Unos policías detuvieron a Azul Rojas Marín una madrugada de febrero de 2008 cuando caminaba de vuelta a su casa.
La razón del arresto de Rojas Marín, una peruana transgénero que en ese entonces era un hombre homosexual, era verificar su identidad, debido a que no llevaba documentos.
Eso fue lo que le dijeron los agentes que la llevaron a la comisaría de su ciudad, Casa Grande, en la costa norte de Perú.
Esa detención fue el inicio de una batalla legal de más de diez años del que acabaría convertido en el primer caso por discriminación a una persona LGBTI que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Este martes fue la primera audiencia de su demanda contra el Estado peruano, que según le dijo a BBC Mundo, está investigando los hechos por segunda vez, ante las demandas internacionales.
La madrugada del arresto, en la estación de policía, tres guardias la agredieron física, sexual y verbalmente, con frases homofóbicas, dice el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, una de las organizaciones que defiende a la agraviada.
"La tocaron y desnudaron a la fuerza. Mientras dos de ellos la sujetaban de los brazos y piernas, un tercero le introdujo una vara de goma en el recto en dos ocasiones, lo cual le causó lesiones sangrantes", añade Promsex.
"Durante estos actos de tortura sexual se le exigía reiteradamente que indicara el paradero de su hermano, quien era sospechoso de haber cometido un crimen", asegura la ONG.
Después de unas horas, la liberaron.
El caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ese mismo día, Rojas Marín fue a denunciar el incidente a la misma comisaría de Casa Grande, pero no la atendieron.
Entonces, la joven acudió a los medios de comunicación y la Fiscalía, detalla Promsex.
Rojas Marín denunció a los tres policías por violación, abuso de autoridad y tortura. Pero la Fiscalía desestimó al cargo por tortura y, en enero de 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.
Luego de agotar las vías nacionales, tres organizaciones ayudaron a Rojas Marín a llevar su caso a instancias internacionales: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust, que busca reparaciones para sobrevivientes de tortura.
Estas tres entidades presentaron el proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que Rojas Marín había sido víctima de una "detención ilegal y arbitraria [...], y tortura sexual [...] motivadas por su orientación sexual no heterosexual", explica Promsex.
Las organizaciones argumentaron también que las autoridades habían violado los derechos de Rojas Marín a la integridad y a la libertad personal, al respeto a la honra y a la dignidad, a la igualdad ante la ley, y al debido proceso y a la protección judicial.
Ensañamiento y tortura
La CIDH determinó en agosto de 2018 que en el caso de Rojas Marín no se habían cumplido los requisitos de la detención con fines de identificación, que es legal en algunas circunstancias.
Gabriela Oporto, abogada de Rojas Marín, dijo a BBC Mundo que "el Estado falló en demostrar que la restricción de la libertad de Azul haya sido necesaria porque nunca se le dio la facilidad de acudir a su casa a encontrar su documento de identidad".
"Los agentes estaban en la obligación de darle a Azul las facilidades para que encuentre su documento. Sin embargo no lo hicieron", añadió.
En un informe de agosto de 2018, la CIDH señaló que "encontró elementos suficientes para considerar que [...] existió un especial ensañamiento con la percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay".
"Lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y que se encuentran presentes los elementos constitutivos de la tortura", concluyó también la CIDH.
Además, la CIDH determinó que a lo largo de la investigación en instancias peruanas, "la víctima fue descalificada y su credibilidad puesta en duda de manera revictimizante".
La CIDH consideró también que "el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT".
La CIDH recomendó al Estado reparar a Rojas Marín y a su madre, Juana Rosa Tanta Marín, así como investigar los hechos, imponer las sanciones correspondientes, ofrecer tratamiento médico y psicológico gratuito a las víctimas, y evitar que estos casos se repitan.
La madre de la demandante está incluida en el pedido de reparación debido a que según pericias psicológicas, "le causó mucho estrés y daño emocional el hecho de que Azul estuviera luchando tantos años para encontrar justicia", explicó Oporto.
"La Corte reconoce que los familiares de las víctimas también pueden ser consideradas dentro de las reparaciones por cómo se ven afectadas a causa de lo que les ocurre a sus familiares", añadió.
Si bien la CIDH reconoce que "el Estado peruano adoptó medidas para evitar que casos como este se repitan y para que se reabra la investigación penal [...]", señala que no ha cumplido con reparar a la víctima.
A la luz de estas conclusiones, la Comisión elevó el caso a la Corte IDH en agosto de 2018.
La Procuraduría Pública Especializada Supranacional de Perú, encargada de representar al país frente a la Corte IDH, envió un comunicado a BBC Mundo en el que asegura que el Estado peruano inició "una nueva investigación ante el Ministerio Público por el delito contra la Humanidad, en la Modalidad de Tortura".
"El Estado peruano rechaza y condena todo tipo de discriminación en contra de las personas LGTBI+, y se compromete con la lucha contra la impunidad", añade el mensaje de la Procuraduría.
