven, sin saberlo, con un nombre que no les corresponde.
Según historiadores y la propia Justicia argentina, hubo un esquema sistemático organizado por militares que incluyó partos ilegales de mujeres detenidas y secuestros de los hijos y su posterior cambio de identidad, como ocurrió con Marcos.
Las primeras denuncias en la justicia surgieron en 1985, poco después del retorno de la democracia, en el juicio de las juntas militares por crímenes durante el régimen militar.
A partir de finales de 1990, se intensificó la identificación de aquellos bebés, con la intervención de la Justicia y de entidades de derechos humanos.
Varios militares fueron arrestados por el robo de bebés, entre ellos el general Jorge Videla, que comandó el régimen militar entre 1976 y 1983 y fue condenado a 50 años de prisión por el crimen donde murió en 2013.