La incómoda posición de Bélgica ante la presencia del ex presidente de Cataluña en su territorio
La incómoda posición de Bélgica ante la presencia del ex presidente de Cataluña en su territorio
La declaración de independencia de Cataluña no solo ha generado la mayor crisis política que ha vivido España desde el golpe de Estado fallido de 1981, sino que ahora amenaza con desestabilizar a otro país europeo: Bélgica.
Esta pequeña nación de 11 millones de habitantes sigue con una inusual atención la situación en España desde que el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, decidió salir del país para establecerse allí.
Puigdemont apareció en Bruselas de sorpresa este lunes, un día después de que la Fiscalía del Estado lo acusara a él y todo el gobierno cesado de los delitos de rebelión, secesión y malversación, que podrían castigarse con penas de hasta 30 años, por la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre.
Su presencia en Bruselas ha puesto en una posición "incómoda" al gobierno belga, le dice a BBC Mundo Jurek Kuczkiewicz, editor jefe de la sección internacional de Le Soir, uno de los principales diarios en francés del país europeo.
La descripción de Kuczkiewicz puede incluso quedarse corta, al menos si se atiende a los titulares de su propio diario:
"Crisis catalana: la N-VA en la cuerda floja, el gobierno forzado al funambulismo", titula este jueves Le Soir.
¿Por qué genera tensiones la presencia del líder catalán en Bélgica?
El N-VA (Nueva Alianza Flamenca) es un partido separatista que aboga por la independencia de Flandes, una de las tres regiones administrativas del país, junto con Valonia y Bruselas.
En Flandes vive la mitad de la población belga y se habla neerlandés, mientras que en Valonia se habla francés, lengua mayoritaria también en Bruselas, que además de ser la tercera región es la capital de la Unión Europea.
El N-VA quiere la separación de la rica Flandes, pero ahora mismo forma parte de un gobierno de coalición junto con otros tres partidos: el partido flamenco de centro-derecha CD&V, los liberales flamencos del Open VLD y, finalmente, el Movimiento Reformador, liberal y francófono.
Bélgica estuvo cinco meses sin gobierno hasta que estos partidos lograron un pacto en 2014, tan arriesgado que la coalición recibió el apodo de "coalición kamikaze".
Cuando se supo que Puigdemont y sus ex consejeros habían llegado a Bruselas, el gobierno belga desapareció del foco mediático.
"Cuando llegó, por muchas horas no pudimos hablar con nadie del gobierno, lo cual evidentemente significaba que estaban organizando una respuesta política", asegura Kuczkiewicz.
Algunos empezaron a vislumbrar la posibilidad de que Puigdemont se fuera a Bruselas incluso el sábado, cuando el ex presidente se paseaba distendidamente todavía por la localidad catalana de Girona, donde fue alcalde.
Ese día, el secretario de Estado de Asilo e Inmigración belga (y miembro de N-VA), Theo Franken, aseguró que Puigdemont podría pedir asilo en Bélgica porque es algo "100% legal".
"Esto se entendió ampliamente como una invitación informal, aunque él estaba meramente técnicamente contestando 'sí', es algo que puede pasar", asegura Kuczkiewicz.
El primer ministro, Charles Michel, francófono, salió rápidamente a desmentir que el tema del asilo estuviera en la agenda del gobierno.
También clarificó que Puigdemont no estaba en Bélgica por invitación de su gobierno.
Luego, en la rueda de prensa multitudinaria en la que Puigdemont se declaró el presidente legítimo de Cataluña y aseguró que en España no hay garantías para un juicio justo, el ex presidente también quiso dejar claro que no estaba en Bruselas para pedir asilo.
Aseguró que la razón por la que él y parte de su gobierno -cesado por el gobierno español en aplicación del artículo 155 de la Constitución española y para "restaurar la legalidad" en Cataluña-, habían acudido a Bruselas era sobre todo europea.
El objetivo, dijo, es "internacionalizar el conflicto" catalán y utilizar su presencia en Bruselas para llamar la atención de las instituciones europeas.
Es una incógnita si las declaraciones de Franken de alguna forma influyeron en la decisión de Puigdemont, pero lo que sí se sabe es que el N-VA siempre ha sido próximo a los independentistas catalanes.
"Tienen lazos de amistad y tanto el ministro de Interior, Jan Jambon, como Franken son participantes frecuentes de la Diada (el día nacional de Cataluña que, en los últimos años, se ha centrado en defender el "derecho a decidir"), le dice a BBC Pablo Rodríguez Suanzes, corresponsal del diario español El Mundo en Bruselas.
A pesar de esto, asegura Suanzes, nadie del N-VA acompañó a Puigdemont en esa rueda de prensa, donde el único político belga que estuvo presente fue alguien del partido ultranacionalista flamenco Vlaams Belang.
Al N-VA , coinciden Suanzes y Jurek Kuczkiewicz, no le conviene en absoluto tensar tanto la cuerda que acabe cayendo el gobierno belga, algo que les costaría muy caro en caso de nuevos comicios según el periodista belga.
Pero mientras el primer ministro Jean Michel maneja los equilibrios, según Le Soir "implorando" incluso a sus ministros para que no hablen de Cataluña, la situación no parece que vaya a cambiar pronto.
La fiscalía de España ha pedido a la juez que lleva el caso que emita una orden de arresto europea contra el expresidente catalán.
Esta misma juez ha decretado prisión para todos los ex consejeros que acudieron a declarar este jueves a la Audiencia Nacional.
La euroorden tiene un periodo máximo de tramitación de 60 días y la norma general suele ser que los Estados reconozcan las decisiones del otro estado que solicita la extradición.
Sin embargo, la ley belga contempla rechazarla si hay razones para creer que su ejecución puede vulnerar derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
La orden final es de un juez y no del gobierno. Lo mismo sucedería si Puigdemont solicitara asilo, en cuyo caso su futuro dependería del Comisariado General de Refugiados y Asilo, un organismo independiente.
Consciente de que la denegación de la extradición podría causar una fuerte reacción de rechazo en España, el gobierno belga insiste que "en Bélgica hay un Estado de Derecho" y está "decidido a no verse envuelto políticamente", dice Kuczkiewicz.
En España, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, declaró este jueves que "no hay tensión" con Bélgica y que "las relaciones están en el mismo nivel que siempre, con la misma cordialidad de siempre".
Sea cual sea la decisión de los jueces, sin embargo, el periodista tiene claro que generará controversia, sobre todo teniendo en cuenta que Puigdemont ha asegurado que no se dan las condiciones en España para tener un juicio justo y que las acusaciones contra él son un "juicio político".
"Si deciden extraditarlo, causará polémica con organizaciones no gubernamentales, observadores políticos, etcétera. Si deciden no hacerlo, causará polémica con España".
