Juicio a "El Chapo": el dramático pedido de la fiscalía al jurado para que sea declarado culpable
Juicio a "El Chapo": el dramático pedido de la fiscalía al jurado para que sea declarado culpable
Tan resuelta está la fiscalía de Estados Unidos a lograr que Joaquín "El Chapo" Guzmán sea condenado por narcotráfico, que este miércoles exhibió dos fusiles AK-47 y varios ladrillos de aparente cocaína durante sus alegatos finales ante el jurado.
Se trató de un golpe de efecto, para acompañar lo que la fiscal Andrea Goldbarg calificó como una "avalancha de evidencia" presentada contra Guzmán en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, durante 10 semanas de juicio.
Goldbarg repasó testimonios, grabaciones y otras pruebas volcadas para sustentar los 10 cargos que enfrenta "El Chapo", quien se declara inocente y podría recibir cadena perpetua si es hallado culpable.
Este jueves llega el turno de los alegatos finales de la defensa, que rechaza que Guzmán sea líder del cartel de Sinaloa como argumenta el gobierno, y es posible que el jurado comience a deliberar a partir del mismo día o el viernes.
Tras recordar los dos escapes carcelarios del Chapo en México y las veces que se escabulló de operativos para capturarlo, Goldbarg aseguró que el acusado "siempre tuvo un plan" para evitar la prisión.
"Quería evitar sentarse justo ahí, delante de ustedes", dijo la fiscal a los miembros del jurado, que deben dar su veredicto por unanimidad, y a pocos metros del propio Guzmán.
"No dejen que escape a su responsabilidad. Hagan que rinda cuentas por sus crímenes. Encuéntrenlo culpable de todos los cargos", pidió Goldbarg.
56 testigos
El del Chapo era considerado desde su inicio el mayor juicio por drogas en la historia de EE.UU., y el gobierno no parece haber escatimado recursos para llevarlo adelante.
La fiscalía presentó 56 testigos, 14 de ellos cooperantes: exnarcos o colaboradores próximos de Guzmán que testificaron en su contra en procura de reducir sus propias sentencias.
El último de ellos fue Isaías Valdez Ríos, alias "Memín", que trabajó como sicario del Chapo en las sierras de Sinaloa y testificó sobre tres asesinatos cometidos por su expatrón.
Según "Memín", los tres hombres fueron torturados antes de ser ejecutados a quemarropa por Guzmán: uno fue enterrado estando aún vivo y los otros dos cadáveres ordenó que los quemaran, para que "no queden ni los huesos".
Goldbarg evocó esa escena de dos hombres reducidos a cenizas en una hoguera al iniciar sus alegatos finales y señaló que Guzmán los mató con sus manos porque "trabajaban para un cartel rival y no para él".
La fiscal repasó más adelante otros testimonios que hubo en el juicio sobre homicidios ordenados por "El Chapo" a enemigos o a personas que sospechaba que podían ser informantes de las autoridades.
"Un jefe"
Pero la conspiración para asesinato es apenas una de las 27 violaciones legales descritas dentro del primer cargo que enfrenta Guzmán.
Ese primer cargo es el más importante de la acusación: señala que "El Chapo" integró y lideró una organización criminal (el cartel de Sinaloa) entre 1989 y 2014 junto a Ismael "El Mayo" Zambada.
La defensa ha argumentado desde el comienzo del juicio que Zambada -que nunca ha sido detenido- es el verdadero líder del cartel y conspiró contra "El Chapo" junto a gobernantes corruptos de México.
Goldbarg respondió directamente a ese argumento señalando que diversos testigos cooperantes que trabajaron a las órdenes de Guzmán "probaron que era un jefe".
"¿Quién viaja en autos blindados?", preguntó la fiscal y prosiguió: "¿Quién tiene una red de túneles para escapar? ¿Quién viaja en sus jets y helicópteros? ¿Quién tiene un ejército de hombres a su mando? ¿Quién tiene una pistola con diamantes incrustados?".
"La respuesta es de sentido común: un jefe del cartel de Sinaloa", continuó.
La fiscalía también volvió a pasar en la corte audios de llamadas telefónicas interceptadas a Guzmán con la ayuda de Christian Rodríguez, un técnico colombiano que instaló el sistema de comunicaciones encriptadas del narco y luego las entregó al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés).
Son pruebas difíciles de refutar: en un audio se escucha al Chapo negociar seis toneladas de cocaína con la hoy desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC, en otro decir a uno de sus hombres que eviten "fusilar" a vendedores de cocaína en México, y en otro hablar de sobornos a un miembro de la procuraduría.
"Su trabajo"
La fiscalía también atribuyó a Guzmán haber exportado varias decenas de toneladas de cocaína a EE.UU. por distintos medios: camiones, trenes, barcos y hasta submarinos.
Para ello se basó en testimonios de otros exmiembros del cartel de Sinaloa y de colombianos que fueron proveedores de drogas del Chapo, como Jorge Cifuentes o Juan Carlos Ramírez, alias "Chupeta".
Goldbarg indicó que solo "Chupeta" envió a Guzmán 55 toneladas de cocaína entre 2003 y 2005, citando lo que dijo el propio colombiano y los libros de contabilidad que llevaba, que fueron presentados como prueba.
Según la fiscal, esos fueron años de apogeo del cartel de Sinaloa, que luego entró en guerras con familias rivales como los Carrillo Fuentes o los Beltrán Leyva.
A eso se sumaron incautaciones de toneladas de drogas en Sudamérica o EE.UU., que llevaron a Guzmán a cambiar sus métodos de transporte y reducir las cantidades movidas en cada envío.
Pero una de las preguntas que tendrá el jurado en la hoja de veredicto para determinar la culpabilidad o inocencia del Chapo en el primer cargo es si el gobierno probó más allá de una duda razonable que movió al menos 150 kilos de cocaína.
La fiscalía afirma que sí.
Otra pregunta es si su organización criminal recibió US$10 millones o más en ingresos brutos durante al menos un período de 12 meses debido al tráfico de cocaína.
Goldbarg también dijo que esto fue probado con creces. Por ejemplo, citó testimonios sobre el envío de latas de chiles con cocaína a EE.UU. por un valor de US$400 millones o US$500 millones al año entre 1990 y 1993.
Los demás cargos se relacionan con esas violaciones del primero e incluyen distribución e importación de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, así como uso de armas de fuego y lavado de dinero.
"En el transcurso de las 10 semanas el gobierno ha probado los 10 cargos más allá de una duda razonable", señaló la fiscal a los miembros del jurado, antes de decirles: "Su trabajo aún no está hecho".
