La pelea de la fiscal general Luisa Ortega contra el resto de poderes del Estado en Venezuela sigue escalando.
Porcas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimara el recurso que Ortega presentó la pasada semana contra la Asamblea Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna, la fiscal contraatacó.
"Por la salud del país, (los magistrados) deberían ser desincorporados de forma inmediata", dijo en Unión Radio la fiscal tras presentar una demanda de nulidad ante el alto tribunal contra el nombramiento de 13 jueces titulares y 20 suplentes que fueron elegidos a finales de 2015 por la Asamblea Nacional antes de que se formara un nuevo parlamento tras el triunfo de la oposición en las legislativas de diciembre de ese año.
Ortega asegura que es ahora cuando ha tenido el acceso a las pruebas para hacer la impugnación.
Esas elecciones dieron el control del poder legislativo a la oposición, pero antes de cederlo, el oficialismo renovó gran parte del TSJ una vez acabado ya el año legislativo.
La oposición denunció entonces el nombramiento de magistrados afines al gobierno. Desde entonces, el máximo tribunal ha frenado con sus sentencias cualquier intento de legislar por parte de la Asamblea, a la que considera en desacato.
De esta manera, Ortega, chavista pero muy crítica en los últimos tiempos con los otros poderes del Estado controlados por el oficialismo, se alinea de nuevo con las opiniones de la oposición, que desde hace más de dos meses promueve una ola de protestas contra el gobierno.
Lo acusan de ser el culpable de la crisis económica que sufre el país y de una deriva autoritaria. En hechos vinculados con las protestas han muerto ya casi 70 personas.
"Obstáculo para la paz"
"La institucionalidad del país se ha perdido (...) Es mi obligación sostener la institucionalidad del país y apelar a las atribuciones que me corresponden", dijo este lunes, y agregó que "el TSJ ha sido un obstáculo para la paz del país".
La fiscal ha sido acusada de "traidora" por parte de miembros del partido gobernante y del propio Ejecutivo.
Hace dos meses denunció una "ruptura del orden constitucional" tras dos sentencias del TSJ que le quitaban las competencias a la Asamblea Nacional, lo que significó el germen del actual periodo de protestas.
La pasada semana presentó un recurso de nulidad de la Asamblea Constituyente ante la sala electoral del TSJ, que este lunes, en tiempo récord, lo desestimó.
El alto tribunal está incluso investigando el uso presuntamente ilegítimo de una avioneta privada por parte de la fiscal.
Ortega defiende con vehemencia la vigencia de la Constitución de 1999 que ahora quiere reformar el gobierno de Maduro.
El 30 de julio está previsto que se elijan a los más de 540 miembros de la Constituyente, que tendrá el poder incluso para destituir a cargos públicos como el de la fiscal, según han recordado altos dirigentes del oficialismo.
"Le gusta el terrorismo"
El diputado Pedro Carreño cuestionó incluso la salud mental de Ortega y afirmó que "le gusta el terrorismo". Varios ministros la han culpado de no investigar hechos de violencia en las protestas y la acusan de fomentar la "impunidad".
Ante esos ataques, Ortega dijo este lunes que las amenazas de momento han sido sólo por televisión, pero denunció seguimiento y acoso a ella y su familia.
"Yo quisiera hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas", dijo la titular del Ministerio Público.
"Hago responsable de cualquier daño, lesión, agresión que pueda sufrir toda mi familia al Ejecutivo nacional", afirmó.
"Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia", agregó en un nuevo episodio de la batalla de poderes en Venezuela.
