Ana Enamorado recibió una llamada de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, en el occidente de México: habían encontrado el cuerpo de su hijo.
Ana es hondureña. Su hijo, Óscar Antonio López Enamorado, desapareció en ese estado el 19 de enero de 2010. Desde entonces lo busca.
Cuando recibió la llamada acudió pronto a la cita. Pero nunca esperó vivir ese momento. En la Fiscalía, le quisieron entregar una bolsa de plástico con cenizas. Dijeron que era su hijo Óscar.
"Quiero ver el cuerpo", exigió, pero el agente del Ministerio Público que la recibió dijo que no.
"No está el cuerpo, ya lo incineraron. Nadie lo reclamó", fue su respuesta.
"Entonces le dije: ¿cómo que nadie lo reclamó, si somos miles de familias que estamos reclamando a nuestros hijos, que los estamos buscando", cuenta a BBC Mundo.
La historia de Ana y su hijo es, probablemente, uno de los 1.581 casos de cuerpos no identificados que fueron incinerados en Jalisco entre 2006 y 2018, según documentó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Es un caso probable porque en la mayoría de cuerpos no se realizaron perfiles genéticos antes de ser cremados, dice Anna Karolina Chimiak, coordinadora de incidencia en la organización.
Así, difícilmente se podrá saber la identidad de esas personas, como sucede ahora con Óscar.
"Cuando pedí ver el perfil genético de mi hijo, dijeron que no se le realizó", dice Ana Enamorado.
"Me niego a aceptar esas cenizas porque no hay pruebas suficientes, nadie me puede comprobar que sea mi hijo".
La guerra entre narcos
En los últimos años, el estado vive una intensa ola de violencia por una disputa interna del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el más violento del país.
En 2018, según datos oficiales, murieron de forma violenta más de 2.000 personas.
Organizaciones civiles aseguran, además, que existen al menos 7.000 personas desaparecidas.
La violencia provocó una "crisis forense", dice Chimiak, que en septiembre de 2018 desató un escándalo cuando se informó de varios tráileres refrigerados con cientos de cadáveres sin identificar.
En ese momento, el gobierno estatal reconoció que la disputa del CJNG rebasó la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para conservar los cuerpos abandonados o que se encontraban en fosas clandestinas.
Sin embargo, para solucionar la crisis las autoridades tomaron una controvertida decisión.
En su informe "Incineraciones de cuerpos no identificados: crímenes sin justicia" el CEPAD documentó que el IJCF cremó los restos de más de 1.500 cuerpos.
El problema es que no está claro en cuántos casos se realizaron las pruebas suficientes para una eventual identificación, dice la activista.
De hecho, según los informes oficiales, sólo a 141 de los cuerpos se le realizaron perfiles genéticos antes de la incineración.
"De acuerdo con declaraciones de funcionarios, por muchos años no se practicaba la prueba de ADN", dice Karolina Chimiak a BBC Mundo.
"No fue lo más prioritario puesto que hay otras pruebas posibles para la identificación de las personas y no resultaba necesario practicar el examen genético. Sólo al 10% de los cuerpos se le solía hacer".
Ilegalidades
Además, no está claro dónde se encuentran los datos de las pruebas de identificación para los cuerpos, dice Chimiak.
"Nos dan información contradictoria, se supone que muchos de estos cuerpos contaban con alguna de las pruebas", indica.
Tampoco se conoce el tipo de información obtenida de las pruebas a los cuerpos, ni está claro qué sucedió con otros elementos como la ropa o teléfonos celulares que podrían llevar las víctimas.
El IJCF dice que resguarda una parte de las cenizas de las personas incineradas y otra se encuentra en panteones municipales.
Además la decisión de incinerar a las personas no identificadas es irregular, insiste la activista.
Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe la cremación de restos humanos vinculados con algún delito, antes de concluir las investigaciones.
También lo señala la Ley general de víctimas promulgada en 2013, así como la Ley general en materia de desaparición forzada de personas que entró en vigor en enero de este año.
Es decir, insiste Karolina Chimiak, la práctica de incinerar cuerpos no identificados se mantuvo incluso cuando legalmente se prohibió hacerlo. ¿Por qué?
"Hubo argumentos de salud, de salubridad pública", explica. "También hay elementos que tienen que ver con la dignidad, en algunas declaraciones los funcionarios decían que era más digno incinerar los cuerpos que colocarlos en fosas comunes".
"Cancelaron mi esperanza"
Mientras, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advierte que se debe sancionar a quienes cometieron las irregularidades.
"Hay que identificar a los responsables, porque la ley establece con toda claridad que no puedes incinerar a quien no haya sido plenamente identificado. Eso le corresponde al gobierno del estado".
Tras el escándalo el fiscal General de Jalisco, Octavio Solís Gómez, dice que ya se investiga el procedimiento como se ordenó la incineración de los cuerpos.
Y reconoce: es muy probable que la información y datos forenses estén incompletos.
"Partimos de la base que seguramente va a suceder eso, que va a haber expedientes que no estén completamente integrados", dice. "Lo estamos revisando con mucha puntualidad".
Más allá de las investigaciones, lo cierto es que la dispersión de los datos hace muy difícil identificar a las personas incineradas.
De ellas nada se volverá a saber, dice Ana Enamorado. "Desaparecieron todas las evidencias, la ropa donde se podía hacer algún peritaje".
"No tenían que hacer eso. Es terrible, es aterrador lo que hicieron en Jalisco. Cancelaron la esperanza de encontrar a nuestros hijos".
