Feminicidio en Puerto Rico: el primer país de América Latina en declarar un estado de emergencia
Feminicidio en Puerto Rico: el primer país de América Latina en declarar un estado de emergencia
Cuando Angie Noemi González apareció estrangulada la semana pasada en un barranco de Puerto Rico, la isla se estremeció otra vez ante un hecho que se ha vuelto cada más recurrente: los feminicidios y la violencia de género.
El asesinato a manos de su pareja de la joven (una enfermera de 29 años) es la primera muerte por motivos de género en 2021 y fue para muchas organizaciones civiles la gota que desbordó la copa.
Y es que desde hace años, decenas de grupos feministas, personalidades de la política y de la música han pedido que la isla tome medidas ante un fenómeno que ya la ubicó en el pasado como el lugar del mundo con mayor número de mujeres asesinadas por sus parejas, según un informe del American Civil Liberties Union.
De acuerdo con el Observatorio de Equidad de Género de la isla, solo en 2020, unas 60 mujeres fueron asesinadas en la isla de poco más de 3 millones de habitantes, aunque las autoridades solo reconocieron oficialmente ocho casos como feminicidios.
La carencia de estadísticas certeras y el apoyo popular que generaron las campañas contra la violencia de género volvieron el problema incluso tema de la campaña electoral en noviembre de 2020.
Y el domingo pasado, finalmente, seis días después del hallazgo del cadáver de González, el gobierno decidió decretar un "estado de emergencia" por feminicidio en la isla, en un paso considerado sin precedentes en América Latina y el Caribe.
"Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia", anunció el gobernador Pedro Pierluisi.
La orden, que se acompaña de un plan de acción que incluye desde aspectos sociales hasta educativos, recibió un notable respaldo de grupos feministas, que habían batallado desde hace años por la declaración.
Para la activista Amárilis Pagán, del colectivo Proyecto Matria, la orden tiene dos particularidades que son importantes.
"Primero, que la violencia hacia las mujeres tiene sus causas particulares e identifica como una de las causas la identidad de género, por tanto necesita una respuesta que sean adecuadas. Y lo otro es que se está asumiendo una política pública de responsabilidad del estado ante la violencia doméstica", señala.
Algunas organizaciones sociales, no obstante, mostraron cierto escepticismo ante la posibilidad de que la directiva se quede en el papel y que no se tomen a la larga acciones más complejas a nivel social para combatir la violencia de género.
1. ¿En qué consiste la orden?
El estado de emergencia decretado permite el gobierno de la isla tomar acciones urgentes y destinar fondos para hacer frente a situaciones consideradas límite.
De acuerdo con un comunicado oficial, la orden busca "establecer, impulsar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de atención a las víctimas".
La directiva incluye, además,:
- la designación de un "oficial de cumplimiento", que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la orden.
- crea un comité llamado de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género formado por una veintena de miembros, incluidos organizaciones feministas.
- dispone la creación de una aplicación de teléfono que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia
- pide a agencias del gobierno identificar los recursos internos, fondos estatales y federales disponibles para cumplir con las disposiciones y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia.
"Vistos a grandes rasgos, la decisión, como un primer paso, es un gran logro para la sociedad civil", considera Pagán.
"Se está creando un mecanismo que tendrá funciones de supervisión, análisis y de propuesta de políticas públicas y acciones posteriores que pueden ser un paso muy importante para comenzar", señala.
2. ¿A qué se debe la medida?
La isla ha experimentado en las últimas décadas un alarmante aumento en hechos de violencia de género y feminicidios, que se acentuaron tras el paso del huracán María en 2017 y, más recientemente, por la crisis por el coronavirus.
"Ya en 2018, grupos de la sociedad civil comenzaron a solicitar el estado de emergencia al gobierno porque el número de feminicidios había aumentado drásticamente con respecto a años anteriores", señala Pagán.
Y agrega que uno de los elementos que puso de manifiesto la situación en el país fue que activistas comenzaron a investigar y llevar cuentas de los casos de mujeres desaparecidas.
"Muy pronto se hizo evidente no solo que los casos de feminicidio no estaban debidamente reportados, sino que las cifras son diferentes en dependencia de cada agencia del gobierno", señala.
Un informe publicado en 2019 por Proyecto Matria y otro grupo feminista rastró decenas de casos de feminicidio que no habían sido considerados como tal por las autoridades y llegaron al estimado de que en promedio, una mujer es asesinada cada semana en la isla.
"En algunos años, se reportaron hasta 26% menos de los feminicidios ocurridos. Por eso, las investigaciones que hemos realizado muestran que la tasa de feminicidios en Puerto Rico es cercana a la de países como República Dominicana y Perú", señala.
La situación, de acuerdo con la activista, se hizo más crítica el año pasado durante la pandemia de coronavirus, como pasó también en otros países de América Latina.
Según la División de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto Rico, más de 5.500 mujeres reportaron haber sido víctima de violencia doméstica durante 2020, aunque los grupos feministas creen que la cifra es mucho mayor.
3. ¿Cómo se llegó a la orden?
Pagán explica que, tras los numerosos feminicidios ocurridos el año pasado, se hizo evidente ante la opinión pública la necesidad de tomar medidas urgentes.
Solo en cuatro semanas entre septiembre y octubre, organizaciones civiles notificaron el asesinato de 17 mujeres.
La entonces gobernadora, Wanda Vázquez, decretó en ese momento, poco antes de terminar su cargo, un "estado de alerta", pero los grupos civiles lo consideraron insuficiente.
El tema de la lucha contra la violencia de género continuó ganando adeptos en la población y fue entonces cuando Pierluisi prometió declarar la emergencia en caso de ganar los comicios.
"Logró construirse también un consenso social en el que otros sectores económicos y sociales también se unieron al llamado de que se decretara el estado de emergencia", indica la activista.
Como antes pasó con el movimiento social que llevó a la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, reconocidos artistas y músicos puertorriqueños se unieron a la campaña para solicitar al gobierno declarar una emergencia para contener los feminicidios.
"El Gobierno de Puerto Rico tiene que poner oído en tierra y declarar un estado de emergencia ya para levantar una consciencia y acción urgente frente a esta tragedia social", escribió en su Twitter Ricky Martin.
Otros, como el reguetonero Bad Bunny utilizaron también otras plataformas (desde videos musicales hasta entrevistas o entregas de premios) para alzar su voz contra la violencia de género.
4. ¿Cuáles son los puntos débiles de la directiva?
Pese a que grupos feministas y voces de la sociedad civil celebraron la decisión, también ponen en duda que el gobierno sea capaz de ponerla en práctica en una isla que todavía se recupera de los efectos del huracán María.
"Me preocupa que la implementación depende en parte en que la Junta de Control Fiscal autorice cambios en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, porque esas decisiones no son únicas del gobernador y la legislatura, sino de ese grupo que toma decisiones sobre presupuesto", señala Pagán.
Las finanzas de Puerto Rico, un estado libre asociado de EE.UU., son controladas por una entidad que responde al legislativo estadounidense y que ha impuesto en los últimos años severas medidas de austeridad que han impactado en varios sectores productivos de la isla.
Las organizaciones civiles también buscan que el plan de acción se traduzca en decisiones con mayor impacto social y político, como que se refuerce la educación sobre temas de género en las escuelas.
