¿Qué va a pasar en Honduras, Guatemala y El Salvador después que se cancele la ayuda que reciben de Estados Unidos? Es la pregunta que muchos se formulan en la región.
El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio.
El recorte de la ayuda pone en riesgo principalmente programas que pretenden evitar la salida masiva de personas hacia el norte.
Hasta ahora el gobierno estadounidense no ha ofrecido detalles de qué programas se quedarán sin recursos.
Pero según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), entre los más afectados se encuentran los que combaten pobreza extrema, violencia e impunidad, justo algunas de los problemas que cada año obligan a miles de personas de la región a abandonar sus países.
Los fondos que podrían cancelarse se utilizan, por ejemplo, para combatir la extorsión en Guatemala, el reclutamiento de jóvenes por pandillas de Maras en El Salvador o para reducir la tasa de homicidios en Honduras.
La orden de Trump implica suspender fondos por al menos US$450 millones, según datos del Departamento de Estado, aunque la cantidad puede ser mayor.
Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de WOLA, recuerda que el Congreso estadounidense autorizó en febrero pasado US$180 millones para Centroamérica.
No está claro si este dinero también forma parte del decreto de suspensión del mandatario. Pero las consecuencias de su propuesta pueden ser graves.
"Gran parte de lo que ha dado Estados Unidos a la región ha sido para apoyar esfuerzos que buscan atender los factores que causan la migración irregular", dice Beltrán a BBC Mundo.
"Esa decisión, lejos de ayudar a estabilizar la situación en la región, lo único que va a hacer es empeorar las condiciones en los países de Centroamérica".
La orden de Trump puede resultar contraproducente para Estados Unidos, insiste la especialista. "Puede provocar más migración a la larga. Es lo que va a hacer".
"EE.UU. no nos ayuda"
En todo caso el monto del recorte representa una cantidad menor al dinero que Centroamérica recibe cada año en remesas, especialmente desde Estados Unidos.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2018 el monto de estos recursos fue de US$22.500 millones.
En el Triángulo Norte las remesas son fundamentales para las economías locales, reconoce la CEPAL.
Para algunos países como Honduras el dinero del gobierno de Estados Unidos no es relevante, dice el presidente Juan Orlando Hernández.
Según datos de la Secretaría de Finanzas hondureña, en 2018 se recibieron US$90 millones a través de distintos programas y agencias estadounidenses. En ese período el monto de las remesas fue de US$4.900, de acuerdo con la CEPAL.
El presidente Hernández asegura que el gobierno de Trump no ha dado ninguna ayuda a su país.
"Con el plan Alianza para la Prosperidad dijimos que Honduras iba a poner cuatro dólares, mientras que Estados Unidos pondría uno. Esos dineros en algunas ocasiones se han atrasado y en otras ni ha llegado".
Analistas y miembros del Congreso estadounidense creen que el anuncio de Trump es parte de una estrategia política.
Pero otros como el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein advierten que la orden del magnate puede desatar conflictos legales.
"Claramente contradice compromisos de política exterior bipartidaria de Estados Unidos con nosotros", dice a BBC Mundo.
Guatemala: dinero contra la corrupción
La mayor parte de la ayuda al Triángulo Norte se envía a través de la Estrategia para Centroamérica, que opera la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
No está claro si los proyectos y organizaciones que respaldan podrán seguir en operación tras el anuncio de la suspensión de la cooperación estadounidense.
En los tres países del Triángulo Norte hay varios ejemplos, como en Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de ayuda.
Los datos más recientes de WOLA, de 2017, señalan que obtuvo más de US$78.6 que se destinaron especialmente a estrategias contra la violencia y la corrupción.
El dinero se utilizó, por ejemplo, en una estrategia para proteger a víctimas de trata de personas, implementada por la organización civil El Refugio de la Niñez.
El objetivo es apoyar especialmente a niños víctimas de esclavitud, a través de atención médica y psicosocial, así como respaldo legal en los procesos judiciales que enfrentan.
En esa estrategia el financiamiento programado entre 2018 y 2021 es de US$2,2 millones.
Otro proyecto es Alimenta el Futuro de Guatemala, destinado a mejorar la nutrición de comunidades rurales y aumentar el ingreso de los campesinos.
En este caso la inversión programada de 2017 a 2022 es de US$36 millones.
Uno más es el Proyecto de Justicia para Juventud y Género, que entre 2016 y 2021 debía recibir US$37,4 millones. El programa apoya a víctimas de la violencia, especialmente mujeres, y jóvenes.
Honduras: violencia, la prioridad
El apoyo estadounidense a Honduras se concentra en prevenir la violencia y reparar fallas en su sistema de justicia.
Algunos de los programas van en ese sentido, como uno para la prevención secundaria de la violencia.
El objetivo es detectar jóvenes con riesgo de sufrir violencia o ser reclutados a la fuerza por las pandillas. El financiamiento previsto es de US$24,6 millones entre 2016 y 2020.
La estrategia opera sobre todo en algunas de las regiones más violentas del país, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba.
También hay respaldo para la Alianza para el Corredor Seco que pretende reducir la pobreza y desnutrición en el oeste de Honduras, donde existen las comunidades con mayores índices de marginación.
Para ese proyecto el respaldo programado es de US$60,6 millones entre 2014 y 2020.
Una estrategia adicional es prevenir la violencia en las escuelas a través del programa Asegurando la Educación, que tiene un presupuesto de US$20,8 millones para utilizarse entre 2017 y 2022.
El Salvador: las Maras, el mayor problema
En el caso de El Salvador la mayor parte del apoyo estadounidense se enfoca en prevenir la violencia, combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia, entre otros temas.
Por ejemplo, el proyecto Puentes para el Empleo debía recibir una financiación de US$42,2 millones entre 2015 y 2020.
Este apoya a organizaciones civiles, empresarios y maestros para aumentar el número de empleos a jóvenes de municipios con alta criminalidad.
También se apoya al programa de Educación y Convivencia para Escuelas y Comunidades Libres de Violencia, que cuenta con una inversión de US$10 millones entre 2018 y 2023.
Con este proyecto se ofrecen servicios psicosociales a jóvenes, padres y maestros en escuelas ubicadas en comunidades de alto riesgo.
También existe el programa de Prevención del Crimen y la Violencia que respalda al gobierno de El Salvador en una estrategia para fortalecer comunidades y prevenir, de esa manera, la delincuencia.
El financiamiento para el proyecto es de US$39,8 millones para el periodo 2013-2019.
