Jamaica, famosa por sus atletas olímpicos y sus paradisíacas playas ubicadas en el corazón del mar Caribe, este mes fue noticia por otros motivos: los homicidios.
El pasado 7 de diciembre, el primer ministro Andrew Holmes tomó la decisión de ampliar el estado de emergencia que había decretado el pasado octubre debido al aumento de homicidios que se han presentado en la isla durante 2022.
De acuerdo a las cifras, en lo que va del año se han reportado 1.374 asesinatos, lo que ubica a Jamaica entre los países con mayores tasas de homicidios en el mundo.
Cuatro personas son asesinadas en Jamaica diariamente, de acuerdo a lo que reportó el propio gobierno, en un país de apenas 2,9 millones de habitantes.
Y el portal Insight Crime señala que en 2021 Jamaica tuvo la tasa más alta de homicidios en el mundo.
De hecho, Kingston, la capital, ha sido en ocasiones catalogada como "la capital mundial del crimen".
Muchos analistas señalan que, aunque los principales autores de los crímenes son las llamadas posse o pandillas, se trata de un problema que tiene raíces profundas incluso desde la formación del país.
"Jamaica tiene estos problemas de violencia por múltiples razones que se combinan con conflictos históricos sin resolver que desembocaron en lo que estamos viviendo", le dice a BBC Mundo el analista político experto en temas del Caribe Jermaine Young.
Y tanto Young como otros analistas coinciden en que las medidas que han tomado los gobiernos locales, especialmente las declaraciones de estado de emergencia, no ayudan a solucionar los problemas.
Pero, ¿qué es lo que ocurre en Jamaica y por qué causa tanto revuelo las medidas de control que toma el gobierno?
¿Cómo se originaron las posses?
Para Young y otros analistas, el problema de violencia que se vive actualmente tiene orígenes que van hasta la independencia del país de Reino Unido, que tuvo lugar en 1962.
"Históricamente, la división política ha contribuido a esta violencia, especialmente con el período de la Guerra Fría y las crecientes batallas ideológicas entre el Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés), de centro derecha, y el Partido Nacional del Pueblo (PNP), de centro izquierda, en las décadas de 1970 y 1980", señala Young.
Esa profunda división política fue el origen de las pandillas o, como se las conoce en el país, posses, que operan principalmente en Kingston.
Incluso tienen satélites en ciudades como Londres, Toronto o Nueva York.
Las posses controlan amplias partes de la capital y su territorialidad tiene que ver con el partido con el que están relacionadas.
En varios informes recientes de Naciones Unidas y medios locales se señala que las pandillas relacionadas con el PNP controlan territorios en el oeste y el sur de la capital, mientras que las que tienen su relación con el JLP controlan el este.
"Las pandillas operan en algunas comunidades (especialmente aquellas que se consideran guarniciones políticas; un partido controla los votos y el botín) con toda impunidad", señala Young.
Sin embargo, agrega, esas pandillas solían vivir de contratos políticos a cambio de mantener la paz en las zonas que estaban bajo su control, pero en los últimos años eso ha cambiado.
"Se han vuelto más independientes con las llegada de las armas, las drogas y otros negocios ilegales", afirma.
Y eso ha dado paso a una batalla por los territorios.
Drogas y armas desde EE.UU.
Durante la década de los 80, ya con el establecimiento de las pandillas en Kingston, se registraron en Jamaica dos fenómenos que alteraron la seguridad interna.
El primero fue el tráfico de drogas ilegales desde Sudamérica hacia EE.UU. -además de la producción interna de marihuana- y el otro fue la llegada de armamento.
Muchas armas que se vendían libremente en el país norteamericano terminaron en la isla.
En materia de drogas, el departamento de Estado ha señalado en sus informes que Jamaica es el principal proveedor de marihuana ilegal en Estados Unidos.
Aunque el uso recreativo de cannabis ya ha sido legalizado en cerca de 14 estados de ese país, lo cierto es que durante muchos años su consumo generalizado fue ilegal, por lo que su comercio ayudó a fortalecer a las pandillas jamaiquinas.
A eso se sumó que, con el auge del narcotráfico desde Sudamérica hacia EE.UU. en la década de los 80, Jamaica se convirtió en uno de los principales puertos en el Caribe en la ruta de la cocaína.
Una investigación de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) señala que, aunque durante décadas Jamaica había sido un punto importante de tránsito, en 2014 la mayoría de la droga que pasaba por el Caribe hacia EE.UU o incluso Europa pasaba por el puerto de Kingston.
"Jamaica es un punto de tránsito para la cocaína que sale de Centroamérica con destino a Estados Unidos y algunas organizaciones de tráfico de drogas intercambian la marihuana de Jamaica por cocaína", se puede leer en el informe.
Una situación que se ha mantenido en los últimos años, lo que ha ayudado también a la financiación de las posses y su estrategia basada en la violencia para el control territorial.
¿Qué se necesita para dar esa guerra por el control? Armas.
Y a las pandillas no les ha quedado difícil conseguirlas, especialmente por el acceso que existe en EE.UU.
Una investigación del diario estadounidense The New York Times demostró en 2019 que miles de armas que se vendían de forma libre y sin regulación en EE.UU. terminaban, gracias a esa falta de control, en las calles de Kingston involucradas en decenas de asesinatos.
"Muchas personas en EE.UU. ven el control de armas como un asunto puramente doméstico. Pero los vecinos, como Jamaica, cuyos ciudadanos están siendo asesinados por armas estadounidense, tienen una perspectiva muy diferente", explicó a ese diario Anthony Clayton, autor de varios reportes oficiales de EE.UU. sobre Jamaica.
Estado de emergencia bajo la lupa
Esta combinación de factores ha llevado a que en los últimos años Jamaica lidere los principales rankings de violencia en el mundo.
De acuerdo al informe de Freedom House sobre Jamaica la tasa de homicidios ha sido la más alta de la región en 2021, mientras que los datos de la oficina para el crimen y las drogas de Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), cuyo último informe global fue en 2017, ubican al país en el cuarto lugar en el mundo.
Los gobiernos locales no han sido ajenos a esta situación y han intentado a través de los años controlar los brotes de violencia con medidas como los estados de emergencia.
El último de ellos fue declarado hace dos semanas por el primer ministro Andrew Holness.
"Tenemos algunas amenazas criminales realmente serias frente a nosotros y tenemos que usar todos los poderes a nuestra disposición", anotó el primer ministro.
Estos estados de emergencia permiten al gobierno jamaiquino tener más poderes para llevar adelante la lucha contra las pandillas.
Para muchos dentro de la isla, estas medidas -que se extienden incluso a zonas turísticas como Montego Bay- sirven para mejorar la situación de seguridad.
"Desde que se decretó el estado de emergencia, los asesinatos se han reducido en un 64%. Es una medida que funciona", le explicó a la agencia AP Anthony Johnson, comandante de la policía de Jamaica.
Sin embargo, otros no ven viable que los gobiernos jamaiquinos dependan solamente de estos decretos para solucionar lo que es un problema mucho más profundo.
"El problema es que ese estado de emergencia, que parece ser el único recurso de los gobiernos, además de no resolver de fondo la criminalidad, restringe profundamente los derechos constitucionales de los jamaiquinos", señala el analista Young.
Grupos defensores de derechos humanos han denunciado, por años, detenciones arbitrarias y excesos en el uso de la fuerza contra decenas de personas por parte de la policía local mientras duran estos estados de emergencia.
De hecho, la Corte Suprema de Jamaica el pasado junio sentenció que era inconstitucional detener a jamaiquinos durante meses sin juicio, aunque estuviera de por medio la situación de emergencia.
"Y lo de la reducción de casos tampoco es tan cierto como lo señalan. Hay amplios sectores en Jamaica donde esta medida lleva más de dos años y los índices siguen peor. Es una medida que no ataca la raíz del asunto", opina Young.
"Muchos consideran que no se lograrán avances sin antes reducir la corrupción y, sobre todo, eliminar los vínculos que existen en los partidos políticos y las pandillas, para poder trabajar luego en reducir los índices de violencia", concluye el analista.
